Diversas plataformas se oponen a la privatización de nuevos centros
Plataformas por la sanidad exigen el ‘rescate’ de hospitales privatizados

Mientras distintas comunidades siguen impulsando la gestión privada en la sanidad, los resultados de este modelo están provocando exigencias de rescate de centros.

07/07/14 · 8:00
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Obras del nuevo Hospital de Toledo, paralizadas desde 2012 / José Hinojosa

Han pasado tan sólo dos años desde que las cocinas del Complejo Hospi­talario de Navarra fueran privatizadas, pero el balance es ya desastroso. Según un informe publicado el 23 de junio por la Cámara de Comptos [tribunal de cuentas navarro], no privatizar la gestión de las cocinas hospitalarias habría supuesto un ahorro de 676.314 euros al año si la unificación de las cocinas y la instalación del sistema de producción en frío se hubiera hecho con medios propios del Sistema Navarro de Sa­lud. Es decir, la privatización ha resultado más cara para el bolsillo de los contribuyentes, lo que contradice los argumentos utilizados por el Gobierno de Navarra para llevar a cabo la externalización.

Pero el balance es aún peor en lo que atañe a la calidad del servicio. Desde que el mismo, adjudicado a Mediterránea de Catering, se pusiera en marcha en enero de 2013, las quejas por parte de los usuarios han sido constantes. Hasta mayo de 2014 se contabilizaban 2.322, un 59% de ellas debido a la mala calidad de la alimentación, mientras que entre 2010 y 2012, cuando el servicio todavía era público, tan sólo se habían recibido 15. Desde que saltara el primer escándalo, la detección de restos fecales en la comida tan sólo tres meses después de iniciado el servicio, Mediterránea de Catering ha recibido tres expedientes sancionadores por 17 infracciones, siete de ellas consideradas infracciones sanitarias graves. Y éste es sólo parte del balance, lo que ha llevado el debate al Par­lamento navarro, donde Geroa Bai y Ezkerra han pedido la dimisión de Marta Vera, la consejera de Sanidad, además de la reversión de las cocinas al sistema público.

La gestión privada se ha ido introduciendo sigilosamente en la sanidad pública desde que en 1997 se aprobara la ley 15/97 de Nuevas Medidas de Gestión en la Sanidad con los votos a favor de PP, PSOE, PNV, CiU y CC. El resultado hoy, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad en 2011, es que tan sólo un tercio de los 452 hospitales del Servi­cio Nacional de Salud están gestionados directamente por la Administra­ción. Fundaciones, consorcios y empresas se disputan el pastel sanitario, y fórmulas como el PFI (gestión privada de los servicios no sanitarios de un hospital) se siguen imponiendo a pesar de que el principal argumento para aplicarlas, su menor coste, ha demostrado ser falso.

El modelo PFI

El pasado 18 de junio, CC OO presentaba un análisis del estudio económico-financiero y el anteproyecto del nuevo Hospital de Toledo, que se va a seguir construyendo bajo el modelo PFI después de que las obras permanecieran paralizadas más de dos años. Según este documento, el nuevo centro costará a la Administra­ción 2.043 millones de euros, 72 millones al año durante los próximos 30 años, que irán a parar a la empresa constructora que se adjudique el contrato. La empresa, que se encargará de finalizar la construcción del centro, tendrá que invertir 73 millones de euros. Para “compensarla”, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) le entregará la concesión, entre 2015 y 2043, de todos los servicios no sanitarios no sólo de este centro, sino también de todo el Complejo Hospi­talario Universitario de Toledo, en el que se incluyen el Hospital Virgen del Valle, el Provin­cial y el Nacional de Parapléjicos.

“Han empezado con el personal no sanitario, pero seguirán con otras unidades sanitarias del hospital. No se pretende mejorar la eficacia ni ahorrar, sino privatizar”, dice a Diago­nal Luis Álvarez, portavoz de la Plata­for­ma en Defen­sa de la Sanidad Pú­bli­ca de Toledo, que el 10 de junio presentaba a la presidencia de la Junta de Comuni­dades 15.000 firmas por una sanidad “pública, universal, gratuita y de calidad”. De hecho, el Sescam no ha descartado privatizar parte de los servicios clínicos del complejo hospitalario, como la radioterapia, la diálisis o el diagnóstico por imagen.

