El escándalo de las Cajas de Ahorro
Los consejeros de Caja Segovia que se repartieron más de 35 millones de euros

Los exresponsables de la entidad segoviana son llamados como imputados por el juez para seguir la investigación.

26/11/13 · 8:00
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Los exconsejeros de la antigua Caja Segovia están siendo investigados. A primeros de noviembre, el juzgado número 2 de Segovia aceptó la petición del fiscal, que solicita que declaren como imputados los 17 consejeros de la desaparecida Caja Segovia tras el reparto de más de 35 millones de euros en sueldos y pensiones. Los segovianos ven próxima la condena de algunos de ellos tras la encarcelación de cinco consejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) este mes a petición del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

Reparto millonario

Días antes de que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia se disolviera –en abril de 2010– y se integrara en la actual Bankia, sus 17 consejeros y los cinco integrantes de la comisión de retribuciones dieron el visto bueno al reparto de más de 35 millones de euros de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que entregaron de común acuerdo.

Días después, siete cajas de ahorros fueron ‘obligadas’ a fusionarse siguiendo las directrices de la Unión Europea. Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia formaron la actual Bankia.

Uno de los más beneficiados ha sido Manuel Escribano, que inició su carrera en la entidad segoviana en 1985 y fue director general de Caja Segovia desde 1995 hasta diciembre de 2011.

Se ha llevado un total de casi 15 millones de euros entre la prejubilación y la pensión. Otro de ellos, Miguel Ángel Sánchez Plaza se marchó con una pensión vitalicia de de 12 millones de euros. Por otro lado, el exdirector de riesgos, Óscar Javier Varas, vinculado al PSOE, se aseguró una suma de tres millones, y el entonces exdirector de recursos humanos Enrique Quintanilla Herrero, unos 2,6 millones. Además, aparecen otros nombres, como el del exsecretario general de Caja Segovia, Antonio Luis Tapias, al que se le concedieron dos millones entre prejubilación y pensión.

Otro de los imputados que presuntamente se ha beneficiado del reparto, pero se desconoce cuánto dinero se ha embolsado con exactitud, es Atilano Soto Rábanos, entonces presidente de Caja Segovia, que estuvo al frente de la entidad durante 16 años y fue durante ocho presidente de la Diputación de Segovia por el PP. Vinculado con la derecha segoviana desde hace años, formó parte de Alianza Popu­lar. Soto Rábanos ha sido el impulsor de varias operaciones especulativas de Caja Segovia y también está implicado en el caso Bankia, por el que fue llamado a declarar ante la Audiencia Nacional el pasado 26 de noviembre de 2012. Los ciudadanos que depositaron durante años sus ahorros en Caja Segovia se han ido enterando de las sumas millonarias a través de los medios de comunicación locales, aunque las cantidades pueden aumentar. Se habla de entre 35 y 45 millones de euros repartidos entre los exdirectivos de la entidad.

Manuel Escribano, exdirector de Caja Segovia, se ha llevado 15 millones de euros en pensión y prejubilaciónDe la indignación popular de los segovianos se hizo eco Unión Pro­gre­so y Democracia (UPyD), que presentó una denuncia hace dos años que está en marcha. Por otra parte, Carmen Sastre, del Foro So­cial de Segovia, organización que aglutina a decenas de ciudadanos comprometidos en la defensa de la sanidad pública y otras revindicaciones sociales, opina que “el juzgado parece haber reaccionado al sentir ciudadano. Queremos justicia y transparencia. Queremos saber dónde está el dinero. Caja Segovia formaba parte de la idiosincrasia de los segovianos, era el lugar donde depositábamos nuestros ahorros”. Sastre afirma que “de la noche a la mañana, una entidad que tenía beneficios empieza a tener unas pérdidas millonarias. Algo pasó con la contabilidad, o no se nos informó o las cuentas se maquillaron. Ade­más, los consejeros han hipotecado con sus negocios a cuenta de Caja Segovia varios edficios Patrimonio de la Humanidad de esta ciudad”.

El pelotazo de Segovia 21

La activista del Foro Social se refiere al Torreón de Lozoya, edificio de arte mudéjar construido en el siglo XV, catalogado como Patrimonio de la Humanidad, y que está hipotecado por una operación millonaria de Caja Segovia en Gijón en el llamado caso Navicoas.

Pero no es el único pelotazo que pretendió hacer Caja Segovia de la mano de Atilano Soto. Segovia 21 es una urbanización de lujo con campo de golf asentada en un monte público que la Diputación, presidida también entonces por Atilano Soto, descatalogó para privatizar el terreno, con el apoyo de la Junta de Castilla y León. En este paraje público, de gran valor ecológico e histórico, conocido como Finca de Quitapesares y citado incluso en los libros de historia (la reina María Cristina tenía allí sus affaires con un guardia de Corps) se proyectó un selecta urbanización de lujo para unos pocos. Los beneficios fueron a una sociedad participada por la propia Caja Segovia, la Cámara de Comercio de Segovia y la Dipu­ta­ción. Las obras fueron adjudicadas en 2005 a empresas vinculadas con la trama Gürtel, como la constructora de José Luis Ulibarri, Construcciones Begar.

La descatalogación de este patrimonio público fue llevada a los tribunales por Ecologistas en Acción de Segovia en 2011, y la sentencia fue retrasada y la denuncia desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Hoy sólo se han vendido ocho residencias, el hotel de lujo es un edificio en venta ocupado por las palomas y el Faisanera Golf está gestionado por una empresa privada en quiebra.

Lo que fuera un monte público, patrimonio de todos, hoy es una urbanización llena de escombros gracias a las artes de Atilano Soto y al visto bueno del entonces alcalde de Izquierda Unida en Palazuelos de Eresma, Domingo Asenjo, donde se ubica Segovia 21. Éste consiguió, a cambio la inversión de 3,6 millones de euros, un puente innecesario para acceder unos minutos antes a su pueblo y urbanizar más terrenos.

Indignación y movilización ciudadana

Contra las jubilaciones millonarias de los consejeros se han llevado a cabo varias manifestaciones. La última, una marcha de 500 personas, el pasado 10 de noviembre, desde los pies del Acueducto de Segovia hasta Palazuelos de Eresma, donde está Segovia 21, para pedir que se devuelva a los ciudadanos estos terrenos y contra el proyecto de un nuevo Palacio de Congresos, de 6 millones de euros, que impulsa ahora la Junta de Castilla y León para “revitalizar” las instalaciones de Segovia 21. Más de 15 organizaciones convocaron la protesta, que llegó hasta las inmediaciones del campo de golf, donde un dispositivo de decenas de guardias civiles custodiaba a los golfistas que jugaban ese domingo. Ecologistas en Acción de Segovia denunció ante la Confederación Hidrográfica del Duero que dicho campo de golf se riega con agua procedente de la acequia de Navalcaz, del río Eresma, agua que no llega a los ciudadanos segovianos, en contra de lo que establece la ley.           
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