El juez ha ordenado en un auto el desalojo cautelar de dos de las viviendas del edificio de Cadete 7, también llamado Izzan y Britanny, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y ocupado desde octubre de 2013 por la Obra Social, una campaña impulsada en todo el Estado español por la PAH y en Madrid también por grupos de vivienda del 15M.

En auto, emitido el pasado lunes 24 de marzo, el juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid afirma que S.M. y M.B., dos de las personas que viven actualmente en el edificio y que han sido denunciadas por la Sareb, "carecen de título que justifique su entrada en la vivienda que ocupan, sin que desde esa fecha exista ninguna constancia en los autos de su voluntad de abandonar el piso", por lo que su oposición a la medida cautelar de desalojo "no debe prosperar".

"Poco le ha importado que hayamos intentado en varias ocasiones ponernos en contacto con el Banco Malo para negociar un alquiler social y que este nos haya ignorado, que el edificio -cerrado desde 2008 a la espera de nuevas burbujas inmobiliarias- ni siquiera tenga los permisos necesarios para ser puesto en venta, ni que la gente que hoy lo habitamos no tengamos otro sitio donde ir", señala el colectivo de personas que reside en el edificio en un comunicado publicado en su web.

La Fiscalía se opone al desalojo

El auto del juez ordenando el desalojo ha llegado después de que el fiscal del juzgado expresara su oposición al desalojo del edificio de Cadete 7, al considerar esta medida "desproporcionada" ya que las personas a las que afecta "utiliza la vivienda como verdadero domicilio familiar".

La misma opinión ha mostrado ya hasta en dos ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha paralizado los desalojos de los edificios de Salt y la Corrala Utopía hasta que se garantizara una alternativa de vivienda a sus residentes.

Viviendas para la especulación

El edificio de Cadete 7 forma parte de un paquete de cerca de 1.000 viviendas valoradas en 100 millones de euros, adjudicadas en agosto de 2013 por la Sareb al fondo de capital riesgo HIG. "Es evidente que estos activos no van a destinarse a ninguna finalidad social, ni van a destinarse a solucionar la situación de emergencia habitacional, sino que, en caso de no dejarse de nuevo vacíos, es muy probable que se vayan a destinar de nuevo a la especulación", señala el colectivo.