El José Luis Rodríguez Zapatero de 2011 ya no era el Zapatero de la Champions League de la economía, por eso cuando dijo que se arrepentía de “no haber pinchado o intentar pinchar la burbuja inmobiliaria con la que conviví durante dos o tres años”, el mensaje sólo se comprendió en clave interna como un intento de salvar los muebles. Zapatero no sobrevivió, como presidente del Gobierno, a ese ciclo, pero la burbuja inmobiliaria sí. Al menos no decayó, o eso es lo que ha revelado el Fondo Monetario Internacional, en información publicada unos días después del anuncio del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi anunciase un paquete de estímulos al crédito en la línea de las inyecciones que la FED, reserva federal estadounidense, y el Banco Central de Japón han realizado en los últimos años. Dice el FMI que detectar la sobrevaloración de los precios se parece más a un arte que a una ciencia. Min Zhu, director administrativo adjunto del FMI, explica en su blog algunos de los detalle del informe: en 33 de los 52 países que conforman el Índice de Precios de Vivienda global se ha producido un incremento del precio de la vivienda respecto al año anterior. Motivo para estar alerta.

En España aún no se ha dado ese alza de precios, que sí afecta a países como Reino Unido o Alemania. No obstante, el mercado da muestras de volver por sus fueros. El Ministerio de Fomento publicó el 11 de junio su estadística de transacciones inmobiliarias, que ha mostrado un aumento en el primer trimestre de 2014 del 48,3% en la compra-venta de vivienda respecto al mismo periodo de 2013, sostenido en parte por la venta de vivienda a personas extranjeras, que suponen ya casi un 17% del total de operaciones.

Los datos del FMI rebajan la euforia del ladrillo que muestran las estadísticas de Fomento. Según el Fondo dirigido por Christine Lagarde, la desviación entre el precio de la vivienda y los ingresos medios de los hogares es de un 9%, una diferencia superior a la de Italia, Grecia, Portugal o Alemania. Otro dato, la relación del precio de los pisos con las rentas, también muestra un desajuste sobre el que el Fondo llama la atención: en el caso de España hay una diferencia del 17% entre las rentas y lo que cuesta hacerse con el pisito. Según cifras de 2013, el esfuerzo medio para comprar una vivienda media (de 90 metros cuadrados) es de 5,9 años de trabajo asalariado (aunque no se especifica qué tipo de empleo), cuando “los expertos” recomiendan que la cifra se acerque a los cuatro años. Y es que ya lo dijo el popular cantante Cecilio, “qué caros están los pisos”.

Y los alquileres

Mientras el FMI se preocupa ante la escalada de los precios en el contexto de la OCDE, en España el problema de la vivienda sigue atenazando a miles de hogares. A las ejecuciones hipotecarias, que alcanzaron en 2013 la cifra de 82.860, hay que sumar los desahucios por alquiler, que, en el primer trimestre de ese año suponían ya más de la mitad del total de desahucios y lanzamientos. Por este motivo, la Oficina de Vivienda de Madrid ha lanzado hoy Somos Inquilinas, una campaña específica contra los desahucios de alquiler y por el derecho a la vivienda. Con ella piden la paralización de los procesos de desahucio de vivienda habitual cuando la renta supere el 30% de los ingresos familiares y cuando se trate de familias con menores, mayores de 65 años o en situación de dependencia.

Aunque el precio de los alquileres ha descendido un 30% desde el comienzo de la crisis, las estadísticas indican que ese descenso comienza a estancarse en torno al cero. Es decir, que los alquileres han dejado de bajar. A costa de la persona que arrienda, que, tras la ley 4/2013 asumió una posición de mayor debilidad sobre el arrendador. Entre las medidas que se señalaron entonces y que comienzan a apreciarse ahora: la reducción de años en los contratos de alquiler, la carta blanca para que los arrendadores impongan aumentos ilimitados de renta, facilitada por la desindexación de los precios del alquiler, o la posibilidad de desahucios tras un solo mes de impago.

En la explicación de la campaña, la Oficina de Vivienda exige una serie de medidas para facilitar el acceso a alquileres en régimen de vivienda social y denuncia las prácticas especulativas en este sector, tradicionalmente reducido en el Estado español; un país en el que se querían propietarios y no proletarios, como dejó dicho el falangista y exministro de vivienda José Luis de Arrese, y en el que se ha conseguido que solo una de cada cinco personas viva de alquiler (un 20%) frente al 47% de la media europea. La Oficina de Vivienda pide, entre otras medidas, la derogación de la norma del desahucio exprés implementada por Carme Chacón, la derogación de la ley 4/2013 de flexibilización y fomento del alquiler, y la elaboración de una ley de arrendamientos urbanos que, acompañada de la creación de un parque público de viviendas sociales.