El 11 de marzo se cumplieron tres años desde que el reactor Daiichi de la central nuclear de Fukushima se fundiera y revelara al mundo la negligencia con la que la eléctrica Tokio Electric Power Company (Tepco) venía manejando la seguridad de las plantas bajo su gestión.

Desde el verano de 2013, se han sucedido de forma regular las noticias de fallos en la refrigeración y fugas de agua radiactiva, tanto de los tanques de almacenamiento construidos en la central como del reac­tor número 3, que podría estar más dañado de lo esperado, según un informe de enero. El último escape, de cien toneladas de agua altamente contaminada, ha tenido lugar tres semanas antes del aniversario.

Mientras tanto, la Autoridad de Regulación Nuclear (ARN) ha reprendido en diversas ocasiones a Tep­co por su deficiente modo de actuación en el desmantelamiento de los reactores de Fukushima Daiichi. La compañía no sólo se está mostrando técnicamente incapaz de garantizar la segura neutralización de los reactores dañados, sino que sus prácticas están siendo éticamente muy cuestionables. La reciente novela Genpatsu White-out, escrita bajo seudónimo por alguien conocedor de los entresijos de la relación entre el poder político y la industria nuclear, ha expuesto los lazos financieros que nutren a la llamada “aldea nuclear”, que engloba a políticos, burócratas y académicos.

Mafia y descontaminación

Diversos arrestos policiales a finales de 2013 sacaron a la luz una trama de al menos 733 empresas intermediarias, relacionadas en muchos casos con la yakuza (mafia japonesa), que reclutaban ilegalmente a indigentes y ‘sin techo’ por todo Japón para realizar labores de descontaminación en zonas altamente radiactivas. Las múltiples capas de empresas y subcontratas, a menudo entidades fantasma, pagaban el salario mínimo, o incluso menos, por estas labores con dinero procedente de los fondos públicos destinados a la recuperación de la zona de exclusión. Tras descontárseles costes de manutención, algunos de estos trabajadores volvían de su periplo endeudados con las mafias que les habían enviado a Fukushima.

Los antiguos residentes de la zona afrontan, a su vez, un futuro incierto. Sin posibilidad de volver a sus hogares, algunos han sido reubicados hasta siete veces por cambios en los planes de relocalización, y muchos sufren serios deterioros mentales y de salud. Sólo en la prefectura de Fukushima se están dando unas 30 muertes mensuales que el Gobier­no reconoce como causadas indirectamente por los sucesos del 11 de marzo de 2011. El Ejecutivo sigue por ahora con planes para descontaminar la zona y permitir el regreso de los ciudadanos, pero en noviembre pasado Shigeru Inhiba, secretario general del gobernante Partido Demo­crá­tico Liberal, admitió que inevitablemente habrá zonas a las que resultará imposible regresar.

La justicia tampoco ha dado grandes alegrías a las víctimas de la catástrofe nuclear. En marzo la Fiscalía japonesa ha decidido retirar los cargos que había presentado contra Tepco, desoyendo la denuncia presentada por más de 15.000 habitantes de la zona e incluso un informe de la comisión de investigación independiente creada por el Gobierno, que en julio de 2012 afirmó que el desastre había sido “provocado por el hombre” y por las malas prácticas de las corporaciones japonesas.

En otro caso, aún pendiente, unas 1.400 personas han presentado una demanda contra las constructoras de la central (Toshiba, Ge­ne­ral Electrics e Hitachi) por no realizar las mejoras de seguridad requeridas en Fukushima. Los denunciantes sólo solicitan una compensación de 100 yenes (0,70 euros) cada persona y han presentado el caso como una denuncia contra la normativa que proporciona a las constructoras inmunidad en caso de accidente nuclear.

La Fiscalía japonesa ha retirado los cargos contra Tepco, desoyendo la denuncia de 15.000 habitantes Hoy todas las centrales japonesas permanecen apagadas, lo cual no puede sino interpretarse como una victoria de las intensas movilizaciones ciudadanas que han tenido lugar durante estos tres años. Aun así, los intentos del Gobierno y las eléctricas de reiniciar los reactores son insistentes. En un artículo en el diario Nikkei, el sismólogo Robert J. Geller, de la Universidad de Tokio, ha revelado que Tepco se ha negado a proporcionar libre acceso a expertos independientes a sus plantas para inspeccionarlas. A pesar de ello, el Gobier­no publicó en febrero un plan energético de largo plazo que incluye la reactivación de centrales y contradice los compromisos de gobiernos anteriores de eliminar la energía nuclear. Así mismo, el ministro de In­dustria conminó a primeros de marzo a la ARN a acelerar la aprobación de las evaluaciones de seguridad previas a la reactivación de las plantas.

Todos estos intentos siguen siendo recibidos con protestas en Tokio, en un momento en que el hastío de la población con sus clases dirigentes está alcanzando cotas nunca vistas. Así, en las elecciones de enero para elegir al gobernador de Tokio, la participación no llegó al 35%.