“Algunos se dieron cuenta cuando fueron a sacar su capital y les dijeron que no podían disponer de lo depositado, otros vinieron alegando que les habían vendido un producto sin información y que recibían cartas de los bancos de acciones que no entendían, y el resto se dio cuenta a través de los medios de comunicación y se preocupó de saber si había contratado preferentes”. Ésas eran las reacciones de los ciudadanos atendidos que adquirieron preferentes, según explica Óscar Serrano, abogado del Col·lectiu Ronda de Barcelona, centrado en la defensa de usuarios que habían contratado estos productos financieros.

Desde Ronda se han presentado cerca de mil demandas en representación de usuarios afectados. La mayoría de usuarios representados por este colectivo había adquirido participaciones en Bankia y Caixa Laie­tana y, en un menor número, en Catalunya Caixa, actual Catalunya Banc y, tal y como apunta Serrano, “en casi todos los casos se ha recuperado el 100% de lo invertido más el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, así como las costas judiciales del procedimiento”.

Para este abogado, “el principal cuerpo normativo y en el que se ha centrado la defensa de los usuarios afectados reside en la Ley del Mercado de Valores, que en su artículo 79 establece el nivel de información que debe darse a un ciudadano medio, no entendido en la materia, del nivel de riesgos y características de estos productos complejos”. Tal y como apunta este abogado, “la confianza ha sido el elemento crucial que supuso que los clientes firmaran los documentos ya que, en algunos casos, los propios directores de bancos también habían contratado estos productos. Ahora los clientes de las entidades de crédito se sienten traicionados y hay una pérdida de confianza de la ciudadanía en los bancos”.

A modo de ejemplo, se estima que en el caso de Catalunya Caixa en el último año se ha producido una salida de un 13% de los depósitos privados de la entidad, lo que se traduce en que ésta ha reconocido que se ha producido una fuga de 5.345 millones en depósitos en tan solo un año, desde su rescate por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el 30 de septiembre de 2011, hasta finales del tercer trimestre de 2012.