Los sindicatos CC OO y UGT han anunciado ya que recurrirán ante los tribunales el Plan de Recursos Hu­ma­nos del hospital propuesto por el Sescam y aprobado en la última mesa sectorial con el rechazo de los siete sindicatos presentes, y la Pla­taforma continuará con las movilizaciones para oponerse a la gestión privada. “Esto significa hipotecar a la región de por vida. Si a eso le añadimos el coste en la salud y la vida de las personas, todavía es mayor el problema”, dice Luis Álvarez.

Rescatar para lo público

Álvarez habla de ejemplos de centros ya en marcha que han resultado mucho más costosos. Uno de ellos es el nuevo hospital de Burgos, que comenzó a funcionar en 2012, con un retraso de tres años y un sobrecoste de 223 millones de euros. Además, el canon anual percibido por la sociedad que gestiona los servicios no sanitarios, Hospital de Burgos S.A. (Eficanza), ha pasado de 38 a 71 millones de euros, lo que va a suponer un gasto público de más de 2.000 millones en 30 años. “Ganan en todo lo que tocan. Aparte de que se les cedió el terreno, hicieron un parking de 990 plazas de pago, el más caro de Burgos, y un centro comercial que explotan ellos mismos”, explica Jesús Beato, delegado sindical de CGT Sanidad de Burgos, quien añade que se hace negocio hasta con la comida: “La concesionaria está cobrando de la Junta 22 euros por el menú diario de cada paciente, y ella lo tiene subcontratado a una empresa de catering por 14 euros”.

“Cuando esto empezó, dijeron que iban a contratar a un 10% más de personal, y ahora somos un 8% menos”, dice Beato, que explica que no se cubren las vacaciones, se hacen las contrataciones mínimas y los empleados están sufriendo el incremento de las cargas de trabajo. “Enten­demos que lo que se está pagando del canon no está permitiendo que se contrate a nuevos profesionales. La única manera de salir de todo esto sería rescatar el hospital, porque está en manos de personas que buscan un lucro. No gana la sociedad, ni los trabajadores ni los usuarios. Aquí sólo ganan cuatro”. Por todo ello, el pasado 13 de junio 10.000 burgaleses salieron a la calle para exigir el rescate del hospital universitario en una manifestación convocada por la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos.

“El rescate es urgente porque vamos a pagar siete veces más por los cánones de estos centros que si fue­ran públicos”, explica An­tonio Gó­mez, de la Coordinadora Antipri­va­tización de la Sanidad (CAS), que ha iniciado acciones de protesta para exigir el rescate del hospital de Aran­juez y continuará en otoño con una campaña para reclamar el rescate de otros hospitales, siguiendo el ejemplo de Fran­cia, que en abril rescató un hospital semiprivado de París, y el de Ingla­terra, la cuna del modelo PFI, que acaba de rescatar por primera vez un hospital de este tipo.

Mientras tanto, en el Estado español este sistema, impulsado en mayor medida en Madrid y Valencia, sigue avanzando. El Boletín Oficial de Ara­gón publicó el 26 de junio el estudio de viabilidad del hospital de Alca­ñiz, en el que se prevé pagar a la empresa que lo gestione un canon anual de 17,2 millones durante 28 años.

“Es vital que se plantee el rescate de los centros, o rescindir el contrato”, dice Gómez. Por esta última opción ha apostado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Marina Alta en relación a Marina Salud (DKV y Ribera Salud), que gestiona el hospital alicantino de Denia y todos los centros de salud de la comarca de la Marina Alta, en Alicante. En este caso, el sistema utilizado es el PPP (gestión 100% privada, incluidos los servicios sanitarios), el modelo inaugurado por el hospital de Alzira (Va­len­cia), que debido a la mala gestión tuvo que ser rescatado por la Admi­nistración y volvió a ser entregado, con un canon mucho mayor al inicial, a la misma UTE que lo llevó a la quiebra. El mismo modelo, también, que la Comunidad de Madrid no pudo aplicar a sus hospitales PFI después de intensas movilizaciones populares y varios varapalos judiciales.

