La enmienda realizada por el Partido Popular a la Ley de Racionalización del Sector Público amenaza con traer una “reforma laboral encubierta”, denuncia CGT Catalunya. “Si se aprueba, nos dejará a los trabajadores precarios del sector público sin prácticamente derechos y con la posibilidad de ser despedidas a precio de saldo”, continúa el comunicado. En su blog Laborando, el abogado Fabián Valero, especialista en Derecho del Trabajo, también considera que la enmienda introducida supone "una nueva reforma laboral que deja en situación de absoluta indefensión a miles de empleados públicos".

La ley, que devuelve uno de los días 'moscosos' perdidos, ya entró en el Senado y su aprobación está prevista para dentro de un mes. La central anarcosindicalista denuncia que la enmienda cuela una serie de vulneraciones de derechos laborales para los “trabajadores más precarios” de la administración, es decir, personal laboral contratado en fraude de ley, personal laboral temporal, personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial, desempleados que prestan servicios para las administraciones mediante contratos de colaboración social, investigadores públicos o trabajadores que prestan servicios para las administraciones mediante encomiendas de gestión.

La primera de la medidas se refiere a la extinción de contratos, para lo que el Grupo Popular pretende aplicar los efectos del artículo 49.1. c) del Estatuto de los Trabajadores, con una rebaja de los días por año trabajado que corresponden a la indemnización tras el despido. Para CGT Catalunya, esto "facilita la destrucción, vía amortización, de una parte importante de los puestos de trabajo del sector público, al considerar que hay plazas que no son de necesaria cobertura". Valero avanza la posible inconstitucionalidad de la enmienda, que "vulnera flagrantemente" la reforma laboral de Rajoy, ya que la modificación del texto que plantea el PP incluye la inaplicación de la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores, lo que permitirá a la Administración amortizar puestos de trabajo "sin alegar causa alguna, abonando al despedido una ridícula indemnización de entre ocho y diez días trabajado". Esto, prosigue Valero, es un intento del Gobierno por rodear la jurisprudencia, que garantiza el derecho de los empleados públicos contratados temporalmente de forma interina, indefinida no fija o en fraude de ley a recibir indemnizaciones de 20 días por año trabajado en caso de despido.

La segunda vulneración que incluye la enmienda es que se permitiría, según afirman desde CGT, la contratación “precaria” sin límite de tiempo, una medida que reemplazaría a la norma vigente, según la cual existe la obligación de convertir en indefinido un contrato después de tres años de trabajo, ampliables doce meses más dependiendo del convenio. El Gobierno pretende desarrollar esta medida mediante la inaplicación del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la duración máxima de los contratos por obra o servicio celebrados por las administraciones. Para Fabián Valero "eso supone convertir a las administraciones públicas en las máximas defensoras de la precariedad laboral".

Ciencia en precario

Junto a esta modificación, la enmienda del Partido Popular a la Ley de Racionalización del Sector Público incluye una modificación de otro apartado del Estatuto de los Trabajadores --el 15.5-- que hasta ahora regulaba la obligatoria contratación como trabajadores indefinidos a quienes hayan sufrido una situación de encadenamiento irregular de contratos. El Gobierno pretende excluir de este artículo a los trabajadores incluidos en las modalidades de contratos insertadas en las leyes 6/2001 y 14/2011, de contratación con Universidades y para la realización de proyectos de investigación científica y técnica. Según Fabián Valero, "el mensaje es claro: El Gobierno apuesta por una ciencia en precario, tolerando el encadenamiento ilimitado de contratos para el personal investigador".