El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dejó sin firmar al menos 12 contratos de trabajadores que habían demandado a la entidad por emplearlos de forma fraudulenta. Según CC OO, que la dirección del centro haya dejado más de un año sin formalizar estos contratos revela la existencia de listas negras de empleados que habían ganado sentencias contra la entidad. La denuncia, difundida a través de la plataforma Fíltrala, también revela que el CSIC obliga desde 2013 a los investigadores con empleados a su cargo a firmar un documento en el que les responsabilizan ante posibles demandas de empleados con contratos en fraude de ley.

Las actas de las comisiones de seguimiento del convenio colectivo revelan que el secretario general del CSIC, Alberto Sereno, y el área de recursos humanos de la entidad mantuvieron bloqueados los contratos hasta abril de 2013, fecha en que el propio secretario general se comprometió a formalizarlos después de diversas denuncias sindicales. No obstante, fuentes de CC OO han explicado a DIAGONAL que el desbloqueo no se ha producido hasta comienzos de 2014. Toda la información procede de circulares de UGT y de CC OO que se han hecho públicas a través de la plataforma Fíltrala, un proyecto en el que participa DIAGONAL junto con La Marea, eldiario.es y la revista Mongolia.

Las denuncias hechas públicas por Fíltrala consideran que la decisión de no adjudicar esos 12 contratos responde al temor, por parte de la dirección del CSIC, de que se generalicen las demandas laborales contra la entidad, a la que acusan de cubrir puestos fijos con trabajadores que van encadenando contratos por obra y servicio. De hecho, desde 2013 la entidad obliga a firmar un documento de responsabilidad al personal investigador que tiene empleados a su cargo. Una circular sindical difundida por Fíltrala cita las actas de un encuentro de la mesa general de negociación de la administración pública, celebrado en febrero de 2013. En ellas, la administración del CSIC anuncia su intención de hacer firmar a estos investigadores un consentimiento por escrito donde quedan informados “sobre los antecedentes de la persona contratada y las consecuencias de su nueva contratación si se incurre en fraude de ley”. Eldiario.es ha publicado la carta íntegra.

En el caso concreto denunciado, los 12 trabajadores habían demandado con éxito al CSIC, que tras las sentencias favorables de los tribunales de lo social tenía que cambiar la figura contractual de estos empleados a la de indefinido no fijo. Según ha explicado a DIAGONAL un trabajador del centro, esta es una figura frecuente en el CSIC, e implica que el empleado se mantiene en su puesto como indefinido hasta que su plaza sale a concurso público. “Generalmente los indefinidos no fijos se presentan a esos procesos de selección y los ganan por su experiencia en el puesto”, señala. Es precisamente el caso de los empleados afectados por el bloqueo.

“La dirección podría haber tenido algún motivo para impugnar el tribunal [que asignaba las plazas], pero no fue así. Eran trabajadores que cumplían todos los requisitos”, explican fuentes de CC OO, que señalan que el sindicato presentó una demanda, en el primer trimestre de 2014, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una resolución del organismo por la que se reservaba las acciones contra trabajadores que habían denunciado a la institución y con la que reclamaron que se procedieran los contratos .”Fue entonces cuando el CSIC los desbloqueó”, afirman desde el sindicato, aunque algunos de los puestos de trabajo se perdieron porque los investigadores que promovieron las plazas desistieron. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún no se ha pronunciado sobre el recurso, pero, como señalan las mismas fuentes, “ya lo hemos ganado porque ya se han echado atrás, han visto que estaban violando derechos constitucionales”.

De los 11.000 empleados del centro, aproximadamente 5.800 son funcionarios. En nuestro organismo hay más de 5.356 trabajadores laborales y sólo 842 son fijos, el resto tienen contratos en relación a distintos proyectos”, explica Julio Pinto, delegado de la sección sindical de CC OO, quien explica que en el último año, la entidad investigadora hizo un ajuste importante en su parte económica y que, aunque una inyección de 75 millones de euros entre agosto y noviembre permitió terminar el año, se perdieron más de 1.200 puestos de trabajo en 2013. “En estos momentos están saliendo más sentencias, y, mientras, el PP en el Senado ha metido una enmienda para impedir que las administraciones públicas consoliden los hechos”, señala en referencia a la reciente enmienda introducida en el Senado en la Ley de Racionalización del Sector Público, por la que se vulneran los derechos de los trabajadores contratados en fraude de ley, a pesar de que una sentencia judicial les haya dado la categoría de trabajadores indefinidos no fijos, y cuya aprobación está prevista para dentro de un mes. “Se va a permitir que organismos y administraciones públicas no apliquen las sentencias”, subraya Pinto, quien cifra en 251 los trabajadores que se verán afectados dentro del CSIC y en más de 100.000 en el ámbito de las administraciones locales y regionales.