Tras la explosión de la crisis económica y la entrada en vigor de la reforma laboral, se recortó notablemente el presupuesto destinado al servicio de prevención y extinción de incendios forestales. En lugar de la licitación que se venía haciendo se hizo una subasta del servicio (En la que se tiene en cuenta únicamente la parte económica del mismo y no las mejoras técnicas como es el caso de la licitación).

En esta subasta Infosa entró a la baja, ganando el concurso e intentando derivar la reducción de ingresos a los trabajadores mediante el aumento de las horas de trabajo y la reducción de sus salarios, no obstante los trabajadores consiguieron impedir esta maniobra organizándose para protestar y defender sus derechos laborales.

Con el aumento de la tensión en el conflicto laboral y ante lo que entendían como una actitud de desidia de su propio comité de empresa, por el que no eran capaces de tener información de qué estaba sucediendo, formado mayoritariamente por UGT y también por un miembro expulsado de CCOO, los trabajadores se pusieron en contacto con el comité de empresa de la otra entidad encargada de este servicio en Madrid, Matinsa.

En Enero de 2013 se reunen por primera vez trabajadores de Infosa con algunos miembros del comité de empresa de Matinsa en Chapinería para analizar los movimientos de la empresa y valorar el riesgo de los puestos de trabajo y las condiciones del servicio ya que se especulaba con una bajada salarial del 23 por ciento.

A causa de esta asamblea el trabajador José Sierra recibe una llamada en nombre de Juan José Martín, gerente de Infosa en la que se le presiona mediante amenazas e insultos, el trabajador tuvo la prudencia de grabar la conversación y la grabación que ha sido admitida en el juicio posterior pese a que el gerente no se reconoció a si mismo como la persona que realizó la llamada. (Esta grabación ha sido entregada a Voces de Pradillo y tras publicarla, posteriormente se nos ha solicitado por parte del trabajador su no publicación por lo que ha sido retirada de este artículo).

Un mes después de este episodio, se comunicó al trabajador una sanción disciplinaria por bajo rendimiento continuado y voluntario en el puesto de trabajo que implicaba su despido. En el juicio se desestimó por genérica esta sanción y la empresa se ofreció a otorgar el despido improcedente, pese a ello Sierra está litigando por su readmisión en el puesto de trabajo y la consideración de su despido como nulo.

Unos meses después, en junio de 2013,  los trabajadores forman una sección sindical de CNT y realizan numerosos intentos infructuosos de comunicar con la empresa. Sus burofax, llamadas y comunicaciones en busca de diálogo son ignoradas por Infosa.

Como respuesta a esta iniciativa de los bomberos forestales han resultado afectados más trabajadores, como Jose Morilla, otro de los trabajadores que se mostraron especialmente activos a la hora de oponerse a los planes de la empresa de recortar sus derechos y empeorar las condiciones laborales. Morilla interpuso una denuncia a finales de 2013 por posible vulneración de derechos del trabajador que se encuentra ahora a expensas de lo que determine la Inspección de Trabajo. El motivo fue su aislamiento del resto de compañeros mediante el confinamiento en la base de Bohadilla. El trabajador, que hasta el momento del conflicto tenía encomendadas tareas de abastecimiento a otros compañeros mediante las cuales gozaba de movilidad y capacidad para hablar con los mismos, pasa desde entonces sus jornadas laborales aislado de ellos en la mencionada base.

En este escenario Infosa, la empresa que dirige Carlos Roldán Curiel y que fue beneficiada por la decisión de su amigo Carlos Mayor Oreja de privatizar el servicio de prevención y extinción de incendios forestales, buscó implantar un convenio de empresa en lugar de atenerse como hasta el momento al convenio sectorial buscando el decaimiento de éste.

Sin embargo, un Tribunal rechazó el decaimiento del convenio admitiendo su ultraactividad y dando al traste con la estrategia de la empresa, que puso entonces sobre la mesa un preacuerdo con el comité de empresa de la campaña del año anterior sin informar ni contar con los trabajadores. En este preacuerdo se establecían condiciones y modificaciones que de hecho implican la posibilidad, materializada en marzo de este año, de eliminar las dos brigadas forestales que ahora han sido suprimidas.

El pasado mes de febrero, con los rumores de una posible modificación de los pliegos de condiciones por parte de la empresa, en connviencia con la administración, la plantilla intensificó las presiones para recibir la información que no se les estaba ofreciendo, recogieron firmas solicitando una entrevista con el director general de protección ciudadana y otras acciones, intuyendo que a sus espaldas se estaban gestando maniobras que ponían en peligro sus puestos de trabajo para ahorrar costes.

Finalmente el 31 de marzo de 2013, diez minutos antes de acabar la jornada laboral el director general de la empresa se presentaba ante los trabajadores para comunicarles que el retén de Navalcarnero dejaba de prestar servicio mientras citaba individualmente a los trabajadores en el despacho de abogados de la empresa. Una vez allí se les ofreció pasar a ser fijos discontinuos (trabajando únicamente cuatro meses al año y una indemnización de 6000 euros) o la consumación de un despido por causas objetivas. Les dieron 48 horas para tomar la decisión.

De los nueve trabajadores del retén de Navalcarnero, ocho aceptaron la primera opción y uno de ellos pidió más información y un plazo de 15 días para poder valorar sus opciones a través del abogado de CNT,  acogiéndose al articulo 12 del Estatuto de los Trabajadores. Al día siguiente se le comunicó su despido.

El conflicto laboral en INFOSA ha dejado de momento a dos personas despedidas, un ERTE que afecta a alrededor de otra decena de trabajadores, dos más separadas toda la jornada de sus compañeros y un detrimento del servicio de prevención y extinción de incendios cuyas consecuencias podrían ser muy graves en caso de catastrofe o incendios en la zona.

La plantilla, muy cohesionada, anuncia movilizaciones y acciones legales negándose a asumir los costes de unos recortes que no han decidido.