El Supremo evita que sus propias sentencias sobre preferentes sienten jurisprudencia
Jueces y parte: hombres de la banca en la Justicia

La presencia de figuras relacionadas con el sector financiero en la judicatura y la parcialidad de la Fiscalía dificultan los juicios por estafa bancaria.

, Madrid
26/05/14 · 8:00
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Imagen de la declaración de Elpidio Silva. / Eliezer Sánchez / DISO Press

El asesor jurídico de una entidad financiera, encargado de juzgar la estafa de las preferentes; una Fiscalía que se ha convertido en el mejor bufete de abogados en defensa de los poderosos; jueces en el banquillo antes que los delincuentes por tocar a un banquero intocable; un abogado procedente de un gran bufete a sueldo de banca y multinacionales, en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Todos ellos son casos de jueces y parte en un momento en que se suceden los conflictos judiciales que afectan al sector financiero.

El último caso conocido es la entrada, el pasado mes de abril, de Antonio Vicente Sempere Navarro en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Esta sala, encargada de juzgar los conflictos laborales, admitió así a quien había sido desde 2010 coordinador del área laboral de Gómez-Acebo & Pombo, uno de los despachos que defienden a los directivos en grandes procesos como Sintel, Caja de Ahorros del Mediterráneo o Bankia.  Pero la vinculación más evidente es el de Sebastián Sastre Papiol. El exdirector de los servicios jurídicos de La Caixa fue nombrado magistrado de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo en noviembre de 2012. Desde entonces, tiene la última palabra en casos flagrantes de estafas bancarias como las preferentes, los swaps o abusos hipotecarios.

Según publicó El Confidencial, el presidente de la Caixa, Isidre Fainé, presionó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y al presidente catalán Artur Mas para colocar ahí a su hombre de confianza. La candidatura de Sastre Papiol fue propuesta por el vocal de CiU, Ramón Camps, y su padrino fue el propio presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol.

Este mismo mes de mayo, la Sala de lo Civil del Supremo lamentaba en una nota de prensa “no poder dictar jurisprudencia sobre preferentes, ante la retirada del recurso del Banco de Santander”, que aceptó la sentencia que declaró nula la venta de preferentes y le condenó a devolver a los compradores la totalidad del importe abonado.

Para Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, “es escandaloso el papel de la Fiscalía, de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Audiencia Nacional en los casos de las hipotecas basura, que gozan de una absoluta impunidad”. Para Mayoral, “la Fiscalía se ha convertido en el mejor bufete de abogados en defensa de los poderosos”. En su opinión, el encausamiento del juez Elpidio Silva por enviar a la cárcel a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, por la compra del Banco de Miami “es un aviso a navegantes para que todo el mundo vea lo que pasa si tocas a un intocable”. El penúltimo episodio es bien conocido: la jueza que iba a juz­gar a Elpidio Silva, María Tar­dón, formó parte de la Asamblea de Caja Madrid durante el mandato de Blesa, motivo por el cual ha tenido que ser apartada.

El poder se indulta a sí mismo

No sólo Blesa. También está en el recuerdo el ejemplo de Alfredo Sáenz, mano derecha de Emilio Botín, “el banquero mejor pagado de España”, quien fue indultado por Zapatero en su último Consejo de Ministros. Y posteriormente también favorecido por el Gobierno de Rajoy a golpe de real decreto. A través de los indultos, Jueces para la Democracia ya denunció que “el poder se perdona a sí mismo”. Rafael Mayoral va más allá: “Las leyes están hechas para los poderosos. En tiempos de crisis, ellos se las saltan. Pero el problema es que los que interpretan esa legalidad también la interpretan a favor de los poderosos”.

En su informe sobre la economía española del pasado mes de agosto, el Fondo Monetario Inter­nacional (FMI) advertía de que la reestructuración bancaria y las incertidumbres que rodean a la gestión del Sareb o ‘banco malo’ “implican a muchos miles de pequeños inversores y entraña el riesgo de litigios por posibles acusaciones generalizadas de ventas abusivas” de activos como pisos, hipotecas o participaciones preferentes. Tal vez por esa razón, la banca se ha apresurado a situar a sus peones, jueces y parte, en el tablero de los tribunales, para juzgar “en función de los intereses de las entidades españolas, pero también de los fondos internacionales”, apunta Mayoral, para quien en la impunidad de la banca “la Justicia tiene una corresponsabilidad absoluta”. 

Sareb tendrá que volver a tasar sus pisos

El Banco de España (BdE) ha anunciado que dará tres años a la Sareb, o ‘banco malo’, para volver a tasar los activos --en su mayoría pisos y garantías de créditos-- que compró a la banca como parte del rescate europeo, y que valoró inicialmente en 50.000 millones de euros. El BdE pide además que la Sareb recurra a tasadoras homologadas. 

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