A finales de 2014, todos los vehículos de recogida de sangre del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid habrán sido entregados a Cruz Roja sin ningún tipo de compensación. En este pack-regalo también se incluirá todo lo necesario para realizar las colectas de sangre: entre otras cosas, 800.000 tubos y 140.000 recipientes cada año. Por si fuera poco, la Comunidad pagará a Cruz Roja por cada bolsa de sangre recolectada 67 euros, más de nueve millones de euros al año.

La comunidad entregó sin concurso la recogida de la sangre a Cruz Roja y le pagará por adelantado un total de 9,3 millones de euros al año Deli Edreira es una de las trabajadoras del Centro que se oponen a este convenio. Junto con decenas de personas, organizadas en la Aso­ciación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma), estuvo encerrada desde el 3 de febrero para frenar esta “privatización encubierta” e impedir el des­pido de 130 trabajadores. Consi­guie­ron man­tener la plantilla, pero no pudieron detener el convenio.

“Si durante los últimos 25 años el centro ha venido realizando estas funciones con total eficacia y garantía de calidad, no tiene sentido que ahora se paguen casi diez millones de euros al año a una entidad externa por realizar esas mismas funciones”, dice Edreira.

El ex consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty fue el impulsor e ideólogo de este convenio, lanzado unos meses antes de ver fracasado su plan de privatización de seis hospitales de la Comunidad y de presentar su dimisión. Desde Adecetma denuncian el “trato especial” ofrecido a Cruz Roja, en el que destacan dos hechos “insólitos” en los contratos que realiza la Administración: no se realizó ningún concurso y el abono del servicio se realizará por adelantado, en un contexto de retrasos en los pagos del Estado.

El negocio de la sangre

Hasta la firma del convenio, en Madrid convivían dos sistemas de recogida y procesamiento de sangre: el público, a través del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que proveía sobre todo a los hospitales públicos; y el de Cruz Roja, que recogía y entregaba sangre procesada sobre todo a los hospitales privados. Tras la firma del acuerdo, toda la extracción de sangre en la calle será tarea exclusiva de Cruz Roja, mientras que el procesamiento y distribución será asumido por el Centro de Transfusión de la Comunidad.

Carmen Martín, portavoz de Cruz Roja Española, niega que ellos salgan ganando: “Dejamos de hacer distribución de sangre a hospitales de Madrid”, con cuya venta afirma que recuperaban unos diez millones de euros, una suma que “ahora va a ingresar la Comunidad”. La portavoz justificaba la firma del convenio también como una apuesta estra­tégica: “Que­remos ir retirándonos de la parte más sanitaria de toda nuestra actividad, hemos ido cerrando algunos hospitales, nos vamos volcando en otras actividades donde creemos que debemos estar”.

En EE UU, Cruz Roja tiene en el sector de la sangre su principal ingreso: unos 2.140 millones de dólares en 2005, casi el doble de lo que obtiene por donaciones. Y la sangre no se trata de una apuesta sólo de la filial española. En EE UU, Cruz Roja tiene en el sector de la sangre su principal ingreso: unos 2.140 millones de dólares en 2005, casi el doble de lo que obtiene por donaciones.

Crisis en Cruz Roja

En los últimos años, la crisis económica había lastrado los presupuestos de Cruz Roja Española. Entre 2009 y 2012 redujo su plantilla en un 17% –unas 2.173 personas–, con despidos masivos y conflictos laborales en todos los rincones del Estado.
La situación no parecía ser menos grave en Cruz Roja Madrid. A finales de 2013, un mes antes de que se firmara el convenio, fue descabezada la cúpula de la organización. Primero fueron despedidos el coor­dinador autonómico, Joaquín Pé­rez-Gil Del­ga­do, y el director de Inter­vención Social, Ignacio Azcá­rraga Ruiz. Les siguió, en enero de 2014, el presi­dente de Cruz Roja Ma­drid, Jesús Mora, la misma persona que firmó el convenio con la Comu­ni­dad, por “faltas muy graves”. Un año antes había sido despedido su vice­presidente, David Fernández, cuan­do se supo que le había conseguido trabajo a su hijo, a su cuñada y a dos sobrinas... Adivinen. En efecto, en Cruz Roja.

