¿Cuál es la historia de su familia?

Tengo cinco familiares que han sufrido la represión franquista: dos desparecidos, mi bisabuelo y su hijo luego dos hijos más de él estuvieron en cárceles y en campos de concentración. Más tarde, en 1963, mi madre tuvo su primer hijo y supuestamente se lo robaron en un hospital de Sevilla. Ade­más, la casa de mi familia, en Car­mona, se la quedaron los militares tras el golpe militar.

¿Cómo empezó el proceso de sus denuncias?

En 2003 formamos la Aso­ciación Andaluza de Memoria His­tórica y Justicia y pude conseguir documentación porque mi familia no tenía absolutamente nada. En 2007 presentamos la denun­cia en la Audiencia Nacional y fue entonces cuando ya se cerró la denuncia por los crímenes del Fran­quismo en España.

En diciembre fuimos a Argen­tina donde he expuesto mi caso ante la jueza argentina y ahora hemos llevado nuestros casos junto a la Comi­sión de la Verdad hasta Bélgica, al Parlamento Europeo.

Si esto no lo resuelve el Estado, es una deuda pendiente que tendrá siempre con las víctimas del Franquismo. Y si no se resuelve en otras instancias europeas, o en otros países, será algo que avergüence profundamente al Go­bierno, y también a la sociedad española. Nuestra sociedad ha acompañado a las víctimas de crímenes, y no es capaz de movilizarse y acompañar a las víctimas del Franquismo…

¿Qué opina sobre la Ley de Memoria Histórica?

Las asociaciones ya sabíamos que no iba a satisfacer al 100% nuestras demandas. El Partido Socialista no hizo mucho, la creó, pero no la dotó, no puso todos los mecanismos necesarios para que se ejecutara esa ley.

Y luego Mariano Rajoy, aunque no la ha derogado, la ha dejado vacía de contenido, en un dique seco… Y es como si no tuviéramos nada, ha cortado todo tipo de subvenciones, ha eliminado las oficinas de atención a las víctimas en un gesto de soberbia total porque parece que este Gobierno no quiere saber nada de las víctimas del fascismo cuando aquí de lo que se está hablando no es de política, sino de derechos humanos, se está hablando de 114.000 personas que están desparecidas, de 2.000 fosas en el Estado español, 30.000 niños robados, de crímenes de lesa humanidad contra población civil indefensa, de una serie de crímenes que violan todos los tratados internacionales. No se trata de un bando u otro, se trata de derechos humanos.

¿Las asociaciones y las víctimas tienen esperanza en la jurisdicción internacional que se está ejerciendo desde Argentina?

Sí, estamos convencidos. En 2007 cuando pusimos las denuncias ya sabíamos que si aquí no nos hacían caso saldríamos a otros países y organismos internacionales a pedir justicia. Como hemos hecho. Sabíamos que esta causa en otro sitio tendría eco porque entronca con los derechos humanos y con el principio de justicia universal, que ahora mismo el PP quiere eliminar con esta modificación.

Fue Argentina, y nosotros también decidimos que fuera Argenti­na, por la relación, por la investigación que aquí también se hizo de la represión militar en ese país. Y hemos sido testigos del inmenso cariño, con el abrazo, con que nos ha recibido el pueblo argentino. Tenemos todas nuestras esperanzas puestas en Argentina y por eso trabajamos…

Iremos a cuantas instituciones tengamos que ir y atravesaremos cuantos mares tengamos que atravesar hasta que se haga justicia. A nosotros no nos va a parar nadie, y esto no es una amenaza, es una advertencia. Nosotros, los descendientes de las víctimas, no entendemos por qué esto está sepultado, e iremos donde tengamos que ir. Y creemos que finalmente el Estado español se dará cuenta de que es una deuda que tenemos que saldar.