La presidenta andaluza, Susana Díaz, desautoriza a su consejera de vivienda por la Corrala Utopía
Por qué el debate de las listas de espera de vivienda es una trampa

Una ley andaluza prevé los realojos de familias con necesidad urgente de vivienda sin pasar por los registros de demandantes de pisos protegidos. La polémica sobre el realojo de la Corrala Utopía deja fuera del debate la existencia de 700.000 pisos vacíos de los bancos en la región.

10/04/14 · 17:45
La Corrala Utopía, origen aparente de las fricciones entre PSOE e IU en el Gobierno andaluz, fue ocupada por el movimiento 15M en 2012. / Hazeina Rodriguez

La polémica que ha puesto en peligro la estabilidad del Gobierno andaluz ha tenido su origen inmediato en el compromiso anunciado por su consejería de vivienda de realojar a 10 familias de la Corrala Utopía, el edificio propiedad de Ibercaja que fue recuperado por el 15M en mayo de 2012 y que inauguró el movimiento de corralas -bloques vacíos ocupados para realojar a personas sin acceso a una vivienda digna- en la región. La presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), ha desautorizado a su consejería y ha asegurado que realojar a estas personas sin pasar por la lista de espera - en realidad, los registros municipales que en Andalucía funcionan para solicitar vivienda protegida- supone un acto de prevaricación. No obstante, las propias normas municipales andaluzas contradicen a la presidenta y prevén situaciones como ésta. Aún así, la palabra introducida como tema de conversación por la Junta está teniendo un fuerte efecto polarizador sobre una práctica -la recuperación de viviendas vacías en manos de los bancos- que cuenta con un fuerte apoyo social. 

El ayuntamiento de Sevilla permite eludir la obligación del registro en el listado de pisos municipales a familias que ingresan hasta 15.975 euros anuales
La decisión de Fomento de Vivienda no supone una excepción ni un desborde de las atribuciones en esta materia. El artículo 13.1b del Decreto 1/2012, que regula estos registros municipales para darse de alta como solicitante de vivienda protegida, permite la adjudicación excepcional de viviendas a familias en riesgo de exclusión social. Se pueden incluso citar ejemplos concretos solicitados por el propio PSOE: en agosto de 2012, el grupo municipal socialista de Cádiz solicitó a la alcaldía de Teófila Martínez (PP) el realojo de unos vecinos que vivían en la sexta planta de una clínica. "Ella debe dar solución en el realojo a estos vecinos y aplicar en este supuesto lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza Municipal de Conservación y rehabilitación y en el articulo 6 de la Ordenanza de Infravivienda, porque lo contrario supone dejar abandonadas a su suerte a estas cuatro familias", argumentaba, ordenanza en mano, el PSOE de Cádiz.

"Resulta sorprendente la argumentación de Susana Díaz cuando la propia ley vigente establece la excepción a la adjuficación con base el reglamento de vivienda", coincide Eduardo Zorrilla, concejal de IU en Málaga. El representante señala a DIAGONAL que el IVIMA, la empresa municipal de vivienda de esta ciudad, hace al mes entre 10 y 20 adjudicaciones extraordinarias a familias en grave situación de exclusión social. "Somos muy escrupulosos y siempre exigimos el informe social", señala, y destaca que el PSOE desde hace dos años "siempre ha votado a favor" de estas adjudicaciones. "Unos casos son más graves que otros, y los más graves son los de familias que se quedan en la calle, como ha sido el caso de la Utopía". Estas adjudicaciones, afirma, no son exclusivas de Málaga y se dan "en todas las ciudades grandes con un parque público de vivienda".
 

 

El propio ayuntamiento de Sevilla (PP), que se ha negado a realojar a las familias en el parque público municipal, utiliza un baremo similar. En un acuerdo del pleno del 30 de octubre de 2013, la empresa municipal de vivienda (Emvisesa) creaba un mecanismo excepcional para el acceso a la vivienda pública hogares "con necesidades urgentes de vivienda social". El acuerdo permite a estas familias ser incluidas en pisos del ayuntamiento al margen de "la obligación de adjudicación de registro público municipal" siempre que demuestren ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM anual en vigor. Es decir, el ayuntamiento permite eludir la obligación del registro en el listado de pisos municipales a familias que ingresan hasta 15.975 euros anuales. El pleno de Emvisesa también acordaba esta medida para unidades familiares "en grave situación de exclusión social" o "en proceso de realojo". Firma el documento el alcalde y presidente de Emvisesa, Juan Ignacio Zoido.

