El martes pasado, el procurador General de Colombia Alejandro Ordóñez emitió un fallo a través del cual se destituye e inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esta decisión, que está provocando un terremoto político en el país, fue contestada por miles de personas que se concentraron ese mismo día por la tarde en la Plaza Bolívar, epicentro  de Bogotá, para mostrar su rechazo al procurador y su apoyo a Petro.

Frente a la multitud, el alcalde emitió un extenso y emotivo discurso en el que afirmó: “Aquí nace la Tahrir de Colombia” y “comienza una revolución democrática y pacífica”. Además mostró su preocupación por que su destitución tenga efectos negativos en el proceso de paz que tiene lugar en La Habana entre el gobierno y las FARC.

Los motivos que ha alegado el procurador se relacionan con una supuesta improvisación del alcalde al implantar el nuevo esquema de recogida de basuras de la capital, que se desprivatizó el año pasado. El plan impulsado por el alcalde, conocido como “Basura 0” contemplaba incluir económicamente a 14.000 recicladores, uno de los sectores más marginados y empobrecidos de la ciudad, además de aumentar el porcentaje de residuos que se reciclan.
 

El alcalde iba a incluir económicamente a 14.000 recicladores, uno de los sectores más marginados y empobrecidos de la ciudad Gustavo Petro fue elegido alcalde de la capital colombiana en octubre de 2011, y le quedan todavía dos años de mandato. Petro fundó un partido para presentarse a estas elecciones, el Movimiento Progresistas.

Su trayectoria política y militancia en organizaciones de izquierda tiene un largo recorrido: perteneció al grupo insurgente Movimiento 19 de Abril en los años 80, tras su desmovilización formó parte del partido político Alianza Democrática M-19 y ha sido congresista y senador por el partido Polo Democrático Alternativo, agrupación con la que se postuló como candidato presidencial.

Al llegar a la alcaldía en 2012 Gustavo Petro impulsó iniciativas de carácter progresista que, bajo el eslógan “Bogotá Humana”, han contado con apoyo de grandes sectores de la población, pero también ha tenido que lidiar con el rechazo de las élites del poder económico y político y de la Iglesia. Algunos ejemplos son la prohibición de eventos taurinos en la plaza de toros, que se destinará a actividades culturales; la recuperación de los humedales, el apoyo manifiesto a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, el subsidio de los servicios básicos, como el agua, para las clases sociales más desfavorecidas o el fomento de las artes y la cultura, entre otras.

Intereses conservadores

El procurador General, cargo que en estos momentos ocupa Alejandro Ordóñez, es una figura autónoma encargada de velar por el control de los organismos públicos. Ordóñez cuenta con el apoyo de los sectores más conservadores del país, tanto religiosos, como políticos y económicos, así como de destacadas personalidades políticas como el expresidente Alvaro Uribe. Sus fuertes convicciones personales, muy ligadas al ultracatolicismo, le han llevado a oponerse radicalmente, desde el ejercicio de su cargo público, a propuestas como el aborto, la educación sexual en los colegios y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los amplios poderes que ostenta este cargo le han permitido destituir a personalidades políticas de la izquierda, cómo la senadora Piedad Córdoba y al profesor Miguel Angel Beltrán, acusados ambos de tener nexos con las FARC e inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Ayer por la tarde fue convocada otra nueva concentración en la Plaza Bolívar. Se espera que las movilizaciones y reacciones a través de las redes sociales continúen los próximos días. Estos días los hashtags #PetroNoSeVa y #PaFueraProcuradorOrdoñez  fueron trending topic.