La campaña por el cierre de los CIE, ante el Informe Anual 2013 del Mecanismo de Prevención de la Tortura
¿Casi 150 vuelos para deportar migrantes y sólo seis incidentes?

El informe de la Defensora del Pueblo sobre los vuelos para deportar migrantes sólo detectó seis incidentes en un total de 148 vuelos fletados en 2013. Los grupos contra los CIE contrastan el documento con los abusos detectados a partir de sus propias investigaciones y reseñan las principales cifras sobre redadas racistas.

24/06/14 · 13:26
La colaboración de Air Europa en los vuelos de deportación ha sido denunciada en la última jornada contra los Centros de Internamiento de Extranjeros. La compañía se lleva 12 millones de euros anuales por deportar a personas sin permiso de residencia. / Álvaro Minguito

El próximo miércoles 25 de junio un nuevo vuelo de deportación contratado por el Ministerio del Interior a la compañía Air Europa trasladará por la fuerza a decenas de migrantes a Ecuador y Colombia. Asimismo, el viernes 4 de julio se producirá un vuelo de deportación a Albania y Georgia. A estos dos vuelos, cuya existencia hemos detectado desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, se añaden los constantes vuelos a Marruecos vía Melilla, Jerez de la Frontera o Algeciras, y quizás otros grandes vuelos a los que no hemos tenido acceso.

Vuelos de deportación en 2013

La reciente publicación del Informe Anual 2013 del Mecanismo de Prevención de la Tortura, elaborado por el Defensor del Pueblo, nos permite acceder a los datos sobre vuelos de deportación del año 2013 y compararlos con los del año anterior. Se han realizado 148 vuelos de deportación, dieciséis menos que en 2012, aunque los grandes vuelos –aquellos que se contratan a Air Europa– han aumentado, sobre todo por el incremento de los organizados por FRONTEX. Así, estos 33 vuelos (18 de FRONTEX y 15 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras) han deportado a 1.093 personas, un número mayor que las 1.011 de 2012. Los operativos que han disminuido son precisamente los más numerosos, los pequeños aviones –de Swift Air– con destino Marruecos, 115 en 2013 por 137 en 2012. Las personas deportadas a Marruecos por esta vía bajan de 2.240 a 2.017.

El documento carece de una mínima consistencia y de una voluntad real de investigar lo que sucede en estos dispositivos represivos

La mayor parte de las personas deportadas en vuelos exclusivamente dedicados a deportaciones tiene por destino Marruecos. Las deportaciones a Argelia –las únicas que se realizan por barco, pero que incluimos en esta estadística– son las segundas más numerosas, el 20 por ciento del total. El resto de destinos con mayor número de deportaciones son, por este orden, Colombia, Nigeria, Senegal, Ecuador y Mauritania. No aparece en esta estadística oficial de 2013 ningún vuelo a Mali, lo que confirma nuestras sospechas de que los vuelos a Mali fletados en los primeros meses del año 2014 tienen como objetivo deportar a personas procedentes de ese país –que forman parte de la riada de cientos de miles de personas refugiadas producto de la guerra– llegadas a las alambradas de Ceuta y Melilla.

Dado que la cifra total de repatriaciones en 2013 que nos aporta el Informe es de 13.986, esto quiere decir que fueron realizadas en vuelos especiales de deportación el 22,23%, a lo que habría que añadir un 5,57% deportadas en barcos, exclusivamente con destino a Argelia. Por tanto, el 72,2% de las deportaciones no se realizan en este tipo de dispositivos. Muchas deportaciones se realizan en vuelos comerciales, y nos consta además la existencia de misiones policiales por carretera hasta el traslado en ferry a Marruecos.