La consejería de vivienda andaluza estima que alrededor de un 8% de los pisos protegidos en régimen de propiedad están vacíos En datos remitidos a un informe del Defensor del Pueblo del año 2012, la Junta de Andalucía cifraba en 29.251 el número de pisos con algún tipo de protección en esta comunidad autónoma y en más de 82.000 el número de personas solicitantes de estas viviendas, siempre a través de los registros municipales de vivienda. El Gobierno andaluz estimaba que alrededor de un 8% de los pisos en régimen de propiedad, y un porcentaje mayor sin especificar de pisos en régimen de alquiler estaban vacíos, lo cual dejaba la cifra total en cerca de 2.300. La consejería de Fomento de Vivienda, ya en manos de la consejera Elena Cortés (IU), valoraba que el principal motivo para la existencia de vivendas protegidas vacías eran "principalmente los problemas que las entidades financieras están poniendo para el crédito a los posibles adquirentes, así como a la inseguridad laboral, que retrae la demanda de este tipo de viviendas".

La arquitecta y experta en políticas de vivienda, Raquel Rodríguez, señala a DIAGONAL que parte del origen del problema está en la propia forma en que se ha diseñado la política de vivienda protegida. “La vivienda protegida la ha hecho mayoritariamente el promotor privado. Y normalmente es la propiedad la forma de acceso. ¿Qué familias registradas en las listas municipales van a tener un crédito disponible para acceder a esa vivienda protegida?”, sostiene. Algo en lo que coincide Marta Solanas, también arquitecta y miembro de la Intercomisión de vivienda 15M, el grupo que impulsó junto con las vecinas la recuperación del edificio vacío de Ibercaja que se convertiría en la Corrala Utopía. Para Solanas, “el problema de los últimos dos o tres años de crisis es quién está consiguiendo VPO, no la gente más necesitada, sino la gente que tiene acceso a crédito”.

“El problema de los últimos dos o tres años de crisis es quién está consiguiendo VPO, no la gente más necesitada, sino la gente que tiene acceso a crédito”Las palabras de Susana Díaz, y el gesto que las afirma --la retirada de la competencia en gestión de VPO a la consejería de vivienda detentada por sus socios de IU-- apuntalan la competencia entre pobres por recursos aparentemente escasos. Visto el desnivel entre demanda y oferta de vivienda protegida, las palabras de Díaz parecen tener sentido, y con ella las listas de espera. Pero la ley antidesahucios de la consejería ampliaba el foco y apuntaba -si bien tímidamente- al grueso del parque de vivienda vacía existente en Andalucía: las 700.000 pisos en buena parte en manos de la banca rescatada con dinero público. En la provincia de Sevilla, estos pisos podrían alojar a más del 10% de la población, según el censo del INE recogido en 2011. Hundida la ley por los dos torpedos lanzados desde el Gobierno central a instancias de la Troika, quedan las recuperaciones de corralas promovidas por los grupos stop desahucios y la propia práctica generalizada de la okupación en la mayoría de barrios populares -y algunas urbanizaciones desiertas- del país.

Juanjo, miembro de la intercomisión de vivienda del 15M de Sevilla, es un buen conocedor del proceso interno de la Corrala Utopía y tiene claro que detrás de la polémica hay algo más que una cuestión formal. "Tanto los bancos como los ayuntamientos llevan años negociando realojos con familias que han ocupado", sentencia. En el caso de la Utopía, la propia Ibercaja incluyó a algunas vecinas en su programa de alquileres sociales "llave solidaria". "Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Sevilla, y ahora también la Junta, quieren que esto se haga por lo bajo, no quieren que esto no sea un ejemplo", dice, y añade que la propia jurisprudencia europea "llevada al límite establece que las administraciones tienen que dar una vivienda a las personas que lo necesitan", en referencia al requerimiento del tribunal de Estrasburgo que solicitó a las administraciones una alternativa para las familias de la Utopía a escasos días de su desalojo.
 

