El 24 de junio de 2014, la policía rodeó la escuela ocupada Gerhardt-Hauptmann, bloqueando varias calles del barrio e impidiendo el acceso a las calles aledañas. Ese día se contó con la presencia de cientos de policías de Berlín y otras regiones de Alemania. También estuvieron presentes miembros del ayuntamiento del distrito, que está gobernado por el partido Los Verdes (Die Grünen), con la intención de desalojar y vaciar completamente el edificio. Desde esta administración hablaban de una “mudanza voluntaria” de los ocupantes de la escuela, que serían trasladados a campos de refugiados fuera del centro de la ciudad, porque no existía oficialmente una orden de desalojo. A causa de la amenaza de ser desalojados por comandos especiales de la policía, más de 200 de sus ocupantes salieron del edificio. Unos 50 refugiados y algunos activistas decidieron permanecer en el tejado, resistiéndose al desalojo y exigiendo permiso de residencia para ellos y todos los refugiados de Alemania, permiso de trabajo, no a la reclusión en campos de refugiados, no a la reglamentación que prohibe a los refugiados desplazarse a más de 30 km. de su lugar de residencia y el fin de la política de deportación. Algunos de los refugiados declararon públicamente que si la policía intentaba entrar en la escuela o desalojar, ellos saltarían del tejado o incendiarían el edificio. A partir de ahí comenzó un asedio policial que duró nueve días.

Dentro del cerco establecido por la policía había otras viviendas, por lo que miles de residentes de la zona se vieron obligados a identificarse cada vez que entraban y salían. Los locales comerciales, bares y panaderías tuvieron que cerrar, ya que no había acceso para el público. Al otro lado del cerco se encontraban los activistas. Se montó un punto de información con equipo de música, micrófono abierto, cocina popular, cine al aire libre... Día y noche durante 242 horas miles de personas pasaron por el lugar y manifestaron de diferentes formas su solidaridad.

Entre las acciones llevadas a cabo, se ocupó temporalmente la oficina de la alcaldesa de Los Verdes, Mónica Hermann. También hubo un intento de ocupar la oficina de Henkel, senador de asuntos interiores del partido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Las manifestaciones en solidaridad concentraron a miles de personas en toda Alemania. Hubo ataques a las oficinas de Los Verdes y al juzgado local de Kreuzberg-Tempelhof, y se ocupó la embajada de Alemania en Bruselas con un resultado de 23 detenidos. También los vecinos de la escuela demostraron su apoyo, llegando a realizar, dentro del área cercada, dos manifestaciones, colgando en sus ventanas mantas en solidaridad y firmando una petición junto a los comerciantes del barrio.

Mientras las protestas aumentaban, continuaban las negociaciones, con diputados del parlamento de Berlín y de Alemania como mediadores. Gracias a la presión pública se permitió la entrada de comida para los ocupantes, pero únicamente por parte de la iglesia, y siempre bajo control de la policía. La prensa seguía sin tener permiso para acceder al inmueble. El portavoz del distrito, Sascha Langenbach, justificó la prohibición comparando la situación con el drama de rehenes de Gladbeck en 1988, donde dos atracadores de banco tomaros rehenes y hubo tres fallecidos. Tal comparación fue duramente criticada por los medios.

Al sexto día de encierro, el comisario jefe de la policía de Berlín, Kandt, lanzó un ultimátum a la junta de distrito, exigiendo una decisión por parte de ésta, fuese desalojo o no, o la policía se retiraría completamente de la escuela y de la zona. El distrito temía una reocupación de la escuela, por lo que Hans Panhoff, consejero de asuntos urbanísticos de Los Verdes –quien había ocupado en 1980 una casa en la que aún vive– con el aval de la alcaldesa Monika Hermann, firmó la orden de desalojo, dando a la policía todo el control de la situación. La tensión fue en aumento.

Miles de personas se acercaron a los puntos de bloqueo, aumentó el despliegue policial, y los refugiados del tejado publicaron en su blog dos vídeos donde explicaban las razones por las que habían huido de sus países hacia Europa, y su intención de saltar del edificio en caso de desalojo. Todo el mundo temía el desalojo. El partido de Los Verdes del distrito y de Berlín se distanciaron de la orden de desalojo, mientras que el senador del interior de Berlín por la CDU, Henkel, apoyó la decisión. Ese mismo día, unas 60 personas hicieron un escrache en la casa de Panhoff con dos pequeñas barricadas y graffitis criticando al político: “Panhoff kills refugees” (Panhoff asesina refugiados). Según la policía, los políticos Panhoff, Hermann y Henkel recibieron amenazas de muerte.

Mientras tanto, los refugiados dentro de la escuela sufrían el acoso de la policía. Había dispositivos en los tejados aledaños, que los alumbraban por las noches con linternas de alta intensidad y haciendo ruido para no permitirles dormir. Les gritaban insultos racistas, saludándolos con esposas y bananas. Y fuera, la represión y la violencia policial también iban en aumento, un operativo policial cuyo coste total fue de cinco millones de euros durante los nueve días.

Finalmente, el miércoles 2 de julio por la noche se llegó a un acuerdo: los refugiados podrían permanecer en la escuela, recibirían un permiso de permanencia de seis meses, una carta de identificación que les permitiría entrar y salir. La escuela será, tras su remodelación, un centro de refugiados, aunque no será autogestionada por los refugiados sino administrada por el distrito.

El resultado fue sólo en parte exitoso. Es cierto que es un logro porque no hubo desalojo y que los refugiados en el tejado pueden permanecer en la escuela. También hay que reconocer la gran movilización social, la visibilización de la política racista de asilo en la opinión pública, pero el principal objetivo de conseguir la residencia permanente para todos con todos los derechos que esto implica, no se consiguió.

Los refugiados pueden permanecer en la escuela, pero no se sabe aún si pueden permanecer en Alemania. Mai afirma: “Muchos de los refugiados apoyaron el acuerdo, porque es asunto de vida o muerte. Sin embargo, estábamos bajo fuerte presión, casi al borde de la locura. Yo desconfío bastante, porque ya vimos lo que pasó con la Oranienplatz”. Al menos diez refugiados que participaron en la ocupación de la Oranienplatz, y que llegaron al mismo acuerdo, ya han recibido notificaciones de deportación, lo que demuestra el incumplimiento de estos acuerdos. Pero la lucha por el derecho a la permanencia continúa.