“Un campesino de cuna”. Así se define Jesús Emilio Tuberquia, uno de los fundadores de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (región de Urabá, al noroeste de Colombia), y actualmente coordinador general. Constituida en 1997 con 500 personas de comunidades y fincas cercanas, los orígenes de la Comunidad de Paz de San José remiten a los crímenes y la represión tanto del Ejército como de los grupos paramilitares (matanzas de 1996, 1997 y después en 2005), de los que huía la población campesina.

Se trata de una propuesta de autonomía comunitaria, que defiende la “no violencia” y no toma partido entre los dos bandos del conflicto armado (estado y guerrilla de las FARC). A pesar de su rechazo a las armas y a implicarse en el conflicto, los campesinos sufren diariamente, aún hoy, la violencia de militares y paramilitares.

¿Cómo definirías la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

En primer lugar, no tenemos relación con los actores del conflicto armado, el Estado colombiano y las FARC. Pedimos que se respete nuestro espacio y autonomía. Esto es decisivo. En el día a día, damos importancia al trabajo comunitario, por ejemplo, para construir una escuela, un centro de salud, arreglar caminos o para la siembra. La comunidad es también un espacio de solidaridad y lucha, como una familia. Y actúa también como terapia psicológica, pues de manera comunitaria es más fácil afrontar los problemas.

¿Cuáles son sus orígenes?

Antes de que se constituyera la Comunidad de Paz en 1997, ya se producían asesinatos y violencia por el conflicto armado. Pero es a mediados de 1996 cuando surge la idea y, el 23 de marzo del año siguiente, hacemos la “declaratoria” con los grandes principios. Pedimos la mediación de la Cruz Roja ante los actores armados, pero se negó. Finalmente se produjo la mediación de la iglesia católica, para que los dos bandos respetaran nuestro planteo de “no violencia” y autonomía frente al Estado y la guerrilla. Sin embargo, alguien mintió porque los crímenes y la violencia han continuado, en el 85 por ciento de los casos perpetrados por militares y paramilitares.

¿Cómo se desarrolla la actividad económica en la comunidad?

La Comunidad de Paz cuenta con 1.200 habitantes y está formada por diferentes núcleos de población. La titularidad de la tierra se reparte más o menos al 50 por ciento entre la propiedad comunitaria y los propietarios privados. Pero el objetivo es extender el régimen comunitario.

Nos dedicamos básicamente a la agricultura, al cultivo de arroz, maíz, frijol, caña de azúcar, cacao, yuca y plátano. Empezamos también ahora con la cría de ganado. Nuestro fin es la autosuficiencia alimentaria y cuando hay algún excedente se destina al mercado local. Por otra parte, la producción de cacao se orienta a los mercados internacionales.

¿Y respecto a la educación?

Promovemos una comunidad autónoma y alternativa, al margen del Estado y siguiendo los principios de la pedagogía popular. Los educadores son los mismos jóvenes de la comunidad. Además, nuestros objetivos no son los títulos, sino los aprenderes y saberes prácticos, por ejemplo, para cuidar el campo. No se trata de formar a personas para que se marchen a la ciudad o fuera del país. Procuramos también una formación integral, que considere los derechos y humanos y la protección del medio ambiente.

Desapariciones, desplazamientos forzosos, amenazas, coacciones para que no haya denuncias, retención de campesinos, destrucción de cultivos o aves de corral forman parte de la realidad cotidiana La historia de la Comunidad de Paz no se explica sin la represión ni la violencia estatal. ¿Se mantiene hoy, a pesar de las conversaciones de paz de La Habana?

En el entorno de San José de Apartadó se emplazan cuatro bases paramilitares, que realizan continuamente operativos en colaboración con el Ejército. Desapariciones, desplazamientos forzosos, amenazas, coacciones para que no haya denuncias, retención de campesinos, destrucción de cultivos o aves de corral forman parte de la realidad cotidiana. Un grupo de paramilitares, los llamados “Autodefensas Gaitanistas”, asesinaron a cinco campesinos de la comunidad el pasado mes de agosto.

¿Consideras que se hace justicia ante estos hechos?

La impunidad reina en toda Colombia. En los últimos 15 años se han producido 261 asesinatos en el entorno de San José de Apartadó, lo que incluye masacres, ejecuciones extrajudiciales, homicidios selectivos y los “falsos positivos”. Pensamos que cuando hay una muerte violenta, no cabe manera de resarcirla. Aún así, hay algunos procesos abiertos contra militares y paramilitares. Pero sobre sus mandos, así como contra miembros del Gobierno, no se ha sustanciado ninguna responsabilidad.

¿Cómo es la relación entre la Comunidad de Paz y el estado colombiano?

En 2005 rompimos la interlocución con el Estado, a causa de la masacre en la que murieron siete campesinos. Entre los muertos, figuraba Luis Eduardo Guerra, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la comunidad y delegado para la Interlocución con el Estado.

Hace aproximadamente un año, retomamos el diálogo por una sentencia de la Corte Constitucional que el Ministerio del Interior debía hacer cumplir. La sentencia instaba a la retractación del Gobierno colombiano por falsas acusaciones y hacía referencia tanto a zonas humanitarias en la comunidad de paz, como a discusiones sobre protección y seguridad. El Gobierno no cumplió la sentencia y rompimos el diálogo.

Cuando a las personas se les arrebata el derecho a la salud, la educación o la tenencia de la tierra, no te dejan más opción que las armas. La idea de Santos es rebajar la tensión del conflicto armado para abrir la puerta a las transnacionales ¿Y con otras iniciativas de carácter comunitario?

Existen otras iniciativas en diferentes regiones, aunque con otra denominación y planteamientos diferentes. Muchas de las comunidades han sido sometidas e invisibilizadas y, en otros casos, han decidido dialogar con el Estado y participar de algún modo en la política institucional. Aunque la fórmula de la comunidad de paz implique formas de actuación diferentes a las de las luchas de las comunidades campesinas, indígenas o afroamericanas, todos mantenemos la relación y compartimos los mismos problemas.

Por último, ¿Cómo observas el transcurso de las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC?

Se mantiene actualmente la represión del Estado y los paramilitares contra sindicalistas, líderes de derechos humanos y campesinos, entre otros. Además, el Gobierno intenta aprobar el “fuero militar” para garantizar la impunidad de los crímenes que pueda cometer el ejército. ¿De qué paz hablan entonces? Además, no se soluciona el problema social, que es la base del conflicto armado. Cuando a las personas se les arrebata el derecho a la salud, la educación o la tenencia de la tierra, no te dejan más opción que las armas. La idea de Santos es rebajar la tensión del conflicto armado para abrir la puerta a las transnacionales.