El cambio de sección en la sala de lo contencioso-administrativo puede favorecer la licencia de obras
Grupos ecologistas acusan a los jueces de maniobrar para mantener en pie El Algarrobico

Greenpeace, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción rechazan la última sentencia que da un giro radical a los 20 pronunciamientos judiciales que declaraban, hasta el mes pasado, que El Algarrobico es ilegal. Los grupos ambientales han denunciado a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dictaron la sentencia del 21 marzo.

11/04/14 · 8:00
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La Junta de Andalucía y diversos empresarios y alcaldes vinculados al PP y al PSOE se han empeñado en que El Algarrobico termine de construirse. / Álvaro Minguito

“Algo huele muy mal dentro del Tri­bunal Superior de Justicia de Anda­lucía y de la política. Hemos pedido a la Fiscalía Anticorrupción que intervenga. Ese cambio de sección, en la última sentencia sobre El Alga­rro­bico, no tiene ninguna justificación. Es la primera vez que ocurre algo así”, afirma a Diago­nal Pilar Mar­cos, responsable de Costas de Green­peace.

Marcos se refiere a la sentencia del 21 de marzo pasado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que dictamina ahora que el suelo donde se levanta el hotel El Alga­rrobico, en la playa del mismo nombre, en Carboneras (Almería), es terreno urbanizable. Esta sentencia echa por tierra el último dictamen, de septiembre de 2011, y todos los anteriores, en total 20 pronunciamientos judiciales que declaraban El Algarrobico ilegal.

La sentencia ha salido adelante gracias a una maniobra por la que los tres ponentes pertenecientes a la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA y su responsable ‘sacan’ de la sección primera el asunto de El Algarrobico, aunque esta sección es la competente para asuntos de medioambiente.

Luchar contra un gigante

José Ignacio Domínguez es el abogado de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, de Ecologistas en Ac­ción y Greenpeace en este caso. Lleva años luchando en los tribunales, de forma altruista, contra la empresa constructora Azata Sol, el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía. Domínguez califica de “atropello” la última sentencia de El Algarrobico: “Sacan el asunto de la sección primera y en tres días dictan sentencia y, sin que nadie se lo solicite, los magistrados emiten sus propias conclusiones. El cambio de sección es un proceso irregular. Los 28 pleitos que hay sobre el Cabo de Gata los está tramitando la sección primera”, afirma el letrado.

El cambio de sección es un proceso irregular. Los 28 pleitos que hay sobre el Cabo de Gata los está tramitando la sección primera”, afirma el letrado Tanto Marcos como Domínguez hacen hincapié en que, además, no han dado la posibilidad a las partes personadas de recurrir ese traslado del caso y el fallo. Incluso la propia sentencia señala que frente a la misma “no cabe recurso”.

Son 20 años de lucha contra un monstruo de hormigón construido en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, a 14 metros del mar, en zona de protección maritímo-terrestre, según la Ley de Costas de 1988, que establecía un límite de 100 metros. Tampoco se ajusta a la Ley de Costas de 2013 que reduce el dominio público de las playas a 25 metros. 411 habitaciones y 21 pisos de altura en una zona virgen, una pirámide que abraza a una de las montañas de este litoral, horadada y destrozada hasta colmarla de cemento. Una mole pintada de blanco que mira al mar.

La historia contra El Algarrobico es larga y está plagada de denuncias. “Son más de 20 sentencias contra el hotel, contando las que se refieren también a la invasión de la playa”, señala Pilar Marcos, de Greenpeace. La mayoría han acabado dando la razón a los grupos ecologistas. Fue en 2006 cuando un auto del Juzgado nº 2 de Almería paralizó cautelarmente las obras del hotel.

“Ahora hemos retrocedido a 2006 –afirma Marcos–, vamos a interponer un recurso de casación al Su­premo para que se pronuncie”. Para el abogado de las tres organizaciones ambientales lo sucedido es tan escandaloso que hasta el propio presidente del TSJA, Lo­renzo del Río, reconoce que esto no es normal y en unas declaraciones recientes se muestra molesto con el cambio de sección llevado a cabo por el jefe de la sala contencioso-administrativa del TSJA, Rafael Toledano Cantero, y por el fallo de los tres ponentes, las magistradas María To­rres Donaire, María del Mar Jimé­nez Mo­rera y el magistrado Jorge Muñoz Cortés. Por su parte, Sal­vemos Mo­já­car ya ha presentado una querella dirigida a estos jueces, incluido el jefe de la sala.

Un sinfín de sentencias

En los últimos 20 años se acumula un listado de sentencias que casi habían dado por zanjado el asunto del hotel y cuyo final era la demolición. Sin embargo, en ese tiempo, la intervención de la Junta de Andalucía ha contribuido a confundir de forma intencionada el procedimiento, incluso alterando los planos del Parque Natural.

Eso fue lo que ocurrió en 1997 cuando la Junta publicó tres nuevos planos donde se cambió la clasificación de los terrenos, para poder urbanizarlos, sin someterlos a exposición pública y sin sacar a la luz ningún expediente aunque así lo exigen las normas de ordenación del parque. Tres años antes, los mapas que presentó la Junta indicaban lo contrario: que no se podía construir sobre los terrenos de El Algarrobico.

Pero incluso la misma sección que acaba ahora de sentenciar que sí son terrenos urbanizables, en junio de 2012 declaró que no lo eran y dictaminó que El Algarro­bico se encontraba en una zona protegida. Entonces, de nuevo, la Junta tuvo que rectificar y considerarlos no urbanizables.

