Cuatro meses es lo que ha tardado el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez (y, tras él, las élites políticas y económicas más conservadoras de Colombia), en hacer efectiva la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. El día 19 en la noche, frente a bogotanos y bogotanas que habían acudido a la plaza Bolívar a mostrar apoyo al alcalde que habían elegido democráticamente, Petro pronunciaba su último discurso desde el balcón del Palacio de Liévano, el Ayuntamiento de la capital colombiana.

Han sido meses de tiras y aflojas, durante los cuales tanto unos (el procurador y la oposición conservadora) como otros (Petro, la coalición ciudadana con la cual se presentó a las elecciones y partidos políticos y organizaciones sociales que leían en la destitución del alcalde un ataque al ejercicio democrático y a la voluntad popular) habían agotado casi todos los recursos legales a su alcance. Los motivos que alegaba el procurador (según la legislación colombiana, figura autónoma encargada de velar por el control de los organismos públicos) se relacionan con una supuesta improvisación del alcalde al implantar el nuevo esquema de recogida de basuras de la capital, que se desprivatizó a finales de 2012.

El procurador Ordóñez cuenta con el apoyo de los sectores más conservadores del país, tanto religiosos como políticos y económicos, así como de destacadas personalidades políticas como el expresidente Álvaro Uribe. Al otro lado del espectro político se encuentra Gustavo Petro, el hasta ayer alcalde de Bogotá: perteneció al grupo insurgente Movimiento 19 de Abril en los años 80 y después se integró activamente a la vida política en la legalidad. Llegó a la Alcaldía de la capital colombiana en octubre de 2011, desde donde impulsó iniciativas que, bajo el eslogan “Bogotá humana”, incluyeron la prohibición de eventos taurinos en la plaza de toros (destinada ahora a actividades culturales), la recuperación de los humedales, el apoyo manifiesto a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, el subsidio de los servicios básicos, como el agua, para las clases sociales más desfavorecidas o el fomento de las artes y la cultura. Todavía le quedaban dos años de mandato.

Las últimas horas han sido el reflejo de ese pulso político capitalino entre estas dos tendencias contrapuestas. El martes en la noche, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expedía medidas cautelares sobre el todavía alcalde de Bogotá, solicitando al Estado colombiano la protección de los derechos políticos de Petro impidiendo que fuera destituido e inhabilitado (la destitución lo inhabilita además durante 15 años para ejercer ningún cargo público). La Corte Constitucional colombiana ha establecido que las disposiciones de la CIDH son de obligado cumplimiento y que deben incorporarse de manera automática al ordenamiento jurídico interno, por lo que parecía que la Alcaldía de Bogotá permanecería, finalmente, en manos de Gustavo Petro. Unas horas después, la situación dio un vuelco inesperado: el presidente Santos decidió no acatar las medidas cautelares de la CIDH y firmó el decreto por el cual se destituía al alcalde de la capital colombiana, al tiempo que nombraba como nuevo alcalde encargado al ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Tras conocer la noticia, Petro consideró la decisión como "un golpe de Estado contra el voto ciudadano" y “un cierre a la promesa de paz”.

¿Por qué tomó Santos esta decisión? En su alocución presidencial, éste afirmó, por una parte, que las medidas de la CIDH no son de obligado cumplimiento (aunque la Corte Constitucional colombiana ha establecido lo contrario), sino recomendaciones complementarias al ordenamiento interno. En este sentido, Santos defiende que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sólo debe actuar si no funciona o hay una falla en el sistema interno del Estado, algo que, en su opinión, no ha ocurrido en el caso del alcalde, quien según el presidente tuvo acceso a un amplio abanico de mecanismos de defensa internos. También argumentó que estas medidas cautelares sí son adoptadas cuando se trata de situaciones en las que está en riesgo la vida humana, y que en este caso lo que está en juego es un derecho político.

Según la página de opinión La Silla Vacía: “Si hubiera acatado la solicitud de la CIDH, suspendiendo la destitución, Santos habría tomado la decisión en contra del sentir de la mayoría de la gente que lo acompaña en su campaña reeleccionista”. Las elecciones presidenciales en Colombia, a las que Santos se presenta como candidato, son el próximo mes de mayo en primera vuelta.

Los primeros efectos no han tardado en dejarse sentir: el Gabinete de la Alcaldía Mayor (las cabezas de las Secretarías de la ciudad) han renunciado en pleno, como muestra de respaldo al alcalde saliente, mientras que las FARC ya han advertido en un comunicado público que esta decisión presidencial impacta negativamente en la Mesa de Negociaciones de Paz de La Habana. La delegación negociadora del grupo insurgente ha mostrado su honda preocupación ante esta situación en relación con la eficacia y veracidad de lo acordado respecto al punto segundo de la agenda de negociación, que versó sobre participación política y profundización de la democracia colombiana.

El día 19, entre las y los manifestantes de la plaza Bolívar, pertenecientes en muchos casos a organizaciones sociales de base, se hablaba de la necesidad de convocar a un paro nacional (que se vendría a sumar al ya anunciado esta misma semana por el sector agrario étnico y popular) y a una nueva Asamblea Constituyente, para impulsar cambios legislativos en el país, ante lo que se considera un ataque contra la voluntad popular de la ciudadanía de la capital colombiana. Mientras, se volvió a convocar a un cacerolazo de apoyo al alcalde destituido para el jueves 20, a las seis de la tarde, en la plaza Bolívar, epicentro político de Bogotá.