La empresa pública Tragsatec, filial del holding público Tragsa y participada por la Sociedad Estatal SEPI, ha comunicado a su plantilla que seguirá adelante con el ERE planteado por la Dirección de la misma, que desembocará en el despido de 610 trabajadores y trabajadoras, tras la finalización sin acuerdo del periodo de consultas, que ha durado cinco semanas. La empresa ha informado de ello mediante un comunicado a su personal en el que dice lamentar esta situación. La empresa matriz Tragsa, además, tampoco llegó a un acuerdo con la representación de la plantilla, por lo que se van a ver afectadas 726 personas, a las que la empresa pretende rescindir su contrato.

El sindicato CGT, a través de otro comunicado al personal de Tragsatec, ha completado la información aportada por la Dirección, achacando al éxito de la huelga del 7 de noviembre en Tragsatec, la rebaja de 803 a 610 el número de despidos que pretende realizar la empresa. El seguimiento de dicha huelga lo estima el sindicato en un 80%. Durante la misma, se llevó a cabo una concentración frente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, principal cliente del Grupo Tragsa, con la participación de personal llegado de toda España. Para dicha rebaja de puestos destinados al despido, informan que la empresa elaboró de improviso un nuevo documento tras la huelga, reconociendo que los datos del estudio económico presentado estaban desactualizados, y proponiendo una rebaja a 610 despidos con posibilidad de reducirlos a 470 reclasificando a los mandos. Este sindicato ha convocado hoy martes 10 de diciembre una nueva movilización frente a los centros de trabajo de Tragsatec para mostrar su rechazo al proceso de despido colectivo abierto.

El siguiente paso que dará dicho sindicato, según notifica en su comunicado, es el de impugnar el Despido Colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al no estar justificadas las causas económicas, organizativas y productivas a las que alude la empresa. Asimismo, recomiendan a cualquier persona que reciba la carta de despido, que lo denuncie de forma individual en el plazo de 20 días hábiles, presentando su demanda en el juzgado de lo social, además de ir recopilando toda la documentación que sea posible (como pliegos, adendas, contratos, correos, nóminas, etc.) por si la Dirección decide llevar a cabo el despido de un día para otro sin posibilidad de acceder al ordenador por parte de la persona despedida.

Por su parte, desde CC OO se denuncia que, además de la decisión unilateral del despido de 610 personas por parte de la empresa, “[…] en un alarde de cinismo, la Dirección de la empresa ha abierto el plazo para las adscripciones voluntarias hasta el 20 de diciembre, fijándose la fecha del 10 de enero de 2014 para dar respuesta a las solicitudes recibidas”. El sindicato afirma que el único objetivo de la empresa es “el adelgazamiento de la masa trabajadora para poder mantener un organigrama desorbitado que no ha sabido adaptar desde el año 2011 a la reducción de encomiendas”, aunque recuerda que dicha adaptación sí se ha realizado en el resto de la plantilla, reduciendo más de 3.000 puestos de trabajo, e iniciando un proceso de externalizaciones y privatizaciones para poner en manos de empresas privadas la gestión pública de la empresa.

Los sindicatos recuerdan que llevan proponiendo distintas alternativas a los despidos desde el inicio del periodo de consultas, ya que los consideran innecesarios, y ofrecen numerosas medidas viables, como bajas voluntarias, reducciones de jornada o el desbloqueo de jubilaciones parciales. Las centrales plantean que los esfuerzos sean compartidos por la totalidad de la plantilla, excluyendo a contratos con retribuciones inferiores a 20.000 euros al año, a cambio piden que este proceso afecte de forma proporcional a los más de 200 puestos ejecutivos de la empresa, remunerados con más de 200.000 euros al año cada uno.

La situación de la empresa se encuentra, además, agravada por varios casos de impago. CC OO denuncia que en este momento hay varios miles de expedientes correspondientes a despidos fechados entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 que han terminado en las oficinas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo infradotado de personal y sobrepasado por la carga de trabajo. La consecuencia de todo ello es que hay miles de personas que han trabajado en el Grupo Tragsa y se encuentran afectadas por despido y llevan un año pendientes de un trámite que, en condiciones normales, se soluciona en un máximo de tres meses, según fuentes del Fogasa. Tampoco fueron abonadas por la empresa las pagas extraordinarias de diciembre de 2012 a su plantilla aunque, según los sindicatos, las pagas fueron contabilizadas como activos en el balance contable, aumentando los beneficios que repercutieron de forma directa en el salario variable de los directivos. Como última incoherencia en las cuentas de la empresa, los sindicatos vuelven a denunciar el derroche llevado a cabo por la misma en la encomienda por parte del Ayuntamiento de Madrid al Grupo Tragsa para reventar el derecho constitucional de huelga en el sector de Limpieza y Jardines de Madrid durante el mes de noviembre. Mientras la empresa aceptaba el encargo, comprometiendo la integridad física de su personal mientras llevara a cabo labores de esquirolaje, la plantilla no aceptó dicha función, por lo que la Dirección tuvo que contratar personal en la empresa de trabajo temporal Randstad, abonando 85 euros netos por jornada por cada puesto contratado.