La historia es la misma de siempre: antes con el tecnócrata Mario Monti y ahora con el Gobierno de amplia coalición de Enrico Letta –que reúne a “progresistas” y antiguos berlusconianos– la política local de Italia se maneja con las tijeras. El gasto de los ayuntamientos es el más afectado por la nueva oleada de recortes prevista por los Presupuestos de 2014. Se reducen los servicios públicos, se aumenta el precio de autobuses y metro, se suben los impuestos municipales para hacer cuadrar el balance, etc.

Algunos de estos productos financieros están regulados por la ley británica, así que varios juicios se celebran en Londres y no en ItaliaSi todavía no se habla de impago de las deudas municipales es porque en el país transalpino el Estado central hasta ahora ha garantizado la deuda de los ayuntamientos en quiebra. Pero en diferentes ciudades italianas ha comenzado una guerra en contra de las “finanzas creativas” de las administraciones públicas, relacionada sobre todo con las pérdidas causadas a lo largo de los últimos años por la utilización de productos financieros “derivados”. Se trata de contratos que varios ayuntamientos habían suscrito con la intención de traer beneficios financieros (por lo menos a corto plazo) y que, sin embargo, en poco tiempo se han transformado en un increíble lastre para las arcas municipales.

La burbuja de los “derivados”

Dicha burbuja explotó en 2007 y diferentes ayuntamientos han decidido acudir a los tribunales, obligando a bancos y directivos a sentarse en el banquillo de los acusados. En Milán, los jueces han condenado en primera instancia a cuatro entidades financieras (Deutsche Bank, Depfa, JP Morgan e Ubs), que han sido reconocidas culpables de fraude. Según el Tribunal, los bancos no podían desentenderse de las decisiones de sus directivos, de los que nueve han sido condenados; al contrario, el juez entiende que, conscientes de las ganancias en juego, las entidades financieras se han cubierto las unas a las otras.

Por su parte –explica el juez– “a pesar de haberse declarado un ‘inversor calificado’, el Ayuntamiento de Milán no tenía un calibre financiero suficiente” para realizar tales operaciones y “los bancos hubieran tenido que darse cuenta de esta situación y no aprovecharse”.

Los tiempos de la Justicia civil italiana son muy largos y todavía es pronto para ver si el Ayuntamiento obtendrá una indemnización sobre los casi 100 millones de euros que, según los informes periciales, son los “costes ocultos” de las operaciones realizadas con “derivados”. Además, no hay que olvidar que algunos de estos productos financieros están regulados por la ley británica, así que varios juicios se celebran en Londres y no en Italia, lo que multiplica los costes para las administraciones locales. Por este motivo, otros ayuntamientos a lo largo del país han decidido evitar recurrir a los tribunales y han accedido a firmar acuerdos con los bancos: es el caso de Florencia, que a pesar de haber pactado con Ubs, Dexia y Merrill Lynch, tiene todavía cinco contratos pendientes con daños potenciales de casi 70 millones de euros.

El problema es que, a pesar de los riesgos (y del fraude que esconden), muchos de estos contratos “derivados” siguen activos. Tras el estallido de la burbuja, ha habido un alejamiento de los ayuntamientos de estas formas de “finanzas creativas”. 389 administraciones grandes y pequeñas han cerrado contratos (muchas en condiciones de pérdida) por un valor de 9.000 millones de euros. Pero hay todavía 215 alcaldes que han invertido en derivados (33 de los cuales son de ciudades grandes y medianas); y, si se suma el compromiso total de ayuntamientos, provincias, regiones y Administración central del Estado, el valor de estos instrumentos financieros de alto riesgo roza en Italia los 160.000 millones de euros.

Sin embargo, mientras avanzan los juicios, las administraciones locales intentan cuadrar el balance recortando el gasto social. En Milán, en particular, el alcalde “progresista” (y antiguo diputado de Rifondazione Comunista) Giuliano Pisapia, prefiere subir impuestos y tarifas, mientras no recorta la financiación para el “gran acontecimiento” de la Exposición Universal de 2015. Si no fuera suficiente la subida de varios impuestos municipales, explica el movimiento No Expo, hay contrastes estridentes como “la comparación entre los 89 millones de euros previstos para realizar la Vía de Agua y las políticas de austeridad en barrios donde hay un escuela primaria cerrada sin fondos para la rehabilitación, un hospital en peligro de cierre y miles de viviendas populares vacías”.

Así las cosas, la cuestión no es tanto que en Italia varios alcaldes hayan jugado a especular con productos financieros de alto riesgo; es que sus sucesores a la hora de compensar las pérdidas hayan decidido recortar el gasto social. Y si de un lado, como ha pasado en Milán, han llevado a bancos e instituciones financieras al banquillo, del otro siguen impulsando proyectos como Expo 2015 –“el gran acontecimiento que produce deuda, hormigón y precariedad”, denuncian los movimientos– que se fundan en los intereses económicos de los grandes grupos financieros e industriales. Y prometen generar nuevas pérdidas y aún más deuda.