“La Junta de Andalucía miente a la opinión pública. Ha presentado planos falsos para enmarañar los juicios”Tres años antes, en el plan de ordenación de 2008, la Junta había modificado la calidad de los terrenos y los pasó “de protección especial a zona degradada”. Por eso, los grupos ecologistas manifiestan que la Administración más interesada en que El Algarrobico salga adelante ha sido siempre la Junta de Andalucía, con Manuel Chaves al frente. Para Jaime del Val, portavoz de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, es falso que la Junta de Andalucía vaya ahora a luchar por la demolición del hotel como ha declarado la presidenta andaluza, Susana Díaz, tras conocer la última sentencia.

“Es todo mentira. Llevan muchos años mintiendo a la opinión pública y lo que han hecho en todo este tiempo es enmarañar los juicios presentando documentación falsa. No quieren que se reconozca que ellos han falsificado los planos del parque natural”, afirma Del Val a DIAGONAL.

Pero no sólo es cosa de la Junta: el exalcalde socialista de Carbone­ras, Cristóbal Fernández, se empeñó también en sacar adelante El Alga­rro­bico. En 2009, seguía sosteniendo que los terrenos eran aptos para levantar el hotel, a pesar de las sentencias existentes. Fer­nán­dez fue imputado por ello. Por otro caso –presiones para conseguir votos en su localidad– fue condenado por los tribunales e indultado después, junto a su hermana, exconcejala, en Consejo de Minis­tros del Gobierno por José Luis Rodríguez Zapatero.

También el actual alcalde de Carbo­neras, Sal­vador Her­nández, del Gicar –Grupo Independiente por Carbo­neras– en coalición con el PP, ha estado imputado por presunta prevaricación, tras una denuncia de Ecologistas en Acción, al no modificar la calificación de los terrenos de El Algarrobico durante su mandato, a pesar de que en la votación del anterior equipo de Gobierno se manifestó en contra de la construcción del hotel.

Vínculos con el PP

Los grupos ecologistas señalan que la artimaña de la sala tercera del TSJA pretende no sólo que no sea demolido el mastodóntico edificio, sino que se acabe de construir. “En la licencia de obras tenemos todas las alarmas encendidas. Es muy grave porque la sentencia [sobre la anulación de la licencia de obras] existe desde hace años y, de repente, cuando además el TSJA nos había anunciado a las partes que el fallo se iba a producir el 25 de febrero, la retrasan y aparece otra sentencia que da un giro a las anteriores”, dice la responsable de Costas de Greenpeace. Para el letrado de las organizaciones ambientales, esto es una medida clara para terminar las obras del hotel: “Se ha sacado de la sección primera para ‘canalizar’ las sentencias sobre el hotel que están por llegar, entre ellas la licencia de obras, y ésa sí que no se puede recurrir”, afirma Domínguez.

El constructor cuenta con buenas relaciones con el PP y ha sido suegro del exconsejero Juan José Güemes El abogado apunta que la sección tercera del TSJA, con esta decisión de ‘apropiación’ del caso de El Algarro­bico, también “está vulnerando los efectos de la cosa juzgada. Cuando hay un asunto en el que se dan los requisitos de igualdad de partes, igualdad de objeto e igualdad de planteamiento, que no se haya añadido nada nuevo [en lo que se dirime], es cosa juzgada. Nadie puede entrar a ponerlo en duda”, explica.

Al frente de El Algarrobico está la empresa Azata del Sol, propiedad de José Domingo Rodríguez Losada, que cuenta con excelentes relaciones con el PP e incluso fue suegro del exconsejero Juan José Güemes. Rodrí­guez Losada se ha enriquecido con pelotazos urbanísiticos en Marbella y en municipios del norte de Madrid donde mantiene negocios con alcaldes de la trama Gürtel y es íntimo amigo de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP madrileño, implicado en el “Tamayazo”.

Sobre el hotel de El Algarrobico, emblema de la lucha del movimiento ecologista, pesaba el fantasma de la demolición, pero ahora, el monstruo del hotel amenaza con resucitar.

1.500 viviendas, ocho hoteles más y un campo de golf junto a El Algarrobico

El Algarrobico invade los 100 metros del dominio público marítimo-terrestre que exigía la Ley de Costas de 1988. La planta baja está construida a 47 metros del mar y a 14 la piscina y otras dependencias del complejo. Con la reforma de esta ley, en 2013, el límite de protección se redujo a sólo 25 metros. El litoral español cuenta con más de 8.000 km de costa y son cientos los casos de construcciones ilegales, pero el de El Algarrobico es especialmente grave.

Además, la última sentencia abre la puerta a legalizar otro sector colindante con el hotel, que proyectó la construcción de ocho hoteles más, 1.500 viviendas y un campo de golf. Greenpeace recuerda que han pasado ya ocho años desde que se prometió la demolición inmediata del hotel y apunta que si el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificó la nueva Ley de Costas, porque se evitarían nuevos algarrobicos, “puede ahora poner en práctica” dicha ley.

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comentarios

1

  • |
    Mario Utopía
    |
    12/04/2014 - 8:21pm
    Esto es claramente un caso de corrupción judicial y político, la corrupción esta generalizada en este país, que lastima y que Hotel hecho con tan mal gusto además de ser ilegal.
  • Tienda El Salto