Denunciaron malos tratos, los expulsaron inmediatamente y dos años después la justicia ha ordenado investigar si sufrieron torturas en el Centro de Internamiento de Extra­njeros (CIE) de Zapa­do­res, en Valencia. Esta agresión a cinco argelinos forma parte de las 31 denuncias individualizadas de malos tratos y dos casos de palizas colectivas que acumula este centro desde 2012, según los testi­monios documentados por la Cam­paña por el Cierre de los CIE, plataforma estatal que en Valencia integra a una treintena de organizaciones sociales que acompañan a las personas migrantes encerradas para ser expulsadas por carecer de permiso de residencia aunque no hayan cometido ningún delito.

La Audiencia de Valencia reconoce que en el juzgado donde se interpuso la denuncia “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”En el informe "¿Cuál es el delito?", elaborado dentro de la campaña, se recogen denuncias de castigos físicos, golpes, insultos y vejaciones, pero hasta la fecha no ha habido ninguna condena porque las víctimas –e incluso los testigos– son deportadas casi sistemáticamente cuando acuden a la justicia. Esto provoca el archivo de la investigación al no poderse realizar nuevas diligencias. Sin embargo, dos recientes decisiones judiciales abren la posibilidad de esclarecer lo que pasa en el interior de Zapadores: la reapertura del caso de los cinco argelinos y la imputación a un policía por golpear y humillar a otro interno.

El pasado 6 de marzo, la Audien­cia de Valencia acordó que se indague si alguno de los policías identificados por cinco jóvenes argelinos –tres de ellos aseguraron ser menores– fue el autor de los golpes que recibieron en abril de 2012, ya que en el juzgado donde se interpuso la denuncia “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”.

Estos chicos habían llegado a las costas de Almería después de jugarse la vida durante veinte horas de travesía desde Argelia. Fueron recluidos en el CIE de Zapadores y en la noche del 28 al 29 de abril un policía les golpeó repetidamente con las manos y con la porra, infligiéndoles graves contusiones en la cara, cuello, torso y brazos, según denunciaron. Las víctimas declararon ante el juez que el agresor fue un policía con color de pelo “rojo” o “rubio”, “grande”, de “complexión fuerte” y “con patillas”.

Los equipos médico y jurídico de la campaña documentaron las lesiones y solicitaron que se paralizara la expulsión. No obstante, fueron deportados y un año después el juzgado los citó a declarar. Ante la imposibilidad de desplazarse a Valencia –entre otras razones, porque las autoridades españolas no se lo permitían–, los jóvenes se mostraron dispuestos a ratificar su denuncia en el consulado español en Argel, pero el juez archivó el caso sin practicar nuevas diligencias. Ahora la Audien­cia ha revocado esta decisión y ha ordenado que se tome declaración al policía identificado por las víctimas, pero si su testimonio no se confronta con el de los jóvenes se corre el riesgo de que se produzca el archivo definitivo fundamentado únicamente en la versión policial, advierten fuentes de la campaña.

Imputado un policía

En octubre de 2013, un grupo de internos de Zapadores protagonizó una huelga de hambre para protestar por su situación y hubo un intento de fuga. Cinco de ellos denunciaron en el juzgado que, en represalia, algunos policías los sometieron a agresiones físicas, vejaciones e insultos. En sus declaraciones explicaron que, sin mediar violencia por su parte, varios policías les dieron puñetazos y patadas, les retuvieron en el suelo apretándoles el cuello con la bota y les escupieron mientras les decían “hijo de puta” o “moro de mierda”.

Redouan Bader Din, una de las víctimas, aseguró que el domingo 13 de octubre un agente le obligó a acudir al baño, donde no existen cámaras de vigilancia, y le golpeó con el puño cerrado en su pómulo izquierdo. Después, le cogió del hombro fuertemente y le obligó a abrir la boca, le escupió dentro y se marchó, según relató. El joven argelino explicó que se sintió vejado y humillado, incluso vomitó “por el asco” que le daba y no pudo dormir aquella noche. Dos días después interpuso una denuncia en la que describió físicamente al agresor ya que no pudo facilitar su número de placa porque, contraviniendo la normativa vigente, no la mostraba. La jueza y el fiscal del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia decidieron imputar al policía acusado por Bader Din. En el interrogatorio, el agente negó los hechos, pero la jueza ha decidido mantener la imputación y, además, ha solicitado sus antecedentes penales y ha citado a declarar a otros dos policías.

Pese a que son frecuentes las denuncias interpuestas en los juzgados contra las actuaciones de agentes de la policía dentro de los CIE, no es tan normal que se llegue a celebrar juicio. El 3 de marzo comenzaba en Barcelona el primer juicio penal producto de la denuncia de un interno del centro de Zona Franca por presuntos abusos policiales sufridos en este centro. Además, la Audiencia de Málaga juzga los presuntos abusos sexuales cometidos contra internas del antiguo CIE malagueño de Capuchinos y en Madrid prosigue la investigación penal por la muerte de la interna Samba Martine en 2011. Según la plataforma Tanquem els CIE, en el caso de Zona Franca “la celeridad de la acusación y del juzgado” ha sido determinante para que el centro haya entregado la grabación de vídeo donde aparecen las imágenes de la supuesta agresión.