La lucha por la vivienda
Un juzgado de Tenerife rechaza el desalojo de un edificio ocupado por la Obra Social de la PAH

El auto del juzgado señala también como responsable al Ayuntamiento, al que insta a cumplir el protocolo para evitar desahucios que aprobó en 2012.

14/04/14 · 13:18

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado el desahucio de un edificio propiedad de Bankia, en el que viven seis familias en riesgo de exclusión social.

El auto del juzgado, en el que se subraya que Bankia ha recibido una inyección de capital público da por archivada la reclamación de desahucio por parte de Bankia y señala la intervención del Ayuntamiento de Tenerife como mediador entre las familias y la entidad bancaria.

“Lo interesante de este auto es que el juez ha tenido en cuenta todo lo que nosotros alegamos”, explica Inma Évora, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tenerife, quien explica a DIAGONAL que este bloque de viviendas, en la calle Juan Rodríguez Santos, fue ocupado hace más de un año por diez familias que habían sido previamente desahuciadas y que no habían encontrado otra alternativa habitacional. Cuatro de las familias encontraron una alternativa de vivienda y las otras seis decidieron permanecer en el edificio. Cuando, poco después, Bankia emprendió acciones legales contra estas familias, acudieron a la Administración para pedirles su mediación. “Están aún esperando una respuesta”, señala Évora.
 

 

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número cuatro también señala como responsable al Ayuntamiento de Tenerife, subrayando el 'Protocolo de Mediación en evitación de desahucios' que el Pleno de la institución aprobó por unanimidad en mayo de 2012 y en el que se proponían varias medidas para salvaguardar el derecho a la vivienda, como una moratoria en los desahucios de cinco años o la inclusión de viviendas propiedad de entidades bancarias en régimen de alquiler social. “Esta sentencia nos sirve para hacerles ver a los organismos públicos que lo que aprueban es vinculante y tienen una responsabilidad a la hora de dar respuesta”, señala Évora, quien explica que,a pesar de las buenas intenciones, el protocolo antidesahucios aprobado por el Ayuntamiento, al igual que otras mociones en torno al tema de la vivienda, “no está siendo efectivo” ya que en muchos casos se limita a dar una ayuda anual de 1.800 euros pero sin dar una alternativa real de vivienda. “Estas familias muchas veces vuelven a ser desahuciadas, nosotros lo que reclamamos es que se realojen en viviendas públicas, que las viviendas vacías tengan vida”

El edificio Alejandra es el único bloque de pisos ocupado por la Obra Social de la PAH en Tenerife, aunque, según explica Évora, hay muchas otras familias que han decidido residir en viviendas vacías de bancos y de protección oficial que, a pesar de la lista de espera, se mantenían vacías. Santa Cruz de Tenerife contó, en 2013, un total de 837 desahucios, según cifras del Consejo General del Poder Judicial.

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