El ex ministro de Fomento acusa al abogado Enrique Santiago de injurias y calumnias, delitos por los que pide prisión preventiva y una fianza de 20.000 euros como medida cautelar.
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“No es posible estar percibiendo dinero negro y no saber de dónde viene” es una de las frases dichas por Enrique Santiago, abogado de Izquierda Unida en la querella popular por los papeles de Bárcenas, que le ha valido una querella de Francisco Álvarez-Cascos. El ex ministro de Fomento ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo en el que pide que el abogado sea puesto en prisión preventiva y se le dicte una fianza de 20.000 euros por delitos de calumnias e injurias en relación a las declaraciones que hizo en una rueda de prensa sobre el caso Bárcenas, a principios de agosto de 2013, que fueron reproducidas por el eldiario.es, Europa Press y La Nueva España, y por la entrevista publicada también en este último medio, contra el que también ha presentado una querella y al que acusa de ejercer un “monopolio informativo” e “impedir el pluralismo político imprescindible en una democracia” en Asturias.
Álvarez-Cascos denuncia en su escrito que Enrique Santiago afirmó ante los medios de comunicación que Alfonso García Pozuelo, ex propietario de Constructora Hispánica e implicado también en la trama Gürtel, era “compañero de facultad del señor Cascos”, un dato que el ex ministro afirma que es falso. El texto de la querella también acusa al abogado por afirmar que “las grandes constructoras han determinado con sus pagos las políticas de infraestructuras: el Plan Hidrológico Nacional, los planes de Alta Velocidad o las autovías”, unas políticas que habrían sido diseñadas para el enriquecimiento de las empresas donantes al Partido Popular
Las declaraciones por las que Álvarez Cascos ha presentado la querella responden también a las declaraciones de Santiago sobre la supuesta relación entre la concesión de la obra de la M30 en Madrid a la empresa OHL, que coincidiría con un pago efectuado dos días después por la empresa, y la de la autopista Madrid-Toledo, que también coincidiría con pagos efectuados por empresas donantes al Partido Popular según los papeles de Bárcenas.
Santiago comentaba en la misma rueda de prensa que, durante el periodo de Álvarez-Cascos como ministro de Fomento, es “cuando se usa más frecuentemente la concesión directa o el sistema de convenio: invitar a un determinado empresario a participar en una obra”. Frente a ello, el ex ministro de Fomento afirma en el escrito que, durante su etapa al frente de Fomento, “se aseguraba la adjudicación con la metodología general a aplicar para la selección de la oferta más ventajosa”. Santiago ha sido citado a declarar el próximo día 16 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid.
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