“El convenio no surge por una necesidad del Servicio Madrileño de Salud, sino para que Cruz Roja siga teniendo un papel en la donación de sangre” Pero los problemas de Cruz Roja Madrid venían de antes. En enero de 2013, los Hospitales Madrid, formados por tres centros privados de la Comunidad, firmaron un con­venio con el Centro de Trans­fu­sión de la Comunidad. Cruz Roja, su antiguo suministrador de sangre, se quedó al margen. Para María Vied­ma, otra trabajadora del centro, éste es uno de los orígenes del convenio. “Esto es un rescate a Cruz Roja. Cruz Roja lo está pasando mal, pierde Hos­pitales Madrid, tiene problemas, entonces han llegado a un acuerdo: yo te dejo esto, pero a cambio tú me dejas esto otro”.

En la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, reunida el 5 de marzo, Enrique Normand, de UPyD, sostenía que “el convenio no surge por una necesidad del Servi­cio Madri­leño de Salud, sino para que Cruz Roja siga teniendo un papel en la donación de sangre” ante la posibilidad de que otros centros siguieran el ejemplo de los Hospi­tales Madrid. “Es una decisión política para compensar a Cruz Roja”, resume Viedma.

En el caso de otras concesiones recientes a empresas privadas, como es el caso de la limpieza y las cocinas en hospitales públicos madrileños, que han sido entregadas este año a Ferrovial, de Rafael del Pino, y a ACS, de Florentino Pérez, las conexiones con el PP saltan a la vista. Pero en el caso de Cruz Roja, una institución en principio humanitaria y sin fines de lucro, estos nexos no parecen tan evidentes. O tal vez sí.

El presidente de Cruz Roja Española desde 1994 es Juan Manuel Suárez del Toro, uno de los implicados en el Caso Bankia El presidente de Cruz Roja Espa­ñola desde 1994 es Juan Manuel Suárez del Toro, uno de los implicados en el Caso Bankia, que “compatibilizaba hasta hace unos meses su cargo retribuido en esta ONG con la presidencia de Caja Canarias y con su pertenencia al Consejo de Admi­nistración de BFA/Bankia”, según denunciaban desde la Fede­ración de Asociaciones en Defensa de la Sani­dad Pública (FADSP). El sueldo de Suárez del Toro en Bankia en 2011: 235.000 euros. Lo que dijo en la Audiencia Nacional cuando fue el primero en testificar por el vaciamiento de la entidad: que no tenía conocimientos suficientes para entender los balances de los bancos dada su condición de ingeniero.

Peligros de la gestión privada

“Pasarle el negocio de la sangre a un banco o a una constructora chirría mucho, es más vendible que sea Cruz Roja quien lo haga”, afirma Antonio Gómez, de CAS Madrid. Algo que no impide que luego sea nuevamente traspasado a otras empresas privadas. Y pone como ejemplo las mamografías, desde hace años transferidas a la Asociación Española contra el Cáncer: “¿Quién se ha enterado de que las mamografías han pasado de esta ONG al grupo privado Capio?”. Marciano Sán­chez, de FADSP, comparte esta preo­cupación sobre el futuro: “Todo lo que sea sacar del control público la donación de sangre le interesa a las empresas privadas del ramo”.
 

En los últimos diez años el Gobierno ha multado a la Cruz Roja estadounidense con 46 millones de dólares por incumplir las normas para las donaciones de sangre De los peligros de la gestión privada de la extracción de sangre nos habla la experiencia de Esta­dos Unidos, donde en los últimos diez años el Go­bierno ha multado a la Cruz Roja estadounidense con 46 millones de dólares por incumplir las normas para las donaciones de sangre y por no tomar medidas para evitar la contaminación de las muestras.

En el caso de la Comunidad, desde Adecetma señalan que el principal problema que se puede derivar del convenio es precisamente ése: que se pasen por alto los criterios de calidad para alcanzar los objetivos. Un problema agravado al ser dos entidades distintas las que participan en el proceso: una para recoger la sangre, con el objetivo de 140.000 bolsas por año; y otra para procesarla y distribuirla. “Si la sangre recolectada no sirve, la tiraremos a la basura, pero tendremos que pagar los 67 euros. El ahorro de costes es mentira”, dice Miriam Enebral, otra de las trabajadoras del centro.