 

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

5

  • Este comentario, destinado a "diengo", el primero de los registrados, quiere plantear una breve aclaración¨:  a pesar del esfuerzo crítico y pretendidamente radical de "diengo" no puede proponer una conclusión (la "hipocresía" política de la consejera de vivienda andaluza y la hipotética búsqueda de rentabilidad política) a partir de una premisa falsa. No es cierto que la Junta de Andalucía - y más concretamente la Consejería de Vivienda- sea juez y parte como señala "diengo". El desalojo de la corrala "La Utopía" es ejecutada por el ayuntamiento de Sevilla después de ser dictada una resolución judicial. Naturalmente que es criticable la "notable diligencia" del ayuntamiento sevillano, regido por el PP, diligencia que solo hacen efectiva a la hora de reprimir, expulsar, desalojar, etc. pero nunca para dar solución a los problemas. Lo que sí hace la consejería de Vivienda (IU) es dar una solución inmediata al problema real, concreto y evidente del realojo de familias que han dejado, sin más, en la calle. Eso, mi querida o querido "diengo", sí es tomar una decisión radical. siento que no le haya gustado. 
  • |
    diengo
    |
    13/04/2014 - 1:35pm
    que la situación se ha convertido en de lo más delirante bien lo refleja la expresión popular: "no se puede ser juez y parte", pues es el mismo gobierno de coalición el que ha desalojado a los vecinos de la Corrala y para reparar el desaguisado de reprimir un movimiento social al que pretende liderar IU no hace otra cosa que dar la zanahoria después del palo... populismo exacerbado cuanto menos... que nos va llevando a situaciones cada vez más parecidas a las del campamentismo latinoamericano: acompañar a un partido a pies juntillas adonde vaya para poder tener una vivienda... quizás lo más ridículo de todo es observar la necesidad de informes sociales, de mínimos de renta (métodos de investigación personal por otro lado poco dignificantes) que la consejería de vivenda reclama a los desahuciados mientras se le llena la boca de basura populista sobre derechos sociales a una vivienda digna y cosas parecidas. Visto está que la autogestión no puede ser un medio para fines políticos, salud.
  • |
    rojavioleta
    |
    11/04/2014 - 7:27pm
    Porqué la consejera no dice cuanta gente tiene censada en riesgo de exclusión social que necesita urgentemente una vivienda? porqué no hace con los pisos de protección oficial una parque de viviendas para alquiler social? Muy cerca de donde está la corrala hay un asentamiento de chabolas, el vacie, donde viven niños y más de 50.000 personas, la mayoría en evidente exclusión social que llevan años reclamando una vivienda digna... porqué a lxs de la corrala antes? no será pura demagogia y populismo? no será por la foto? no será por las elecciones? Porqué no da explicaciones la consejera? a qué espera? Porqué no dan las casas con la misma facilidad y ausencia de criterio en los ayuntamientos donde gobierna IU? 
  • |
    past el pasado
    |
    11/04/2014 - 12:08pm
    E dalle, pero vAMO a ver alma de cántaro, ¿tú te has leído el artículo? ¿O simplemente lees titulares y sueltas la misma chapa en cada web? En serio creo que hay una legión de diletantes de la agonía, que disfrutan hablando sin pensar, no vayan a parecer tontos... Un saludo al equipo de diagonal, medios como este nunca sobraron.
  • |
    De izquierdas
    |
    10/04/2014 - 8:28pm
    Y la pregunta es: ¿todas las personas que ocupaban la corrala están en esa situación de exclusión social? Ya está bien de hacer demagogia con este tema. ¿Que han tenido dos narices por ocupar las viviendas? Innegable. ¿Que deberíamos hacerlo todos los que necesitamos una vivienda? Pues quizás también sea sí la respuesta. Pero no por ese gesto tienen que saltarse a gente que está en la misma situación de exclusión (o no tanta exclusión...). Justicia social. Para todos, no imposiciones. Y por supuesto esta política de salir en la foto va a tener consecuencias negativas para IU que no piensa en los demandantes de VPO, votantes suyos también, realmente jodidos a los que torea con esta decisión.