Coincidiendo con los debates del aforamiento de Juan Carlos de Borbón el Partido Popular ha intentado introducir una serie de enmiendas entre los trabajadores de la administración tendentes a precarizar el trabajo. Tal como avanzó Diagonal el pasado 24 de junio, son una serie de modificaciones que el PP introducía en la Ley de Racionalización del Sector Público que se convertía "en una reforma laboral encubierta", mediante la incorporación de tres apartados al artículo 28 del proyecto de ley, que entraba en el Senado, y tenía previsto su aprobación para dentro de un mes. Pero la presión ejercida por los diferentes sindicatos en el conflicto han provocado el grupo parlamentario popular haya retirado la enmienda.

Retirada de la enmienda

Según informa hoy el sindicado CCOO, el Grupo Parlamentario Popular ha retirado la enmienda relativa en relación a los denominados “indefinidos no fijos”. Es decir, aquellos trabajadores de la administración con contratación temporal y que están en fraude de ley en la contratación porque no eran reconocidos como fijos de plantilla. Las enmiendas introducidas por el PP modificaba el Estatuto Básico del Empleado Público y regularizaba la figura del “indefinido no fijo”. Con ello se intentaba regularizar la precariedad laboral en la que se encuentra una parte del empleado público en fraude de ley y dar impunidad a la irregularidad laboral.

La movilización sindical en el sector ha conseguido que tales enmiendas se retiren. Según informa CC OO se han mantenida reuniones con los representantes de los Grupos parlamentarios del PP y del PSOE para tratar esta cuestión y plantear las demandas de los trabajadores y denunciar la arbitrariedad de las disposiciones que quería introducir el PP. Medidas que representaban un peligro para miles de puestos de trabajo.

El comunicado de Comisiones Obreras hace un llamamiento a abrir unas negociaciones con la administración: “(...) creemos que la solución a esta situación (…) tiene que venir de la negociación con las organizaciones sindicales de medidas que permitan la estabilidad del empleo público, respetando, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento de los preceptos de igualdad, capacidad y publicidad en el acceso al mismo, pero respetando también los pronunciamientos judiciales y la legislación laboral”. Esta conclusión invita a pensar que el conflicto va a continuar.