El consejo de ministros aprueba el proyecto que anunció Wert
Claves para entender la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

La protección legal de los derechos de autoría responde al contexto de internet.

, Redacción
02/03/14 · 8:00
Edición impresa
LPI / Pincho

Tras varios retrasos –el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, la había prometido para finales de 2013–, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) el 15 de febrero. Todo apunta a que el texto llegará a ser votado en el Congreso con pocos cambios. Éstas son sus mayores novedades respecto al de 1996, que viene a sustituir.

Agregadores: más que una “tasa Google”

Se ha dado a conocer como “tasa Google”, pero no afecta sólo al agregador de noticias de este gigante, sino a todo servicio que enlace a medios de comunicación citando resúmenes (como Yahoo! News, Menéa­me, lectores de RSS y, quizá, algunas redes sociales). El artículo 32.2 de la nueva LPI establece que estas citas, siempre que sean “fragmentos no significativos”, no requerirán autorización, pero dan derecho a los editores a recibir “una compensación equitativa”. Además, “este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión”, CEDRO para los textos y VEGAP para las imágenes. Cada agregador tendrá que negociar con las entidades el monto de esa remuneración. Esto implica que pagará una tarifa estándar por todos los enlaces, incluso cuando se trate de medios que no pertenecen a ninguna gestora o publiquen sus contenidos bajo licencias libres (como es el caso de DIAGONAL). “Con la justificación de facilitar la gestión, hay ciertos derechos que se establecen de gestión colectiva obligatoria. El titular del derecho sólo los puede recibir desde la entidad”, explica el abogado especializado en derechos de autoría David Maeztu. Como recuerda Zoila Gulin, otra abogada del ramo, entidades como la SGAE ya practican el cobro ‘por defecto’ y “argumentan que en todo caso el dinero queda a disposición de esos autores, que sólo con darse de alta tendrán acceso a él”.

La LPI no define cuál es la máxima extensión de un “fragmento no significativo” de un texto, pero sí que las fotografías siempre necesitan de autorización. Por contra, excluye del permiso y los pagos a las revistas de prensa de los medios impresos o audiovisuales cuando no se distribuyen por internet. Respecto al tipo de páginas web en las que se aplicará, “la ley no define exactamente qué es un servicio de agregación de contenidos”, lamenta Maeztu, pero, según Gulin, “con el texto en la mano, un foro no presta un servicio como agregador de noticias, por lo que no tendría que verse afectado”.

Esta tasa es una vieja reivindicación de los editores de periódicos, que se quejan de que Google obtiene enormes beneficios publicitarios a su costa, pero no había aparecido en los borradores de la LPI hasta el mismo día en que los ministros la aprobaron. Fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la que la introdujo a última hora y en varios confidenciales se especula sobre un acuerdo entre el Gobierno y los grandes medios (CEDRO gestiona los derechos de AEDE, que agrupa, entre otros, a Prisa, Unidad Edito­rial, Vocento, Godó, Zeta y Prensa Ibérica), a cambio de benevolencia de cara a próximas contiendas electorales. Por su parte, Menéame, agregador de noticias colaborativo cuya continuidad sería inviable si tuviera que pagar altas tasas, se defiende asegurando que generan ingresos para los digitales cuyas visitas promueve: según sus cálculos “456.000 euros por la publicidad, cifra cinco veces superior a los ingresos de Menéame en 2013”.

Copia privada: en busca del canon perdido

Para redondear el retrato de los beneficiarios de la tasa, cabe recordar las quejas de CEDRO tras ver sus ingresos fuertemente mermados desde que el canon digital en compensación por copia privada corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (y no lo pagan directamente los consumidores, como preveía la Ley Sinde y derogó el Gobierno del PP en 2011). Además, esta LPI reduce el derecho de copia privada al uso de soportes físicos (CD, DVD) y a las grabaciones de emisiones de radio y televisión. Así se excluyen explícitamente las descargas, aunque se hagan sin ánimo de lucro. De momento se mantiene la financiación de esta compensación por parte del Estado, como sistema temporal mientras la Unión Europea aclara el estatus legal de este polémico pago.

