Los sindicatos calculan que se perderán 150.000 puestos de trabajo tras la reforma
Las entidades locales menores sobreviven a la Ley Montoro

La pérdida de empleos y la apertura de mercados mediante una recentralización de competencias, son los principales objetivos de una Ley que, no obstante, al final reconoce la personalidad jurídica de las Entidades Locales Menores tras una intensa campaña en contra de su supresión.

, Redacción Web
19/12/13 · 13:27

En julio de 1945 el régimen echaba a andar la Ley de Bases de Régimen Local, que robustecía el aparato del Franquismo en pueblos y comarcas. 40 años después, con Gobierno del PSOE, se aprobaba la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, que a partir de mañana será sustituida por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Conocida como Ley Montoro, el Congreso aprobará hoy un texto que añade enmiendas parciales, presentadas por parte de los partidos nacionalistas PNV y Coalición Canaria.

La respuesta, concentraciones a las 12h convocadas por los sindicatos de concertación, y el anuncio del principal partido de la oposición, PSOE, de que se presentará un recurso de incostitucionalidad contra una norma que aumenta en 3.000 millones la cuenta del “recorte” llevado a cabo en 2013 y que supondrá la supresión de entre 150.000 y 200.000 empleos en todo el territorio, como consecuencia de la supresión de "duplicidades", traducida en la eliminación de empresas públicas --con el consiguiente trasvase de servicios a empresas privadas--, el cierre de servicios y la supresión de aquellas competencias calificadas como impropias por parte de Ayuntamientos en materia de sanidad, por poner un ejemplo.

No obstante, los trámites en el Senado y el Congreso han modificado alguno de los aspectos más criticados del proyecto discutido a lo largo del año. Finalmente, las Entidades Locales Menores mantendrán la personalidad jurídica, en virtud de la disposición transitoria cuarta, de modo que podrán mantener sus bienes públicos y patrimonio, así como personarse como entidad en los procesos judiciales en los que se diriman asuntos ambientales. La modificación sobre el anteproyecto, que excluye a las Entidades del artículo 3 que determina cuáles son las entidades locales territoriales, mantiene abierta la vía para el reconocimiento de bienes comunales como la titularidad de servicios o la propiedad de montes de utilidad pública. Carlos González Antón, abogado y secretario General de la Federación de Concejos de España hace una valoración negativa de la Ley, aunque reconoce a DIAGONAL que “se han salvado los muebles”. Se refiere a la negociación exprés de la disposición adicional incorporada la tarde del lunes antes de la votación en el Senado, que reconocía a las Entidades Locales Menores tras una campaña en contra de su supresión, sostenida desde que se dio a conocer la Ley Montoro. “No ha sido fatal para las Juntas Vecinales y las Entidades Locales Menores”, dice González Antón, quien no obstante matiza que esa valoración sirve para las ya existentes, ya que la Ley Montoro elimina la posibilidad de crear nuevas Juntas.

La valoración negativa, no obstante prevalece ante lo que González Antón considera un texto con artículos muy restrictivos con Ayuntamientos y otras formas de administración local. “Estamos conformes con que se rindan cuentas, pero es necesario que se dé apoyo a la hora de hacerlo”, resume. Este jurista considera que la Ley necesitará reformas porque incumple el dictamen del Concejo de Estado y porque su recorrido queda en manos de que se desarrollen las distintas legislaciones autonómicas. Uno de los expertos consultados por DIAGONAL, que prefiere esperar a que el BOE certifique lo que se ha negociado hasta última hora, recomienda cautela ante lo que califica como “la banalidad de las leyes”, desarrollada por el PP en todos los ámbitos. Se refiere a la táctica de lanzar globos sonda, en este caso la eliminación de Entidades Locales, para, a partir de ahí, pactar una reforma que, con disposición adicional o no, se orienta a la centralización de competencias y la unificación de mercados.

El omnipresente Artículo 135

El hilo conductor de la Ley es el archiconocido artículo 135 de la Constitución. Aprobado por el propio partido socialista, la norma sobre Administración Local, “exige que las Administraciones Públicas adecúen su actuación al principio de estabilidad presupuestaria”, según se recoge en su preámbulo y en el informe que el Consejo de Estado emitió sobre la Ley Montoro el pasado mes de julio. No importa que las entidades locales ya hayan reducido sus niveles de déficit –de hecho, el año se cierra en la gran mayoría de los casos con superávit-- y tampoco que se trate de un recorte “menor” (la semana pasada, Bruselas “ofrecía” una cantidad similar para la construcción de infraestructuras de Alta Velocidad), la Ley Montoro, una de las promesas a la troika, ha seguido su curso, a pesar de la oposición por parte de cargos electos del propio Partido Popular, que han criticado el recorte de competencias que se avecina con esta ley.

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