Integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIES, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona han visitado Melilla entre los días 3 y 6 de julio. Esta Comisión de Observadores de Derechos Humanos presentó ayer las conclusiones de su investigación, a la espera de publicar el informe completo, y con el objetivo de elevarlo a instancias internacionales para solicitar que éstas investiguen las vulneraciones de derechos en las que pueden estar incurriendo los Estados español y marroquí.

La comisión ha analizado los protocolos de actuación y las prácticas de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, y ha reiterado las denuncias por el uso de métodos de tortura y malos tratos por parte de la policía marroquí y española hacia la población en tránsito. Estas violaciones han sido documentadas tanto por las organizaciones que trabajan en la zona, como por grabaciones aparecidas en los últimos meses. Es el caso del vídeo grabado el pasado 18 de junio, donde se puede ver cómo las fuerzas auxiliares marroquíes aplican mecanismos de tortura y malos tratos para evitar el salto a la valla. “Las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes se producen debido a los acuerdos en  materia de cooperación en control migratorio suscritos entre la Unión Europea, España y Marruecos”, explican desde la Comisión de Observación de Derechos Humanos.

También denuncian en sus conclusiones la instalación de una nueva valla de concertinas en territorio marroquí, “una valla de unos 3 metros de altura que contará con tres filas de concertinas (el tipo de cuchilla que también se emplea en la valla española)”.

El informe constata que, “en la mayor parte de los accesos mediante la valla a Melilla, se han producido devoluciones directas a Marruecos, sin respetar el ordenamiento legal vigente. “Expulsiones en caliente” es la denominación que se aplica popularmente a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consistente en la entrega a las autoridades marroquís por vía de hecho de ciudadanos extranjeros que han sido interceptados en zona de soberanía española sin seguir el procedimiento establecido legalmente ni cumplir las garantías internacionalmente reconocidas. Un informe publicado por un grupo de juristas en los últimos días advierte de la ilegalidad de este procedimiento. En “Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la ley”, elaborado por un equipo de 16 catedráticos y profesores del ámbito del Derecho de diversas universidades de España, se pone de manifiesto que las ‘expulsiones en caliente’ vulneran la legislación de extranjería.

La comisión también ha constatado la situación de hacinamiento en el CETI de Melilla, “que registra una ocupación tres veces superior a su capacidad máxima”, la falta de condiciones sanitarias y de asistencia social y jurídica, o las vulneraciones por parte de la empresa de seguridad que lo gestiona, que “no cohibidos por nuestra presencia, profirieron insultos racistas a personas internas”, señalan. La comisión ha podido recabar numerosos testimonios de personas que se encontraban en el CETI y sus familiares, con el fin de documentar esta situación.

También han denunciado el “absoluto abandono por el cuidado y la protección de los menores no acompañados que residen en la Ciudad Autónoma de Melilla” y las “situaciones de vulneración flagrante de la legalidad en lo que respecta a la asistencia sanitaria” a las personas migrantes. A pesar de que éstas tienen derecho a la asistencia de urgencia sin facturación, se les está exigiendo, “con carácter previo al ingreso en el servicio de urgencias, la firma de un compromiso de pago de los gastos que pueda generar la atención”, informan desde la comisión.

El informe completo, donde se presentarán todas las pruebas y testimonios recogidos por la comisión de observación, será elevado a instancias internacionales en unos 15 días.