Reino Unido // Rescatado un hospital británico concesionado bajo el modelo PFI
Ley de Salud: el monstruo del doctor Lansley

La gestión clínica y los hospitales PFI son dos modalidades impulsadas en Reino Unido que han acabado con el sistema público de sanidad.

, Londres (Reino Unido)
07/07/14 · 8:00
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En abril de 2013, después de poco menos de 65 años de existencia, el Servicio Nacional de Salud británico (NHS en sus siglas en inglés) tal y como lo conocemos fue abolido. Aunque el examen postmortem señaló la Ley de Salud y Asistencia Social (Health and Social Care Act) como la causa directa de la muerte, la sanidad se había visto afectada por el cáncer de la privatización durante al menos una década. La campaña para convertir el NHS, uno de los sistemas de salud más rentables del mundo, en un privatizada empresa con ánimo de lucro había sido impulsada tanto por los conservadores como los laboristas.

A pesar de las reiteradas promesas de que el NHS no será privatizado realizadas por el primer ministro David Cameron y Andrew Lansley, el secretario de salud conservador y diseñador de la medida, la Ley de Salud y Asistencia Social establece bases sólidas para el proceso y abre el sector a los inversores privados, tanto los locales como los extranjeros. Aprobada en abril del año pasado y apodada 'El monstruo del Dr. Lansley', la Ley supone una reorganización más radical del NHS desde su creación en 1948. Le quita al Secretario de Estado la responsabilidad legal de asegurar la asistencia sanitaria universal a los ciudadanos y la transfiere a los recién creados Grupos de Comisión Clínica (CCG por sus siglas en inglés). Los 221 CCG fueron encargados con la gestión de un presupuesto total de 60 mil millones de libras esterlinas y obligados a poner a venta la ejecución de los servicios sanitarios locales para encontrar la oferta más rentable.

El establecimiento de los CCG fue vendido al público como una forma innovadora de poner el control del sistema en manos de los médicos de cabecera y una solución a la burocracia generalizada que supuestamente fue paralizando el NHS. El fracaso de esta medida fue fácilmente previsible: mientras las encuestas demuestran que sólo un tercio de los médicos participan activamente en los CCG, prefiriendo centrarse en ayudar a los pacientes en vez de ocuparse de tareas de gestión, el 36% de los que lo hacen tienen un interés financiero en las empresas privadas que potencialmente podrían proveer los servicios sanitarios a sus consultorios.

Según Social Investigations, un sitio web dedicado a la investigación de fondo de las políticas actuales, los médicos de cabecera no son el único grupo que ha entrado en un conflicto de interés como resultado de la promulgación de la Ley de Salud y Asistencia Social. Una investigación descubrió que un total de 206 parlamentarios fueron vinculados a los proveedores de sanidad privados. Todos estos funcionarios públicos tuvieron derecho a votar sobre el proyecto del acto, haciendo que se convirtiera en la Ley.

El NHS no es la única parte del sector público británico que está sufriendo los dolores de privatización. La venta de agua y los ferrocariles a las empresas privadas ha tenido un impacto negativo en la calidad del servicio ampliamente documentado. Sin embargo, a diferencia de estos dos sectores, la privatización de la sanidad se está llevando a cabo progresivamente, de una manera casi invisible para el usuario medio. El público muy a menudo no se da cuenta de la cantidad de los servicios que han sido privatizados ya que los proveedores privados operan bajo el logotipo del NHS.

La Ley de Salud y Asistencia Social no es la única amenaza que pone en riesgo el NHS. Los acuerdos de Private Finance Initiative (PFI), introducidos en 1992, han tenido unas consecuencias catastróficas para la salud financiera de los hospitales. Los proyectos de PFI implican el diseño, la construcción y, sobre todo, el mantenimiento de la infraestructura del sector público -hospitales o escuelas- por parte de consorcios privados. Una vez construido el edificio, el sector público paga al consorcio una cuota anual que aumenta cada año y que debe cubrir todos los gastos incurridos en la gestión del servicio, así como un pago de la deuda y un margen de beneficio para el proveedor.

A pesar de ser un proyecto presentado como beneficioso para el público mediante la generación de fondos a través de la recaudación del impuesto corporativo, el PFI resultó ser una gallina de los huevos de oro para los inversores privados. La titularidad de los proyectos de PFI muy a menudo ha sido reubicada en paraísos fiscales, como las Islas Caimán, y los inversores se han aprovechado de que la cuota anual siga creciendo, en oposición directa a la cantidad de la deuda incurrida que pretende cubrir.

Recientemente se supo que las empresas privadas se embolsaron cientos de millones de libras esterlinas de beneficio al vender los contratos de PFI en sus primeras etapas.

Sin embargo, los hospitales se están defendiendo. Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust recientemente ha pedido un préstamo de 114 millones de libras de las autoridades locales para liberarse del acuerdo de financiación privada. Esta medida le ahorrará al hospital 67 millones de libras durante los próximos 19 años, un equivalente de 3,5 millones al año. Aunque otros hospitales también han estudiado cómo defenderse del acuerdo tóxico, debido a las circunstancias administrativas y económicas en las que se encuentran la salida de un contrato PFI no siempre es posible.

Así como la introducción de los proyectos PFI, la reorganización del NHS propuesta en la Ley de Salud y Asistencia Social, y vendida al público británico como una "reforma" de la institución burocrática y una condición necesaria para 'salvarla', lejos de quitar la burocracia, sólo la ha incrementado y ha generado gastos administrativos adicionales. Según el British Medical Journal, basado en los datos de la Oficina Nacional de Auditoría (National Audit Office), el gasto de implementar las medidas estipuladas en la Ley le costará al público británico entre 2.000 y 3.000 millones de libras esterlinas.

En diciembre del año pasado, se supo que los CCG habían gastado ya más de cinco millones de libras en abogados especialistas en Derecho de la Competencia. Esta cantidad, según la estimación del Partido Laborista, podría cubrir los salarios anuales de 120 enfermeras o pagar 5.670 operaciones de cataratas, 873 operaciones de rodilla o 841 cirugías de reemplazo de cadera, que son intervenciones consideradas "no esenciales" según la nueva normativa y por lo tanto no financiadas con fondos públicos. Todo esto mientras la Sanidad se ve obligada a hacer un ahorro de 20 mil millones de libras hasta el 2015.

Una de las medidas propuestas por el gobierno es reducir el presupuesto del conjunto de los hospitales por 2.000 millones de libras y transferir esta cantidad a servicios de prevención o alta temprana de los pacientes hospitalarios. Sin embargo, hay miedo que los hospitales, ya severamente sobrecargados a causa del crecimiento de la población, los recortes y las forzadas clausuras de salas enteras, no podrán aguantar una reducción más de sus recursos.

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