“El año pasado, inspirados por la Marea Blanca, lanzamos una campaña para pedir al Gobierno valenciano la rescisión del contrato por incumplimiento. Reco­gimos 15.000 firmas que presentamos al Síndic de Greu­ges [defensor del pueblo]. Treinta y tres ayuntamientos, que representan al 70% de la población, presentaron mociones apoyándolo”, como los de Denia, Xabia, Benissa y Pego, explica Fran­cis­co Sánchez, de la plataforma. En la denuncia se presentan seis incumplimientos de contrato, como una atención deficitaria por falta de personal o por “la priorización de los criterios economicistas”, o que “la empresa evita a toda costa la derivación a centros de referencia” públicos debido al coste extra que le supone. “Se llama Marina Salud, pero la gente lo conoce como ‘Marina ataúd’”, dice, y añade que “tenemos confianza en que esto se pueda revertir, como ha ocurrido en Francia e Inglaterra”.

De recortes y rebeliones

Recortes patrocinados por la UE

El pasado 20 de junio, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin), ‘aconsejaba’ a España “seguir aumentando la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria, sobre todo incrementando la racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales”, en otras palabras, que continúe con el recorte en gasto sanitario. Por otro lado, también por presiones provenientes de Europa, en este caso en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el Gobierno se dispone a aplicar una subida del IVA de los productos sanitarios desde el 10% al 21%, según se anunció el 23 de junio. La subida impositiva provocará un notable encarecimiento de equipos de diagnóstico o radiografías y materiales como vendas, jeringuillas o termómetros.

En el Plan de Reformas enviado por el Gobierno a Bruselas en mayo se prevén más recortes en sanidad a partir de 2016. En el Programa de Estabilidad se anuncian recortes del gasto farmacéutico de 2.800 millones al año, un ahorro de 1,5 millones anuales por la “no renovación de tarjetas sanitarias” o mil millones por “endurecer” el acceso de no residentes.

Rebelión en el Hospital de Bellvitge

Usuarios, pacientes y trabajadores del Hopital de Bellvitge (Barcelona) han logrado, después de mantenerse encerrados en varias plantas desde el 20 de junio, evitar el cierre de 206 camas previsto para este verano. Hasta el cierre de estas líneas, la protesta, calificada de verdadero motín, había logrado que tres plantas se mantengan abiertas. Los trabajadores denuncian que desde que se iniciaron los recortes, se han cerrado sólo en ese hospital 350 camas, hay 200 empleados menos y se han recortado los sueldos un 23%. Al cierre de esta edición, la gerencia del hospital se mantenía en su postura de cerrar camas en verano y los sindicatos habían solicitado la mediación de los grupos parlamentarios de la comisión de Salud del Parlament. También en otras comunidades se están produciendo protestas por el cierre de camas, como en Ponferrada (León), donde se han entregado 36.000 firmas y se han producido concentraciones contra el cierre de 36 camas hospitalarias del Hospital del Bierzo.

Consecuencia de los recortes en Madrid

Un 25,92% de los parados y un 20,39% de los pensionistas, en comparación con un 1,77% de las personas con trabajo, ha dejado de comprar medicamentos por motivos económicos, según una encuesta realizada por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en centros de salud y hospitales de la Comunidad de Madrid. El informe de la encuesta, La asistencia sanitaria tras los recortes y los planes de sostenibilidad, que ha sido presentado el 26 de junio, revela que el 14,76% de las 1.107 personas encuestadas han dejado de consumir medicamentos por motivos económicos.

La FADSP también ha estudiado la política de derivaciones a la privada de la comunidad. Un 37,53% de los encuestados explicó que se le había intentado derivar a la privada para intervenciones o pruebas diagnósticas, “contradiciendo las declaraciones oficiales y poniendo de relieve que hay una política sistemática de derivación hacia el sector privado, política que coincide con una infrautilización de los recursos del sistema sanitario público”, señala la FADSP. Además, un 15,6% de los encuestados habían sido hospitalizados en centros privados.

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