Las candidaturas municipalistas se ponen a prueba
Cómo echa a andar una apuesta municipal “a la Guanyem”

La propuesta ciudadana busca apoyos para presentarse a las municipales de Barcelona.

, Redacción
01/07/14 · 20:04
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La exportavoz de la PAH, Ada Colau, es una de las caras visibles de la iniciativa Guanyem. / Victor Serri

La apuesta municipalista inquieta. Cuatro días después de la presentación de la plataforma ciudadana Guanyem, que aspira a construir una candidatura junto con partidos de izquierda y movimientos sociales para ganar la alcaldía de Barcelona, el presidente del Gobierno anunciaba que el PP promovería la elección directa de los alcaldes y enmarcaba la propuesta en una serie de medidas de ‘regeneración democrática’. Rajoy hacía su versión del “si no puedes con ellos, únete a ellos” para aprovechar en clave regeneracionista el descalabro del bipartidismo expresado en las elecciones europeas.

En el caso de Barcelona, el PP lo tiene imposible de entrada, pero los posibles contagios están ahí: dos días después de la presentación de Guanyem se celebraba en Madrid Municipalia, un encuentro municipalista al que acudieron cerca de 500 personas, con el objetivo explícito de discutir posibles candidaturas a las alcaldías de la región de Madrid. Incluyendo la capital, el espacio en el que el Partido Popular gobierna –parece una maldición– desde 1991.

El objetivo, no obstante, no es el de plantear pactos al uso entre fuerzas progresistas para desalojar a alcaldes del PP. “Lo que impulsa y presiona desde este tipo de candidaturas es el movimiento, su objetivo no es regenerar la institución municipal”, señala Ildefonso Narváez, miembro de la Fundación de los Comunes y uno de los asesores del libro La apuesta municipalista, (ed. Traficantes de Sueños) de reciente aparición. La misma idea flotó durante toda la presentación de Guanyem, la mitad de ellos en Barcelona. Una candidatura de este tipo, que aspira a ser inclusiva pero no a presentar una lista marcada por una sopa de letras de organizaciones, se enfrenta a ritmos y problemas propios.

El primero, el de los recursos. La iniciativa Guanyem la impulsan inicialmente cerca de 200 personas, pertenecientes en su mayoría al ámbito de movimientos sociales. Quitar fuerza de un lado para poner en otro puede afectar a unas estructuras activistas ya estresadas por la falta de recursos y la polimilitancia. Para la periodista Nuria Alabao, una participante en Guanyem, el peligro existe pero es relativo: “Guanyem no es una plataforma sólo ni principalmente de los movimientos sociales ya organizados”, señala, y la propuesta, de hecho, se retirará si no logra apelar a círculos más amplios, ajenos al activismo social. Algo parecido contestaba Ada Colau, la exportavoz de la PAH y cara más conocida de la iniciativa, al diario El País: “La idea es articular [a los colectivos sociales], pero no suplirlos, sino darles protagonismo”. De momento, en cinco días ya habían superado las 10.000 firmas, de un total de 30.000, que habían fijado en su presentación como avales mínimos para seguir con el proyecto. El plazo termina en septiembre y está limitado por el requisito de que al menos la mitad de las firmas sean de personas residentes en Barcelona.

El precedente puede ser la constitución de los llamados “ayuntamientos democráticos”, tras las elecciones municipales de 1979. A nivel estatal, las alianzas PSOE-PCE que se hicieron con las principales capitales echaron mano de los dirigentes vecinales y sociales de la época para cubrir concejalías y puestos directivos en las empresas municipales, algo que pudo contribuir a la fuerte crisis vivida por estos movimientos a partir de los años 80. “Al incorporarse a las estructuras de poder, los movimientos democráticos han tendido a perder su autonomía, y lo que es peor, a identificar la democracia con su propia integración en las instituciones”, escriben los autores de La apuesta municipalista. Un peligro que debe resolverse, opinan, haciendo de la democracia local “algo mucho más amplio e inaprensible que la vida institucional y el gobierno local”.

Apuestas cruzadas

Otra cuestión de arranque es la recepción de estas propuestas –que instauran una especie de libre concurrencia de ideas y nombres al margen del aparato partidista– entre los partidos políticos. En el caso de Guanyem, la propuesta fue discutida de modo informal con dirigentes de todas las fuerzas políticas con representación a la izquierda del PSC y ERC, pero hay importantes dificultades. La plataforma dejó la puerta abierta a la participación de Iniciativa per Catalunya, algo que la CUP de Barcelona –inmersa en su propio proceso de encuentros sectoriales con movimientos sociales de cara a las municipales– señaló como una línea roja en un comunicado, en el que saludaba la propuesta de Guanyem. Aún pesan las competencias de Interior asumidas por Joan Saura en la época del tripartit, así como el escoramiento de ICV hacia el social liberalismo desde mediados de los 90.

