La oposición de los sindicatos ha surtido efecto: la Audiencia Nacional ha anulado el ERE de Tragsa y su filial Tragsatec y ha ordenado la readmisión de todos los despedidos.
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El Expediente de Regulación de Empleo de la empresa pública Tragsa ha sido anulado por la sala de lo social de la Audiencia Nacional, ordenando desde el lunes 31 de marzo la inmediata readmisión de los despedidos junto al abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia ha venido precedida por la demanda presentada por sindicatos y comités de empresa, impugnando la situación de despido colectivo.
La Audiencia Nacional basa su anulación en la falta de documentación contable requerida a la empresa, falta de concreción en las causas invocadas en la comunicación de despido y por los arbitrarios y subjetivos criterios para determinar los despidos en la plantilla, sin respetar los principios de mérito, igualdad y capacidad.
La empresa pretendía, por tanto, sentar un precedente para facilitar aún más los despidos colectivos en el sector público. Esta decisión afecta tanto a Tragsa como a su filial Tragsatec, ya que la sentencia constata que tienen una estructura organizativa común, una actuación unitaria en su gestión y objetivos, y forman de hecho un grupo único de empresas a efectos laborales.
En un manual de la empresas la prioridad del despido se basaba en criterios subjetivos, como “mostrarse distante o esquivo” o el hecho de mostrar una “actitud crítica” La Audiencia ha resaltado que, después de aplicar el ERE, la Dirección adoptó un manual de selección de personas candidatas al despido que no contó con la correspondiente negociación con los comités de empresa. En dicho manual se basaba la prioridad del despido en criterios subjetivos, como “mostrarse distante o esquivo” o el hecho de mostrar una “actitud crítica” con la empresa.
En ese mismo período de ejecución de despidos, desde UGT se ha denunciado que éstos no han afectado a ningún puesto directivo, gestor o alto cargo, pese a su sobredimensionada directiva nacional y regional. Por el contrario, Tragsa contrató a tres nuevos directivos vinculados al Partido Popular, como Luz Reverón, exdirectora de la Administración General del Estado en La Gomera, y absuelta de prevaricación diez días antes de firmar con Tragsa por un caso de corrupción como concejala de Urbanismo.
Los sindicatos celebran
La empresa se ha limitado a decir que acata la sentencia de la Audiencia Nacional, y que se encuentra valorando las medidas a adoptar para adecuarlas al contexto actual de la empresa. Los sindicatos CGT, UGT, CCOO y CSI-F han celebrado la decisión y se han mostrado satisfechos, exigiendo asimismo el inmediato cumplimiento de la sentencia. Los sindicatos, además, llevan varios meses denunciando las continuas irregularidades que estaba cometiendo la empresa, como la pronta aplicación del ERE sin esperar la resolución judicial, dejando en la calle, entre la empresa matriz y su filial Tragsatec, a 347 personas, siendo mujeres dos tercios de las mismas, pese a no ser un número proporcional a la composición de la plantilla.
Los despidos han recaído principalmente en madres de familia, muchas de las cuales se encontraban de permiso por riesgo biológico durante el embarazo Los despidos han recaído principalmente en madres de familia, muchas de las cuales se encontraban de permiso por riesgo biológico durante el embarazo, en actitud de discriminación laboral con tintes machistas. UGT ha destacado también una posible vinculación entre personas despedidas y situación de sindicalización, ya que un 30% del total de despidos se han efectuado sobre personas vinculadas a la Federación de Servicios Públicos de UGT.
La representación del sindicato CGT anuncia que exigirá la dimisión de todo el Comité de Dirección del Grupo Tragsa por intentar desmantelar y privatizar al grupo, mientras que se ha obviado el beneficio social que representan estas empresas públicas por sus trabajos en medio ambiente, ganadería o control alimentario en todo el Estado español.
Fuentes del sindicato resaltan la importancia de la lucha contra los procedimientos de despido colectivo, felicitando a la plantilla por su implicación en esta lucha. Por su parte, José Manuel Pérez, secretario de desarrollo de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC OO, ha calificado como "muy positiva" la sentencia, a la vez de anunciar que su sindicato va a pedir la ejecución de la sentencia para la inmediata reincorporación del personal despedido.
En todo caso, los sindicatos remarcan que es probable que la empresa vaya a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, lo que obligaría a esperar aproximadamente un año y medio. En todo caso, si no se efectuaran las debidas reincorporaciones de la plantilla y el Supremo ratificara la decisión de la Audiencia Nacional, la empresa correría con los gastos de los salarios de tramitación correspondientes a todo ese tiempo.
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