La aprobación de la denominada Ley de Mutuas de la Seguridad Social parece señalada en rojo en el calendario de este año del Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo no ceja, a pesar de que en enero pasado el Consejo Económico y Social (CES) rechazara su propuesta de incrementar las competencias de las mutuas al pretender cederles el poder de otorgar altas médicas en procesos de incapacidad temporal.

Uno de los aspectos más polémicos del decreto, que el Gobierno quiere implementar tras las elecciones europeas, es aquel que permitiría que las bajas médicas concedidas por la Seguridad Social en procesos no superiores a cinco días llevaran aparejadas altas automáticas, sin necesidad de un segundo control de los facultativos ni de que se vise la evolución del paciente. Los sindicatos alertan de que la Ley otorgaría un mayor poder a las mutuas, en “detrimento del enfermo”. Hasta ahora, las mutuas de trabajo privadas gestionaban en España las enfermedades profesionales de 13 millones de trabajadores y las bajas por accidente (“contingencias comunes”) de 11 millones. Con la modificación, se les daría también la capacidad de dar altas médicas desde el primer día de baja laboral por enfermedad común.

Recortes del Gobierno

En su aprobación, el Ministerio de Empleo argumenta el gran volumen de fraude por absentismo injustificado. El sindicato CC OO le responde con estudios que acreditan que entre un 17% y un 20% del fraude es cometido por las propias mutuas, al no hacerse cargo de las enfermedades profesionales y derivarlas al sistema público. Como ejemplo, remite a un informe de la Universidad Pompeu Fabra en el que se calculaba que casi 5.700 millones de euros costeados por los servicios públicos en 2009 obedecían a causas laborales y por tanto tenían que haber sido costeados por las mutuas. Paralelamente, el ministerio de Fátima Báñez ya ha hecho sus cálculos y anunciaba un posible recorte en Sanidad de 227 millones de euros, al estimar un supuesto ahorro en caso de restringir las bajas por enfermedad común mediante empresas privadas, si consigue que la Ley sea aprobada. En la actualidad, existen en España una veintena de mutuas, con unos ingresos totales anuales superiores a los 10.000 millones de euros. Fremap, Asepeyo, Universal, Fraternidad, MC Mutual son sólo algunas de ellas.

Analistas sociales y laborales denuncian los peligros en caso de traspaso del control a las mutuas y abogan porque la Seguridad Social mantenga el control de las bajas como hasta ahora. La principal novedad estriba en que se dispondrá de un plazo de cinco días desde la recepción de la propuesta de alta para comunicar la estimación de la misma o para denegarla. Si no se responde en ese plazo, la mutua dará automáticamente el alta al trabajador por silencio administrativo.

Asimismo, las asociaciones sanitarias denuncian que, mientras el sistema público de salud cierra plantas hospitalarias, se deriva a los enfermos a hospitales gestionados por una mutua o a un centro privado subcontratado por la misma para las pruebas diagnósticas y quirúrgicas, con el aumento considerable de los costes. Luisa Montes, representante de Asesoramiento y Salud Laboral de CC OO, asegura que la Ley “criminaliza a la persona enferma” al hacerla objeto de seguimientos no justificativos. Además, asegura, atenta contra el derecho a la confidencialidad, ya que las mutuas acceden a la historia clínica del trabajador sin consentimiento previo.

Igualmente, la Ley fomenta que las mutuas puedan realizar convenios con los servicios públicos de salud, acelerando pruebas médicas de aquella población que tienen en su cobertura, lo que supone un modelo distinto para las personas en activo y otro para el resto de la ciudadanía. Se prioriza la asistencia sanitaria a los primeros, saltándose las listas de espera. Esto “potencia un sistema dual del modelo sanitario, rompe con el principio de equidad y acelera la privatización de la Sanidad Pública”, recalca Luisa Montes, de CC OO.