La Defensora del Pueblo y la legalidad de las deportaciones

Más allá de los datos aportados por la institución del Defensor del Pueblo, las declaraciones de Soledad Becerril afirmando que se cumple “estrictamente” la legalidad en los vuelos de deportación de inmigrantes vienen a reforzar el carácter condescendiente del Informe Anual 2013 del Mecanismo de Prevención de la Tortura con las actuaciones policiales en los operativos de expulsión. Tras diez meses de trabajo de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento, que incluyen numerosas llamadas internacionales a personas deportadas en las 48 horas posteriores a la salida de los vuelos, así como colaboraciones anónimas de quienes participan del complejo mecanismo de las deportaciones –policías, personal sanitario, personal de los aeropuertos, pilotos, auxiliares de vuelo, etc.–, resultan grotescas no sólo las palabras de Soledad Becerril, sino también que el Mecanismo de Prevención de la Tortura publique un informe en el que algunas de las preocupaciones principales sean la inexistencia de un sistema de climatización en la sala de espera del aeropuerto o la ausencia de un número suficiente de sillas. Incluso otras apreciaciones del informe –inexistencia de un lugar diferenciado para los cacheos de las mujeres deportadas, falta de garantías respecto al estado de salud idóneo para volar de todas las personas repatriadas o la ausencia de un desfibrilador en los aviones– se quedan tan cortas ante el aluvión de testimonios –y no sólo de las personas expulsadas– sobre las prácticas policiales violentas en estos vuelos, que el documento carece de una mínima consistencia, de una voluntad real de investigar lo que sucede en estos dispositivos represivos. La cifra aportada en el Informe de seis incidentes durante los 148 vuelos de 2013 es, sencillamente, ridícula e increíble, aunque no nos puede extrañar cuando la fuente de la misma es la propia Dirección General de Policía.

Una de cada cuatro personas encerrada en los calabozos por no tener permiso de residencia lo ha sido en la Comunidad de Madrid
Por otra parte, el Informe aporta datos, como veremos a continuación, relacionados con las redadas racistas, aunque se cuida de nombrarlas de ese modo. A pesar de la intensa actividad que en su momento desarrolló el Defensor del Pueblo en relación con la denuncia pública de las redadas, en esta ocasión la oportunidad de establecer y denunciar la conexión entre las redadas y los vuelos de deportación ni siquiera se esboza. La Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento puede afirmar con rotundidad dicha conexión, una vez que hemos accedido no solo a las evidencias en forma de redadas en los días y horas previos a la salida de los aviones, sino que además se han filtrado órdenes policiales concretas para la práctica de dichas detenciones y deportaciones.

Cuando la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sostiene el cumplimiento estricto de la legalidad en los vuelos de deportación olvida además otra cuestión esencial: que la institución a la que representa debería haber impugnado dicha legalidad, en forma de un escandaloso Protocolo para las Repatriaciones aprobado en el año 2007, poco después de la muerte de Osamuyi Aikpitanyi durante su deportación en un vuelo comercial. No sólo no se impugna sino que además se cita en el Informe 2013 del Mecanismo de Prevención de la Tortura. La brutalidad del Protocolo queda reflejada precisamente en esa parte de la cita en la que se recuerda que “en ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”. Es decir, que la larga lista de instrumentos represivos autorizados no permiten a los escoltas matar a las personas deportadas. Toda una declaración de intenciones respecto a lo que sí está permitido y, por tanto, como dice Becerril, es estrictamente legal.

Redadas, internamientos y expulsiones

El informe incluye las cifras de las personas que han sido ingresadas en calabozos por infracción de la Ley de Extranjería: son 49.406 personas, un 17,07% menos que las 59.575 detenidas en 2012. Una de cada cuatro personas encerrada en los calabozos por este motivo lo es en la Comunidad de Madrid (concretamente el 27,54%). Los otros lugares con mayor número de detenciones son Andalucía (especialmente en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería y Granada), Catalunya (especialmente en Barcelona), la Comunitat Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estos territorios concentran casi el 80% de las detenciones en calabozo por infracción de la Ley de Extranjería.