Del lado de ICV-EUiA, la propuesta llega tras los buenos resultados conseguidos en las europeas, con los más de 250.000 votos que colocaron a la coalición como cuarta fuerza más votada. El diputado Joan Josep Nuet (EUiA) saludó la propuesta como la Syriza catalana, pero está por ver el compromiso del conjunto de la organización. Dos fuerzas parecen tirar en sentido contrario: además del cálculo electoral tras el buen resultado europeo, ICV-EUiA se debe a un nivel de representación en instancias supramunicipales como la Diputación de Barcelona, y presentarse en la capital sin sus siglas le restaría fuerza. De este lado empujaría también su política de acercamiento –hablan ya de pactos municipales junto con ERC- a la asociación Avancem, la escisión soberanista del PSC. Del otro lado estaría el acercamiento a una política más movimentista y el temor al desgaste de ofrecer una cara demasiado institucional.

Lo que sí puede un ayuntamiento

Desahucios: moratorias y vivienda pública

El INE ha estrenado su estadística de desahucios con el dato de que, en el primer trimestre de 2014, éstos aumentaron un 19,5%. El problema sigue ahí, como denuncia la PAH. Y no, los Ayuntamientos no pueden pararlos directamente, salvo aquellos que promocionan ellos mismos. El problema ya es acuciante en Madrid, donde la Empresa Municipal de la Vivienda protagoniza los desalojos mientras mantiene vacíos uno de cada cuatro pisos municipales.

No obstante, la vivienda y el suelo son competencias municipales, y por lo tanto los consistorios sí disponen en teoría de un amplio margen de actuación. El problema es que la deuda –y la orientación ideológica de muchos gobiernos– les lleva a vender el escaso patrimonio acumulado. Presionados por la PAH y los grupos stop desahucios, muchos consistorios (sobre todo en Catalunya) han aprobado mociones contra los desahucios y sanciones contra los pisos vacíos, medidas que pueden revelarse como eficaces herramientas de presión para reconstruir la política de vivienda entendida como derecho. Diferentes PAH van a proponer para el próximo encuentro estatal del movimiento, que se celebrará el 12 y 13 de julio en Murcia, un documento con demandas específicas sobre vivienda dirigido a las candidaturas.

Deuda: auditorías y desobediencia

¿Puede un ayuntamiento negarse a pagar la deuda? La activista Iolanda Fresnillo, del nodo barcelonés de los grupos que promueven una auditoría ciudadana de la deuda pública, reconoce que es complicado. “Pero los ayuntamientos tienen
instrumentos a su alcance, como no financiarse con más deuda, o cuestionar el Plan de Pago de Proveedores”. Algo que ya hizo el consistorio de Badalona, dado que este plan del Gobierno ofreció ayuda financiera a las arcas municipales con la intermediación de la banca a intereses cercanos al 6%.

El Observatorio Metropolitano destaca en La apuesta municipalista que el escenario a medio plazo es el de la desobediencia institucional, dado que las reformas acordadas por el PP y el PSOE en el marco del rescate europeo limitan la autonomía municipal. “Una de las tareas pendientes del proceso constituyente sería precisamente definir en qué consiste esa autonomía”, señala Ildefonso Narváez, de la Fundación de los Comunes.

Recuperar el agua como bien común

Remunicipalizar el agua que se consume en Barcelona, por ejemplo, supondría poner de acuerdo a los 23 ayuntamientos que forman su área metropolitana, dado que en 2012 la empresa privada Agbar recibió una concesión para otros 35 años por parte de la entidad pública Área Metropolitana de Barcelona. No obstante, las campañas catalanas por la vuelta del agua a manos públicas cuentan a su favor con que la gestión del agua está rodeada de polémica, como fue el caso del otro frente del agua: el intento de privatización de la empresa pública aguas del Ter-Llobregat, actualmente paralizado por el TSJC.

En total, 32 municipios que suman más de 1.200.000 habitantes (de unos cinco millones afectados) se oponen a la privatización.
Según El País, en 2013 los municipios que decidieron volver a la gestión municipal de este recurso sumaron 150.000 personas.
Al Ayuntamiento que toma esa decisión le espera no sólo el pago de una indemnización (en el caso, no siempre claro, de que la concesionaria tenga un contrato) sino un proceso judicial que puede incluir caras peticiones por lucro cesante o por inversiones ya realizadas.

Un uso para el patrimonio municipal

Dependiendo de su tamaño, los ayuntamientos pueden tener miles de metros cuadrados de suelo, almacenes, edificios, etc.La de patrimonio es, según Ildefonso Narváez, una de las áreas donde más fácilmente pueden actuar. “Hay una inmensa cantidad de recursos públicos, bienes de dominio público completamente abandonados, que no prestan ningún tipo de servicio. Lo primero sería poner en funcionamiento ese activo de la ciudad”, señala.

El Observatorio Metropolitano, de hecho, defiende el acceso universal a estos recursos por parte de la ciudadanía antes que una política de subvenciones que, según su manifiesto Por un municipalismo democrático, “deberían ser reducidas al mínimo” para evitar clientelismos. Otro ámbito donde se puede hacer mucho, según Narváez es el recargo en el IBI a los inmuebles vacíos. “Pero más que medidas técnicas, lo importante es centrarse en pensar nuevas formas de gobierno y de gestión ciudadana de los recursos”, señala.

 

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