El ministro Miguel Arias Cañete prepara ya la nueva Ley de Montes que, según se ha filtrado, tiene previsto prohibir el acceso a los montes públicos a  senderistas y ciclistas, y en general a cualquiera que no sea cazador, en los días que se lleven a cabo cacerías. Ésta es la intención del responsable del Ministerio de Agricultura, Ali­mentación y Medio Ambien­te para favorecer al sector privado de la caza, lo que podría ir en contra del artículo 45 de la Constitución, que declara el derecho al disfrute del medio ambiente.

Ante las filtraciones, el Ministerio emitió el día 15 de enero una nota de prensa en la que desmentía "que se vaya a prohibir el tránsito por caminos naturales en los días de montería". Organizaciones de senderistas y ciclistas han recogido ya casi 90.000 firmas en la plataforma Change.org para pedir al Ministerio que mantenga  el acceso público a los montes.

La nueva ley de montes tiene previsto prohibir el acceso a senderistas y ciclistas, y en general a cualquiera que no sea cazador, a los montes públicos los días que se lleven a cabo cacerías Al parecer, Cañete ha mantenido varias reuniones con repre­sen­tantes de los cazadores, presu­miblemente de la Real Federación Espa­ñola de Caza (RFEC), en las que el responsable de Medio Ambiente habría accedido a las peticiones de éstos. Ese acuerdo contempla que en los terrenos delimitados para la actividad de la caza mayor (jabalíes, corzos, ciervos, entre otros), en los días en que se organicen recechos, monterías o batidas, serán de uso exclusivo para esta práctica cinegética, quedando así vedados a los caminantes. Pero además, el incumplimiento de esta prohibición podría implicar una sanción de entre cien y mil euros.

Las organizaciones ecologistas, senderistas, ciclistas, micológicas y otras se están organizando contra esta medida que consideran viola el derecho fundamental de libre circulación en espacios públicos. Según ha declarado Miguel Ángel Hernández, respon­sable de Conser­va­ción de Especies de Ecolo­gistas en Acción y portavoz de la organización en Castilla-La Mancha, a Diagonal: “Esta concesión del Ministerio se ha hecho por la presión de los cazadores y en negociaciones bajo cuerda, sin informar de ello a las organizaciones medioambientales”. Hernández apunta que, lejos de haber sido convocados, “nos hemos enterado por la prensa y hemos constatado que algunas comunidades autónomas ya han iniciado ‘movimientos’ en sus borradores sobre montes públicos”.

Información sólo a cazadores

Hernández reclama también al ministerio información y transparencia sobre la nueva Ley de Montes y que se abra el diálogo “con las partes que defienden un uso más sostenible de estos terrenos públicos”.

Por su parte, representantes de los cazadores han declarado ante los medios de comunicación que existen motivos de seguridad para que se aprueben sus reivindicaciones. Ale­gan que alquilar un coto cuesta mucho dinero y que se pagan seguros y, por tanto, debe cerrarse el monte para que las batidas sean seguras.

En la actual Ley de Montes está prohibida la caza en caminos públicos y vías pecuarias En la actualidad, las cacerías programadas requieren también autorización previa de las Comunidades Autónomas y es obligatorio señalizar todos los caminos de acceso a la zona con carteles que adviertan del peligro. En la actual Ley de Montes está prohibida la caza en caminos públicos y vías pecuarias, y también se obliga a respetar una zona de seguridad de al menos 50 metros. Esta limitación es sólo para la caza mayor (jabalíes, corzos, ciervos, gamos, muflones y cabra montés), en la que se utilizan rifles con balas y cuya veda se abre desde el 12 de octubre hasta el 7 de febrero.

Para Manuel Trujillo, portavoz de la asociación A Desalambrar, que lucha contra el cierre de caminos públicos, el problema es que el ministro no ha dado información. “Se sabe lo que ha salido en los medios de comunicación y nada más. No se nos ha consultado. Se dice que podrían cerrar caminos públicos cuando hay monterías y a esto nos negamos ­rotundamente. En primer lugar, ­porque el derecho de tránsito por caminos públicos está por encima del derecho (si lo hubiera) a cazar. En segundo lugar, porque en las leyes de caza se especifica que no se pueden colocar los puestos de forma que se puedan ‘alcanzar’ los caminos públicos. El problema, además, es cuando esos caminos ni siquiera están claramente definidos”, apunta Trujillo, cuya organización forma parte de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos, integrada por diversas asociaciones que luchan contra el cierre de los caminos, también en los montes públicos. Trujillo insiste además en que “en la práctica ya hay montes públicos cerrados sólo para los cazadores y no un día, sino los 365 del año”.

El negocio está en los montes

Para Hernández, el tema de la seguridad no sería el principal objetivo: “El motivo del cierre es económico. La mayor parte de los accidentes de caza se producen entre los propios cazadores, son ellos los que deben establecer garantías de seguridad para el resto de los usuarios del monte. Quieren convertir los montes en un coto cerrado para la actividad cinegética. Ya sabemos que las preferencias de este Gobierno son atender las demandas del sector privado de la caza”, subraya Hernández. Desde Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha recuerdan que incluso Dolores de Cospedal ha cerrado el paso a la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel para después reabrir un coto privado de caza en la propia Reserva. Otro ejemplo en esa Comunidad es la desafección de tres Refugios de Fauna en los Montes de Toledo, donde se desa­rrollaban con éxito proyectos de recuperación de especies en peligro de extinción, como el lince ibérico, para después sacar a subasta pública la caza en esos espacios incluidos en la Red Natura 2000.

"El motivo del cierre es económico. La mayor parte de los accidentes de caza se producen entre los propios cazadores" Según Lorenzo G., ingeniero de Montes de Castilla-La Mancha, “en la futura Ley de Montes no vendrán plasmadas las restricciones de uso, que se legislarán en los correspondientes Planes de Regulación de Uso de cada comunidad autónoma. No olvidemos que la caza mueve al año más de mil millones de euros y los organizadores de una montería de 500 o 1.000 hectáreas, por ejemplo, no quieren que ninguna otra actividad les fastidie el negocio ese día”.