CEDRO también se embolsará unos ocho millones de euros anuales de parte de las universidades públicas y privadas, que tendrán que pagar cinco euros por alumno a cambio de que se les permita divulgar fragmentos bibliográficos.

Control a gestoras: ventanilla única para todas

Para incrementar la transparencia de las entidades de gestión, en entredicho tras destaparse la trama corrupta de la SGAE, se refuerza su regulación: se define la relación con sus socios, se imponen rendiciones anuales de cuentas y auditorías y habrá infracciones si se incumplen sus obligaciones. En casos límite, serán intervenidas por un gestor interino. Además, sólo podrán crear fundaciones y sociedades mercantiles si así lo aprueba la Secretaría de Estado de Cultura, que velará para que sean justificadas y excepcionales. Las entidades también tendrán que esforzarse en regularizar sus prácticas para confluir en una ventanilla única a la que los usuarios tendrán derecho a acudir si quieren tramitar a la vez derechos dependientes de distintas gestoras. Dependerá de una nueva entidad privada surgida del acuerdo entre todas las existentes.

A por los 'piratas': multas también por enlazar

Un día antes del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de LPI, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual, el mayor lobby estadounidense en este ámbito, volvía a amenazar a España con presionar a Obama para que la incluya en su lista negra por sus “imparables índices de piratería”. Es lo habitual antes de cada trámite legislativo y España fue eliminada de ella cuando entró en vigor la Ley Sinde.

Maeztu explica que esta LPI “contempla medidas que inciden en lo que inició la Ley Sinde, con la posibilidad de sancionar incluso a agencias de publicidad y servicios de pago” relacionados con las webs sancionadas. Y no serán solamente las que ofrezcan contenidos protegidos por derechos de autoría, sino también las que, con fin comercial y sistemáticamente, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado a estos contenidos. Es decir, apunta directamente a las webs de enlaces. Además, se va a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar la identificación de los titulares de webs cuando haya indicios razonables de que están disponiendo o enlazando contenidos protegidos a gran escala. Las sanciones oscilan entre 30.000 y 300.000 euros, siempre dirigidas a los prestadores de servicios y nunca contra los usuarios finales que descarguen.

Más para la Comisión: refuerzo de poderes

Con la Ley Sinde se creó la Co­misión de Propiedad Intelectual, organismo dependiente de la Secreta­ría de Estado de Cultura. Su sección primera será quien defina la tasa que pagarán los agregadores si no llegan a un acuerdo con las entidades de gestión en un plazo de ocho meses y quien vele por la creación de la ventanilla única. Su sección segunda, la encargada de perseguir a las webs denunciadas por los propietarios de derechos y con potestad para cerrarlas, podrá imponer las multas tanto a los titulares de estas webs como a las empresas que se anuncien en ellas. Esto se hará con mediación judicial, pero no se requerirá una orden firme de un juzgado hasta que no se quiera dar el paso más extremo: bloquear técnicamente el acceso a la web. La Secretaría de Estado reconoce que por ahora no tiene suficientes medios y promete dotar de más recursos a ambas secciones, integradas por expertos sin experiencia judicial elegidos a dedo. Desde que comenzó a funcionar ha cerrado completamente 16 webs y cancelado cinco dominios .es.

Internet se la juega en Bruselas

Además del acuerdo TIPP entre EE UU y la Unión Europea, que endurecerá la protección de la propiedad intelectual, la Comisión de Industria del Parlamento Europeo vota en marzo una Ley de Telecomunicaciones que compromete la neutralidad de la red: contempla que los proveedores de internet cobren cargos adicionales por ciertos servicios y bloqueen contenidos sin orden judicial y abre la puerta a que ciertos “servicios especializados” tengan ventajas competitivas sobre otros. También, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la reforma de la regulación del copyright. Hasta el 5 de marzo se puede participar en su web.

 

 

 

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0