Penas de muerte a quien convoque manifestaciones de los Hermanos Musulmanes y de hasta cinco años de prisión para quien tome parte en ellas. Ésas son las amenazas del portavoz del Ministerio de Interior egipcio, Hany Abd el-Latif, lanzadas en la televisión pública el pasado 26 de diciembre después de que el Gobierno egipcio hubiera catalogado oficialmente como organización terrorista a los Herma­nos Musulmanes, grupo islamista elegido en las urnas que ocupó el Gobierno hasta julio de 2013, cuando tuvo lugar el golpe militar.

Fue el viceprimer ministro Hos­sam Eissa quien anunció la medida, que da nuevos poderes para reprimir las actividades de la hermandad. Una noticia que llegaba el día de Navidad como un jarro de agua fría para los islamistas y como una culminación para sus opositores.

Para el grupo Tama­rrod, que lideró la campaña contra el partido entonces en el Go­bierno y organizó marchas multi­tudinarias contra los Herma­nos Musulmanes, que condujeron al golpe militar del pasado 3 de julio, la decisión llegaba tarde. La misma hermandad se defendió lanzando el lema: “El golpe militar es el terrorista”.

Tras un atentado en El Cairo

La excusa vertida por el Gobierno egipcio era, según las palabras de Hos­sam Eissa, que el país estaba “horrorizado, de norte a sur, por el horrible crimen cometido por la hermandad”. Un atentado, el del 24 de diciembre, cuyos autores no parecen estar en el grupo del expresidente Mursi.

Ese día, antes de la declaración oficial del Gobierno egipcio, una explosión atacó la sede principal de policía de la provincia de Da­qehleya, en la ciudad de Mas­noura, provocando 15 muertos y varias decenas de heridos. Los medios oficialistas, consternados por los hechos, acusaron rá­pi­damente a los Her­manos Mu­sul­manes de estar detrás de los hechos, pese a que el grupo lanzó un comunicado en que denunciaba un ataque “a la unidad del pueblo egipcio” y exigía investigaciones independientes.

El Centro Egipcio de Derechos Sociales, que trabaja con movimientos obreros y sindicales, también fue asaltado El ataque fue reivindicado por Ansar Beit el-Moqdes, un grupo armado islamista particularmente activo en el Sinaí egipcio y la franja de Gaza.

El grupo takfirista [corriente ligada al sunismo] y antisionista ya había reivindicado anteriormente un atentado fallido contra el ministro del Interior Mohamed Ibrahim, el pasado mes de septiembre. También es res­­ponsable de gran parte de los ataques a intereses militares y económicos en la península del Sinaí, incluyendo el sabotaje de los conductos que transferían gas natural egipcio a Israel.

Fuentes militares habían anunciado dos semanas antes del ataque de Mansoura el éxito de una campaña contra el grupo, incluyendo la muerte en una emboscada de dos líderes guerrilleros, Mo­ha­med Frej y Essam el-Sarea. El ataque a la sede policial de Man­soura podría haber sido una respuesta a estas muertes. Medios oficialistas y fuentes militares insisten en que el grupo Ansar Beit el-Moqdes es un satélite de los Hermanos Musulmanes y que está financiado por Khairat Shater, el magnate islamista hoy en prisión, pero esa relación obvia la complejidad del puzle islamista.

Detenciones de exministros y más represión

Las autoridades egipcias tam­bién anunciaban la misma No­chebuena la detención del exprimer ministro, Hisham Qandil, cuando parecía que intentaba huir a Sudán. Pese a no ser miembro de los Hermanos Musulmanes, Qandil fue primer ministro colocado por el depuesto presidente Mursi y sustituido tras el golpe militar por el neoliberal Hazem el-Beblaui. La detención se produce tras una sentencia de un año de prisión en contra del exprimer ministro por no haber aplicado una orden judicial previa por la renacionalización de la empresa de
lino en la ciudad de Tanta.

Según la justicia, la empresa había sido privatizada de forma fraudulenta en los años 90. A día de hoy esta privatización no ha sido revocada oficialmente y no se han producido sentencias parecidas contra el resto de primeros ministros que también han desoído la sentencia judicial.

Asalto a la población

Los asaltos no se centran solamente en la formación islamista, después de la aprobación de la ley de manifestaciones. Tres destacados activistas no religiosos iniciaron estas Navidades una huelga de hambre para denunciar malos tratos en la prisión de Torah, después de que fueran condenados a penas de cárcel por manifestarse contra el régimen militar. Ade­más, otros activistas, como Alaa Abd el-Fattah, siguen en prisión preventiva por haber salido a la calle contra los juicios militares a población civil. Además, la justicia está llamando a declarar a otros destacados activistas.

La sede del Centro Egipcio de Derechos Sociales y Económicos, una organización que trabaja con movimientos obreros y sindicales, también fue asaltada por fuerzas policiales el 18 de diciembre. Seis de sus trabajadores fueron detenidos sin base legal y sus equipos informáticos fueron robados o destruidos durante el registro.

La nueva Constitución fue redactada entre 50 ‘expertos’, con la notable ausencia de los Hermanos Musulmanes La última campaña represiva llega a pocas semanas del referéndum constitucional en el que el pueblo será consultado para refrendar o rechazar el borrador presentado. Se trata de un texto redactado entre 50 “expertos”, con la notable ausencia de representantes de la formación de los Hermanos Musulmanes, que fue la que logró más votos en las últimas citas electorales. Un texto que mantiene prácticamente intactos los privilegios militares.

Algunos miembros de ese grupo de expertos han denunciado fuertes presiones militares, mientras que otros miembros alertaron de que el texto presentado finalmente al primer ministro egipcio incluye algún cambio inesperado en el texto. Por si acaso, el gobernador de la provincia del Valle Nuevo ya alertó que detendría a cualquiera que lance consignas contra el texto constitucional.