“Europa no es una unión social”. Poco sorprende que esta afirmación la realizase la canciller An­gela Merkel en plena campaña electoral a las europeas. El contexto: la discusión en Alemania sobre la que fuera en 2013 declarada como palabrota del año, el sozial­touris­mus, término referido a las per­sonas que se mudan a Ale­mania para, supuestamente, cobrar las ayudas estatales. El lema del partido neonazi NPD, que ha conseguido además un europarlamentario, no dista mucho del descubrimiento de Merkel: “No somos el departamento de asistencia social del mundo”.

En este momento viven en Alemania unos siete millones de extranjeros. En 2013, el saldo positivo de inmigración sumaba unas 437.000 personas, continuando con la tendencia que se registra en el país desde 2011. En el primer trimestre de 2014 aumentó el número de personas con nacionalidad rumana y búlgara en 40.000 y se espera que este número aumente hasta los 160.000 a final de año, según el Instituto para el Mercado La­boral y la Investi­gación de las Profesiones (IAB).

Según este mismo instituto, “no hay llamadas de atención estadística de que haya familias especialmente numerosas que se estén mudando en masa a Alemania” para cobrar el llamado Kindergeld. Esta ayuda es una especie de cheque-hijo que cobran los alemanes todos los meses por cada hijo que tengan, independientemente de la renta. Pero a los parados sí se lo calculan como ingresos para descontarles dicha suma de su prestación.

Aunque se estima que cada año se sumarán unas 200.000 personas más, según cálculos del instituto oficial de estadística alemán, la población activa de entre 20 y 64 años bajará en unos once millones hasta 2050. Es por ello que, a diferencia de la escasa amplitud de miras de los políticos, la agencia nacional de empleo alemana sí que ha calificado la inmigración como una “oportunidad” para el país.

“No somos el departamento de asistencia social del mundo”, decía la canciller Ángela Merkel
Algunos medios amarillistas como el periódico Bild Zeitung han publicado en los últimos meses noticias negativas en relación a la inmigración europea. Así, por ejemplo, este diario, el más leído en toda Alemania, destacaba que hasta finales de febrero eran más de 290.000 personas las que cobraban ayudas del Estado alemán. De ellas, 11.734 serían españolas.

Para la ministra de Empleo, Andrea Nahles, del partido socialdemócrata SPD, existe migración “positiva” y, por ende, negativa. La primera la componen aquellas personas cualificadas que encuentran rápidamente empleo en el país. “A la vista de la falta acusada de personal cualificado en Alemania, el número de emigrantes rumanos y búlgaros altamente cualificados e integrados en el mercado laboral no supone de ninguna forma un problema para el sistema económico y social alemán, sino todo lo contrario”, escribe la revista MiGAZIN, especializada en inmigración. El porcentaje de trabajadores cualificados y altamente cualificados entre los inmigrantes es del 20-30%, mientras que el mismo dato entre la población alemana no supone más del 10%.

La inmigración “negativa”

Para quienes no tengan dicha suerte, el gabinete de la gran coalición prepara una serie de medidas que van desde la expedición de permisos de residencia limitados a unos meses para la búsqueda de trabajo hasta la prohibición de volver a viajar al país durante los siguientes cinco años. Quienes atentasen contra las leyes podrán pasar hasta tres años en las cárceles alemanas. Hasta el momento, aquellos europeos que trabajasen en Alemania y hubiesen perdido su empleo tenían derecho a recibir el salario por desempleo y las demás ayudas sociales, el llamado Hartz IV, una vez que el primero se hubiera agotado.

290.000 personas extranjeras las que cobraban ayudas del Estado alemán. De ellas, 11.734 serían españolas

Asi­mismo, aquellos que tuviesen un empleo que no les permitiese vivir del mismo, como las personas empleadas en minijobs, tenían derecho a las mismas ayudas. El Es­tado alemán puede negar ayudas no contributivas a los europeos que solamente se muden a Ale­ma­nia para tal fin, según estableció una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el mes pasado, tras estudiar el caso de una europea a quien el Go­bier­no le denegó una ayuda económica y dar la razón al tribunal alemán que sentenció en el mismo sentido.

Las deportaciones que hasta ahora se vienen realizando tienen en hasta un 80% de los casos como lugar de destino otro país de la UE, ya que, debido a los acuerdos de Du­blín, el inmigrante que pide asilo en un país europeo ha de quedarse en el mismo. La situación para los inmigrantes que llegan a través del Mediterráneo pasando por España, Italia o Grecia es un infierno de un país a otro. Tie­nen que enfrentarse, así, a los campos de concentración de refugiados en Grecia o a los CIE en España.