Delitos contra la hacienda pública, de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos, falsedad en documentos públicos y omisión en la persecución de delitos. La querella criminal contra Jordi Pujol y compañía lo tiene (casi) todo. Hoy ha sido presentada en Barcelona por representantes de Guanyem, Ada Colau y Jaume Asens, y el exfiscal jefe anticorrupción y candidato de Podemos en las pasadas elecciones europeas, Carlos Jiménez Villarejo. Como novedad, el semanario La Directa publicaba minutos antes de la presentación que esta acusación popular se extenderá desde la familia Pujol a Jordi Puig, hermano de Felip Puig, actual conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, y amigo y socio de Jordi Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresident de la Generalitat. Asimismo, la querella se amplía al cofundador de Convergència Democràtica de Catalunya, Carles Sumarroca Coixet, y sus hijos Carles y Jordi, propietarios de las empresas Emte y Teyco.

La denuncia, impulsada por Guanyem y Podemos y apoyada por otros grupos como ICV, Partido X y movimientos como el Observatori Desc o la FAVB, se ha presentado a primera hora en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid. "El Caso Pujol es una muestra de una corrupción estructural en el que han sido cómplices CiU, PSOE y PP", ha declarado Ada Colau, portavoz de Guanyem, durante la rueda de prensa de presentación de la querella, quien ha añadido que este caso "es una forma de hacer política contra la que la ciudadanía se está rebelando". Para Carlos Jiménez Villarejo, que ha acudido a la presentación en nombre de Podemos, la querella ya es una victoria histórica, una experiencia "radicalmente nueva" por el acuerdo político logrado para el saneamiento frente al "imperio de la arbitrariedad y la corrupción".

En declaraciones a Diagonal, el abogado Jaume Asens ha explicado que con la querella se pretende arrojar luz para saber la verdad, y que es "una impugnación al modus operandi de una clase política y de todo el régimen". Asens se muestra convencido de que el caso afecta a los aliados políticos y económicos de Pujol en Catalunya y el resto del Estado y recuerda cómo el expresident "fue una pieza clave para el mantenimiento del régimen". Para este abogado, que también participa del movimiento Guanyem Barcelona, la querella se enmarca en un impulso democratizador con el que se pretende romper el vínculo entre el poder político y el poder del dinero y reivindica la vigilancia desde los contrapoderes cuando fallan los mecanismos de control. "No hay precedentes de que un delincuente haya gobernado un país, en este caso Catalunya, haya gobernado un país durante 24 años", ha denunciado Jiménez Villarejo, quien solicita la ayuda de los paraísos fiscales para llevar a término la investigación. Jiménez Villarejo ha explicado que no usa el término "presunto delincuente" ya que el propio Pujol ha reconocido la comisión de un delito de evasión fiscal sostenida en el tiempo.

La familia del 3%

El pasado 25 de julio, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, confesaba en un comunicado enviado a varios medios la existencia de un "dinero ubicado en el extranjero", cantidad que se reprodujo en varias cuentas a nombre de su familia y que en ningún caso es inferior a cuatro millones de euros. Una carta que, más que una confesión, forma parte de una estrategia puesta en marcha por el equipo legal de Pujol de cara al comienzo del proceso, según ha señalado la acusación popular. Sin embargo, las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, divulgada por distintos medios de comunicación, estiman la fortuna de los Pujol en Andorra en más de 500 millones de euros, fruto de las "mordidas" sobre los distintos contratos públicos que fueron a parar al partido fundado por Pujol y a la propia familia. Es una parte de las comisiones "3%" que han marcado el ciclo político de Convergencia, según mencionó Pasqual Maragall en marzo de 2005 en el pleno del Parlament.

Asens ha explicado que hay dos brazos en la querella, la empresarial y la política. El entramado societario generado en torno a la familia Pujol no se entiende sin el apoyo "implícito" del partido CDC, hoy en el Gobierno de Catalunya: "No nos creemos que sucediese sin su conocimiento", ha declarado este abogado barcelonés. La querella incluye 37 documentos del registro de distintas empresas que habrían servido "como tapadera" para la comisión de estos delitos, dedicadas a actividades diversas como el sector energético, el turismo o la actividad inmobiliaria. Uno de los objetivos de la querella es investigar si se favoreció la concesión de contratos públicos a las empresas de la familia Pujol o si multinacionales como Indra se vieron favorecidas por decisiones políticas tras la absorción en 2001 de Europraxis, empresa de Josep Pujol. Entre los documentos que requerirá esta querella están los de contratación pública aprobados por la Generalitat en el periodo investigado.