La controversia en relación con la inmigración está a flor de piel en Reino Unido. Ésta se percibe como un problema por un abundante sector de la población. En este contexto, desde el Gobierno británico se está creando un ambiente cada vez más intimidatorio y contrario a las minorias étnicas que constituyen las numerosas comunidades de inmigrantes y refugiados residentes en el país.

‘Un problema’

Según los resultados publicados en el sondeo Transatlantic Trends, patrocinado por la German Marshall Fund of the United States, sobre la opinión que tienen los ciudadanos occidentales de la inmigración en 2013, los británicos están entre los que exponen una postura más extrema. El 64% de los encuestados en Reino Unido declara ver en la inmigración un problema y no una oportunidad. Asimismo, el 80% –11 puntos más que en 2008– muestra una fuerte preocupación por la inmigración ilegal. Por otro lado, cerca de un 46% de los consultados contempla a los inmigrantes como una amenaza a la identidad nacional británica.

El escenario de creciente hostilidad hacia la inmigración ha sido monopolizado en gran parte por el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP). En las últimas elecciones municipales de Inglaterra en mayo de 2013, experimentó un notable ascenso al obtener el 25% de los votos en las localidades donde se presentó. Se trata de una formación nacional-populista y xenófoba opuesta a la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Aunque se declara contraria al racismo y se desvincula de la línea ultraderechista del British National Front, centra su discurso en una posición nacionalista e identitaria de rechazo a los inmigrantes que llegan a las orillas insulares británicas.

Desde el ingreso a la UE de varios países de Europa oriental en 2004, más de un millón de personas se afincaron en Gran Bretaña para trabajar provenientes del antiguo bloque del este, donde se calcula que cerca de cien millones de sus habitantes viven bajo el riesgo de sufrir miseria económica y marginación social. Dentro del flujo migratorio predominó la inmigración procedente de Polonia.

Un ideario racista

El ideario del UKIP ha calado hondo entre grupos de clase obrera, que consideran que los extranjeros les roban el trabajo. Pero también el Partido Conservador encabezado por el primer ministro, David Cameron, ha extendido el mensaje de que los forasteros son más un coste que un beneficio al instalarse en territorio británico supuestamente con el objetivo de aprovecharse de su estado del bienestar, del servicio de sanidad pública o de sus ayudas en prestaciones sociales. Aún así, los Tories exponen su argumento sin datos que lo corroboren, mientras que las indagaciones de la unidad investigadora en inmigración del University College London (UCL) indican lo contrario: los inmigrantes provenientes a partir del año 2000 de estados miembros del área económica europea hicieron una contribución neta a las finanzas públicas: trabajaron más, recibieron menos en subsidios o viviendas sociales y pagaron más impuestos en comparación a la media de los autóctonos. 

Libertad de movimiento

A partir del 1 de enero de 2014 se retirarán las limitaciones impuestas a búlgaros y rumanos en sus derechos para obtener permisos de trabajo en Reino Unido. Pese a que Bulgaria y Rumanía son oficialmente miembros de la UE desde 2007, Westminster aplicó barreras de carácter temporal para los ciudadanos de dos estados cuyos niveles de pobreza se cuentan entre los más altos del continente. Recientemente, la coalición de gobierno conservadora y liberal-demócrata ha expresado sus temores y su poca predisposición a recibir una supuesta nueva oleada migratoria procedente de ambos países.
 
Aún así, según señala en BBC News, Jonathan Portes, miembro del National Institute of Economic and Social Research, “La mayor parte de los inmigrantes de los nuevos estados de la UE llega para trabajar, son jóvenes y requieren pocas ayudas de los servicios públicos. El impacto de los trabajadores rumanos y búlgaros en la economía y el mercado laboral del Reino Unido va a ser ampliamente positivo”.

En cambio, la cuestión de la inmigración ilegal es mucho más espinosa. Durante los últimos meses, el Gobierno inglés ha sido centro de las polémicas por sus políticas ofensivas contra la inmigración indocumentada. Entre finales de julio y agosto pasados organizó una campaña publicitaria que tuvo como principal propósito presionar a los sin papeles para que abandonasen Gran Bretaña. Durante prácticamente un mes hubo furgones que recorrieron seis distritos de la periferia londinense con un mensaje claro y contundente: “¿En Reino Unido ilegalmente? Vete a casa o enfréntate al arresto. Escribe “Casa” al 78070”. A lo largo de la operación también se colocaron pósters en algunos edificios. Un póster con la fotografía de una aeronave causó especial controversia al incluir una inscripción donde se leía: “Este avión te puede llevar a casa. Nosotros podemos reservar los billetes”.

No hay datos oficiales del número de extranjeros que viven clandestinamente en Reino Unido. Algunos cálculos plantean cifras que van desde 600.000 a más de 1 millón de personas. Entre ellas podría haber un número relativamente importante de demandantes de asilo. Así las cosas, recientemente los conservadores anunciaron un nuevo proyecto de ley que podría ser finalmente aprobado en primavera de 2014. Pone a los indocumentados en la línea de tiro y busca endurecer las condiciones para que éstes tengan más dificultades para establecerse y vivir en el país. En caso de seguir adelante, la ley obligará a los propietarios a verificar la identidad de aquellos que quieran alquilar sus domicilios para impedir que sean indocumentados. Los bancos tampoco podrán abrir una cuenta a un inmigrante sin antes comprobar si tiene procesos pendientes con la justicia y un permiso de residencia regularizado. Además, la nueva legislación hará más complicado recurrir a las órdenes de deportación al reducir drásticamente las formas de apelación. Otra vuelta de tuerca sobre la inmigración.