Los colectivos integrantes del Movi­miento Andaluz por la Vivienda –una de cuyas caras más visibles son las corralas o bloques recuperados– iniciaba a finales de octubre una campaña para conseguir el fin de los cortes de agua, luz y gas en los hogares de la comunidad autónoma. El 4 de noviembre tenía lugar con este objetivo una concentración en Granada, que provocaba una cascada de reacciones entre los diferentes estamentos políticos.

Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, salía al paso de la campaña, sin mencionarla, el 13 de noviembre. Avisaba de que estaba preparando un decreto que cubriría una parte de las necesidades de luz y agua en un sector de los hogares más pobres. No está claro si los receptores de la ayuda serían quienes cobren el Ingreso Mínimo de Solidaridad (unos 400 euros durante seis meses) o todo aquel que esté por debajo de esos ingresos, cobre o no la prestación. A Valderas le respondía el ministro de Energía y Turismo, José Manuel Soria, al día siguiente. Soria no parecía muy informado, ya que instaba a la Junta a especificar “cómo va a financiar el precio de la electricidad y el gas”, partida esta última descartada a priori por Valderas. También advertía de que las empresas “tienen que cobrar por lo que venden”, lo que tampoco ha sido puesto en cuestión por la Junta, que no ha planteado en ningún momento afectar la enorme cuenta de beneficios de las compañías energéticas.

Al vicepresidente andaluz le respondían también desde su propio bando: el portavoz del PSOE andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, indicaba que el proyecto sólo está “en fase de estudio”. Al carrusel de declaraciones se unía Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, que se descolgaba con una nueva explicación de la crisis: “El todo gratis nos ha llevado a una deuda pública de niveles de casi el 100%”. Galán reconocía, no obstante, que se podrían tomar medidas respecto a casos “puntuales”. El adjetivo no parece adecuado para los 510.000 cortes de luz, según los distribuidores, que se han producido en Andalucía entre 2011 y 2012.

También se pronunciaba a nivel local la Empresa Metropolitana ­­de Abastecimiento y Saneamiento ­­de Aguas de Sevilla (Emasesa), la cual aseguraba que analizaría “de forma inmediata” la posibilidad de garantizar el suministro de agua a hogares sin recursos.

Necesidades mínimas

Por su parte, el Movimiento Anda­luz por la Vivienda volvía a la palestra para afirmar que “el anuncio de estas medidas es una nueva conquista de todas las personas que están luchando en la calle y han conseguido posicionar la vivienda digna como lo que es: un derecho humano fundamental reiteradamente incumplido por empresas y Estado”. Al mismo tiempo, criticaba a la Junta porque las medidas anunciadas “no alcanzan las necesidades mínimas de supervivencia y mantienen como intocables los privilegios de las empresas suministradoras”. En todo caso, los movimientos han vuelto a abrir brecha en el debate público y la ‘guerra por los suministros’ acaba de empezar.