Después de una semana de huelga de limpieza y del personal de parques y jardines de Madrid, la alcaldesa Ana Botella ha anunciado en rueda de prensa urgente un ultimátum de 48 horas para que las empresas concesionarias y la plantilla cumplan los servicios mínimos del 40% establecidos. De no hacerlo, el Ayuntamiento se reserva la facultad de contratar los servicios mínimos con la empresa pública Tragsa.

La alcaldesa no ha querido ofrecer datos sobre el incumplimiento de estos servicios mínimos más allá de que éste se produce “pese a la escolta de la policía municipal” en las entradas de los centros operativos (cantones) de limpieza para evitar la acción de los piquetes. Botella sí ha precisado que el Ayuntamiento no tiene previsto rescindir el contrato con las empresas concesionarias, si bien ha advertido de que éstas tendrán que pagar por los costes de la limpieza de la basura acumulada.

Los sindicatos CC OO y UGT, presentes en la mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo de más de 1.100 trabajadores (de un total de 6.000), barajan denunciar al Ayuntamiento si contrata a otra empresa para cubrir los servicios mínimos que supuestamente no se están cubriendo, según informa la web madridiario.es.

Tragsa, un holding público, se encuentra en medio de un ERE anunciado en septiembre que afectaba en principio a 1.639 trabajadores de un total de 14.000. Frecuentemente presentada como una de las últimas joyas de la corona de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), la empresa ha recibido múltiples denuncias desde la pasada década por fraude contractual y cesión ilegal de trabajadores. Recientemente, la asociación patronal que integra a empresas de parques y jardines pidió la privatización de Tragsa por considerar que el holding estatal –de la que son socias al menos dos de las concesionarias de limpieza en Madrid: FCC y OHL- vulnera la libre competencia.

“En unos momentos tan dramáticos para la economía española y con más de cinco millones de parados, no resulta comprensible la existencia de un grupo público como TRAGSA, que recibe directamente de la Administración del Estado, de mayoría de las comunidades autónomas y de algunas administraciones locales el encargo de ejecución de obras, prestación de servicios y otras actividades en el ámbito del mantenimiento de zonas verdes sin que se proceda a la libre licitación de las mismas", aseguraba ASEJA en un comunicado.