Interior castiga el autoconsumo y deja en situación más vulnerable a las personas con drogodependencia.
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Hace 20 años comenzaba su actividad SKA-P, autores de una de las canciones más populares sobre el cannabis que se hayan escrito en castellano. La legalización que pedía esta banda vallecana sigue siendo poco más que una demanda inalcanzable para la población española que consuma habitualmente cannabis, una droga que más de una cuarta parte de la población reconoce haber consumido alguna vez. Ni legalización ni despenalización, la tendencia es la contraria, como demuestra la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye también una serie de modificaciones sobre la tenencia y el autoconsumo.
Esta ley, junto al endurecimiento del Código Penal y los recortes –sólo en 2013 el Plan Nacional sobre Drogas perdió un 20% con respecto al año anterior– dibujan un panorama cada vez más complicado para el perfil de consumidor más asociado a las drogas ilegales: las personas con dependencia. De este modo, tres infracciones bastarán para que lo que hoy supone un multa mínima de 300 euros –por ejemplo, llevar una china de hachís en los bolsillos– pueda convertirse en una infracción muy grave con una sanción de 30.000 a 300.000 euros. Y el anteproyecto presentado por Interior en diciembre elimina la posibilidad, que sí estaba presente hasta ahora, de eludir la sanción por acogerse a algún tipo de terapia de rehabilitación.
Desde la Federación Enlace, Carmen Martínez valora que no tiene sentido penalizar el autoconsumo: “Si la Ley de Seguridad lo que pretende es proteger la seguridad ciudadana, ¿qué seguridad ciudadana se está atacando por un consumo privado?”. Felisa Pérez, vicepresidenta de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), cree que con este ordenamiento el Estado va a “contracorriente de lo que pasa a nivel mundial. Aquí vamos al revés, penalizando algo que no tiene por qué penalizarse”.
Multas sin redención
Otro de los aspectos que se modifican es que desaparece la posibilidad de sustituir la sanción económica por algún tipo de tratamiento. Un recurso que si bien era demasiado estricto a juicio de las asociaciones, porque no todas las personas que consumen precisan rehabilitación, permitía eludir el impacto económico de las multas.
La Ley de Seguridad Ciudadana del 92 preveía un instrumento para hacer efectivas las medidas de control domiciliario que el departamento de Fernández Díaz no ha podido resucitar: la conocida popularmente como patada en la puerta ya fue declarada inconstitucional en 1993. Si bien resulta difícil hacerse a la idea de que la policía recurra a un juez para conseguir una orden de registro en un domicilio particular por unas macetas, según Pérez, la nueva regulación sí “puede abrir las puertas para que la policía actúe contra los clubes cannábicos” que se han ido extendiendo en los últimos años para un sector de consumidores que no quiere acudir al mercado negro.
Martínez explica que la intención del Gobierno es que la Ley de Seguridad llegue donde no alcanza el Código Penal, ya que este ordenamiento no recoge esto como un delito de tráfico de drogas, y “cuando se inician procedimientos penales, al final se archivan o salen absueltos porque no encaja con lo que el Código Penal prevé como delito contra la salud pública, parece que hay intención de cortar estos cultivos por la vía administrativa”, explica Martínez.
La asociación también está preparando un estudio sobre cómo pueden impactar las medidas de endurecimiento anunciadas para el nuevo Código Penal en la población drogodependiente. “El nuevo Código castiga más los delitos patrimoniales, que son los que cometen las personas con problemas de drogodependencia que llenan las cárceles a día de hoy”, señala Martínez. Según un estudio del Observatorio de la Delincuencia de Andalucía, el 42% de los reclusos lo está por delitos patrimoniales como hurtos y robos, y un 34% por delitos contra la sanidad pública (tráfico de drogas). “Son delitos que ya están suficientemente castigados y, en nuestra opinión, habría que centrarse en las alternativas a la prisión”, concluye.
Recortes sin fin en los planes de atención
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