Familias rotas por posibles negligencias
El drama de perder a un hijo en un mar de burocracia

La lucha de Ferdinand y Monike por recuperar a W. muestra disfunciones en el sistema de protección.

, Redacción Cantabria
13/05/14 · 8:00
Edición impresa
Ferdinand y Monike llevan cinco años luchando por recuperar a su hijo. / Joaquín Gómez Sastre / Diso Press

Pese al goteo incesante de casos con similitudes, que invitan a hacer un estudio acerca de lo que está sucediendo en el sistema de protección del menor, es difícil entender cómo se encarnan la indefensión jurídica de las familias, los laberintos burocráticos, su impotencia ante informes técnicos que consideran injustos y sesgados. El caso de Ferdinand y Monike, inmersos desde hace cinco años en un calvario burocrático para recuperar a su hijo W. es tan sólo un ejemplo.

Del maltrato a la negligencia

Ferdinand y Monike, cameruneses, forman parte de las más de cien familias que se proponen presentar, de la mano de la Asociación para la Defensa del Menor Aprodeme, una querella contra el Sistema de Protección del Menor. Llevan cinco años tratando de demostrar, sin resultados, que son buenos padres. Aunque tienen con ellos a otros dos hijos, que el Gobierno de Cantabria considera bien cuidados, han perdido a su primogénito, W.

El juicio penal ha estado condicionando el proceso civil y la sentencia absolutoria llegó demasiado tarde Su viacrucis comenzó en 2009, un día de noviembre en que el niño se torció la pierna jugando. Los padres le pusieron un vendaje y esperaron a ver si curaba: no imaginaban que se había fracturado el fémur. Al día siguiente, lo llevaban a urgencias y quedaba ingresado para ser operado. Éste había sido el sexto ingreso en un año de W., y los servicios de protección de la infancia activaron, como es preceptivo, el protocolo de protección.

Detenidos y llevados a declarar, los padres no entienden lo que está sucediendo. Pasan una noche en el calabozo -Monike embarazada de cinco meses- y al día siguiente, junto a su libertad, y pendiente una acusación de violencia doméstica, reciben la declaración de su hijo en desamparo. Intentan verle en el hospital, pero ya no es posible.

Según se desprende de las declaraciones en los juicios, los y las técnicos del Gobierno de Cantabria creen que hay maltrato, y eso acaba derivando en una acusación general de negligencia. Influye en el diagnóstico la actitud esquiva de W., que tiene cinco años y que, recién llegado de Camerún, conoce a su padre desde hace apenas un año. También puede haber desconocimiento de la diferencia cultural. La abogada del Gobierno, informada por el equipo, entiende, por ejemplo, que suministrar aceite de palma al niño cuando estaba destemplado fue un intento de envenenamiento, siendo una práctica habitual en Camerún. El equipo trabaja muy poco con los padres.

Al oír sus testimonios en el juicio se tiene la sensación de que los informes se realimentan unos a otros, que todos remiten a un informe inicial. Apenas se pide información al entorno del niño, testimonios externos que completen la observación. Por otro lado, se emiten dos informes que desestiman la existencia de malos tratos: un informe forense y el informe psicosocial, que concluye que alguno de los síntomas de maltrato, como enuresis, pesadillas o bruxismo son “compatibles con el proceso adaptativo que conlleva el cambio de país, de cultura y entorno sociofamiliar”.

En el trabajo de servicios sociales se producen, además, varias negligencias. Según señala el informe independiente sobre el expediente del catedrático de Psicología de la Universidad del País Vasco Joaquín De Paúl, y la doctora en Psicología por la misma universidad Ignacia Arruabarrena, no se lleva a cabo el “plan de caso” que sería preceptivo según el Manual de Actuación del Servicio de Atención a la Infancia, ni constan informes de evaluación 16 meses después de la declaración de desamparo. Tampoco se ofrece un “servicio de intervención familiar especializada”, preceptivo de nuevo según los manuales del propio Gobierno.

Aunque el juez decreta visitas a los cinco meses, éstas no llegan hasta nueve meses después del desamparo, y sólo por los constantes recursos de los padres. De nuevo, el fantasma del maltrato influye en las decisiones. Son suspendidas un mes después, porque el niño revela espontáneamente dónde se encuentra y porque el equipo técnicos no observa “afecto” ni evolución positiva. Los padres, en cambio, dicen que el niño decía que quería volver a casa. No se graban las entrevistas, como ordena el procedimiento. Nunca dejaron a la familia entrar con el hermano de W., por lo que alguna vez se negaron a entrar -obligados a hacerlo por separado para que uno de ellos se quedara con el pequeño-, cuestión que se interpreta como falta de colaboración de los padres. El juicio penal no llega, y el tiempo corre en contra de la reunificación familiar.

María Souto, subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria, reconoce a DIAGONAL, ateniéndose al expediente y dejando antes claro que “este caso viene de la legislatura anterior”, que, “efectivamente, podría haber una mala actuación, podría pasar igual que una mala praxis médica o jurídica”, pero que ella “no cree que sea el caso”.

Un juicio penal determinante

A juicio de Souto, el procedimiento penal abierto no ha supuesto interferencia en el civil, pero las sentencias civiles remiten al proceso penal pendiente, que tardó cuatro años en resolverse. De nada valieron los informes de psicólogos independientes, de trabajadores sociales, del colegio de W., de sus vecinos... El procedimiento penal por violencia doméstica, demorado por los recursos del Gobierno de Cantabria hasta la absolución definitiva, ha estado manchando la reputación de los padres. Al ser firme la absolución, ya habían pasado los dos años para pedir la suspensión del desamparo. Juristas consultados consideran que el procedimiento civil debería haberse detenido.

Marísa Souto señala que “la sentencia -penal- ni invalida ni deja de invalidar a los padres, dice que no han cometido delitos”, pero en esta sentencia se afirma, tras desmontar las acusaciones de violencia doméstica, que “no puede considerarse que haya una dejadez o pasividad de los progenitores en el cuidado y trato dispensado al menor”. Es el juzgado de primera instancia número 9, encargado del proceso civil, el responsable de la decisión de mantener el desamparo basándose parcialmente, en varias ocasiones, en la causa penal pendiente, aunque incluyendo la acusación de negligencia por los reiterados ingresos del niño y por la tardanza de los padres en llevarle al hospital. Llegada la sentencia absolutoria, no acepta ya revisar la situación.

“Pararemos de luchar cuando nuestro hijo esté con nosotros”, afirma Ferdinand. La asamblea ‘Libertad para W.’ les acompaña en este difícil viaje.

Tags relacionados: número 222
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

Tienda El Salto