Las cifras ya son conocidas: 207 en 2012 y 323 en 2013, más de 500 ciudadanos con pasaporte español han sido invitados a abandonar el país en los últimos años por las autoridades belgas, o, más concretamente, expulsados del sistema o "condenados a la muerte administrativa" mediante prácticas que vulneran la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. En 2013, Bélgica expulsó a 2.700 ciudadanos europeos, un año antes, las expulsiones por supuesto abuso del sistema de ayudas ascendieron a 2.400.

El incumplimiento de esa directiva por parte del gobierno belga, así como la denuncia de las cláusulas más controvertidas de la misma, ha llevado a seis integrantes del 15M de Bruselas a entregar, en la mañana del 11 de abril, un escrito de protesta ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en contra de la expulsión de ciudadanos comunitarios de suelo europeo. Las peticiones de esta índole pueden recoger firmas una vez presentadas, por lo que este grupo ha llamado a otros ciudadanos europeos afectados, especialmente rumanos y búlgaros, colectivos que sufren el mayor número de procesos de expulsión, a que se adhieran al contenido del escrito.
 

Si en enero la ministra Fátima Báñez aseguraba que al Gobierno "no le gusta" el procedimiento de expulsión de europeos en Bélgica pero que "es legal", en su carta, este grupo de españoles en el exilio laboral denuncian las prácticas irregulares del gobierno socialdemócrata de Elio Di Rupo a la hora de iniciar procesos de expulsión, ya que el Estado cruza datos de extranjeros registrados en el organismo encargado de ayudas sociales CPAS, con la oficina de extranjería, lo que supone una vulneración de la ley de protección de datos establecida por la normativa europea. Asimismo, las órdenes de expulsión, dice 15M Bruselas en su carta, están afectando a personas independientemente de su arraigo en el país y de su participación en programas de búsqueda activa de empleo. La práctica de la Administración belga pasa por encima, además, del veto de la Directiva Europea a llevar a cabo prohibiciones de reentrada en el país de aquellas personas que hayan sido expulsadas.

Más allá de esta omisión del texto básico de la libertad de movimientos a nivel europeo, el 15M de Bruselas se ha detenido también a criticar la Directiva en sí, que ha servido para fomentar legislaciones en clave nacional que justifican "la xenofobia, la desigualdad" y que constituyen "un duro golpe a uno de los pilares de la construcción europea". En concreto piden que se retire la exigencia que establece el texto para condicionar la residencia a la exigencia de recursos suficientes y seguro de salid suficiente con que la 2004/38 acota el derecho a la libre circulación de las personas.