De las nueve mil personas encerradas en los CIE en 2013, el 47,51% no llegó a ser expulsada

Siempre según el Informe, de las casi cincuenta mil personas encerradas en calabozos fueron internadas en un CIE nueve mil aproximadamente. De las otras casi cuarenta mil no se dice nada, aunque solamente quedan dos opciones: que hayan sido puestas en libertad, generalmente tras abrirles un expediente de expulsión –en muchos de los casos después de varias noches en el calabozo, pues la policía acostumbra a estirar el período de detención hasta el máximo legal de 72 horas–; o que formen parte de las personas que han sufrido una deportación express: aquellas deportaciones que se efectúan durante el período de detención en calabozos, sin pasar por el CIE.

De las nueve mil personas encerradas en los CIE, el 47,51% no ha llegado a ser expulsada. Los porcentajes varían mucho entre los diversos Centros de Internamiento. Entre aquellos por los que pasa un mayor número de personas, el de Murcia (66,53%) y Valencia (63,64%) tienen las proporciones más altas de expulsiones; el de Madrid, una cifra intermedia (59,35%); y los de Barcelona (46,96%) y Algeciras (39,57%) tienen cifras más bajas. En todo caso, estas cifras vienen a confirmar la existencia del internamiento como medida coercitiva que cobra sentido por sí misma –mecanismo criminalizador y ejemplarizante–, más allá de su vínculo con las deportaciones.

Del total de repatriaciones, el Informe señala que se han reducido las expulsiones cualificadas un 13,93% y aumentado las no cualificadas en un 6,13%. El documento remite a la siguiente definición de expulsión cualificada: “El Ministerio del Interior creó en 2009 la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros del Cuerpo Nacional de Policía (BEDEX), cuya misión es la repatriación de delincuentes extranjeros con numerosos antecedentes penales y/o judiciales, vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad y que suponen una amenaza para la seguridad pública”.

Sin embargo, tal y como hemos desarrollado en el libro Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa, las altas cifras de expulsiones cualificadas aportadas por el Ministerio del Interior, incluso aunque se haya visto obligado a reducirlas en 2013, son sobre todo un artefacto estadístico al servicio de los intereses políticos del Gobierno. El Informe 2013 del Mecanismo de Prevención de la Tortura nada dice sobre la arbitrariedad para definir lo que es una expulsión cualificada, puesto que el Ministerio del Interior se refiere a las mismas según le conviene en cada momento: a veces la asocia a numerosos y graves antecedentes penales mientras que otras veces la existencia de cualquier antecedente penal o incluso antecedente policial –en un autoproclamado Estado de Derecho los antecedentes se debieran decidir en los juzgados en vez de en las comisarías– es razón suficiente para justificar como cualificada una deportación, por lo que puede incluirse en esta categoría, entre otras, una identificación previa en una redada racista o la venta en la “manta”.

El mecanismo de las expulsiones cualificadas es perverso, por imponer dobles y triples condenas: cárcel, internamiento y deportación, además de la prohibición de entrada en la UE, en ocasiones hasta por diez años. Es manipulador, pues la definición depende de lo que le conviene al Gobierno en cada momento. Y es mentiroso, pues las cifras están infladas y no se corresponden con la realidad.

La campaña de boicot

En las últimas semanas, coincidiendo con las convocatorias en torno al 15-J, día contra los CIE, ha arreciado la campaña de boicot a Swift Air, Air Europa y todas las empresas del grupo Globalia. Sus dueños son Juan José Hidalgo, el Grupo Matutes, Banco Popular y Unicaja. Su contrato con el Ministerio del Interior para deportar inmigrantes asciende a unos 24 millones de euros, a cobrar en dos años, desde marzo de 2013 a marzo de 2015. Los colectivos antirracistas de todo el Estado, una vez que hemos podido sacar a la luz el macabro mecanismo de los vuelos de deportación, continuaremos impulsando una campaña con la que no solo pretendemos parar los vuelos de deportación, sino mostrarlos y denunciarlos como eslabón necesario de toda una cadena de engranajes represivos ligados a la política de extranjería.

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