El II Plan de Igualdad de Gipuzkoa es una experiencia desde las políticas públicas que lleva el debate feminista de la sostenibilidad de la vida a la práctica. Este planteamiento rompe con los discursos de igualdad más clásicos, plantea redefinir las necesidades y cambiar las prioridades políticas de intervención. Y lo hace en un panorama desolador, en el que se han recortado las políticas de igualdad un 24% en el Estado y un 20% en las del Gobierno vasco. Aunque en la Dirección de Igualdad de la Dipu­tación Foral de Gipuzkoa el prespuesto ha aumentado un 170% con respecto a la legislatura anterior, aún así representa el 0,17% del presupuesto global para 2013.

El plan ha sido fruto de un proceso de elaboración participativa que ha durado un año y medio. Han participado más de 120 personas de diversas instituciones públicas, movimientos feministas y asociativo de mujeres y personas con cargos políticos. Ha abierto espacios para discutir y construir alternativas con la ciudadanía. También han dado respuestas inmediatas al empeoramiento de las condiciones vitales de las personas derivadas del modelo actual, que ataca de manera más brutal a las mujeres.

Gravar grandes fortunas

El impuesto de patrimonio se ha transformado en el impuesto a la Riqueza y grandes fortunas. Am­pliar el concepto de patrimonio ha permitido aumentar la recaudación (39 millones más). También ha puesto fin a que sean las mujeres las mayormente gravadas, cuando las grandes fortunas de Gipuzkoa se concentran en los hombres. Otra de las reformas, presentada a mediados de octubre, busca transformar el impuesto de sociedades en impuesto sobre los beneficios de las sociedades. ¿El fin? Que paguen más las empresas con más beneficios. Con el impuesto anterior, éstas podían no pagar ningún tipo impositivo, o muy reducido, gracias a las deducciones ilimitadas existentes. De manera que la recaudación del impuesto recaía en las pequeñas y medianas empresas. Esta reforma también condiciona el acceso de las grandes empresas al porcentaje máximo de incentivo fiscal y las obliga a que lo gasten en los próximos dos años en un “Fondo de reserva de inversiones”. Este fondo se destinaría a crear empleo femenino indefinido y de calidad. También se destinaría a medidas que mejoren corresponsabilidad y la conciliación laboral, familiar y social y a las que prevengan y traten situaciones de acoso sexista, no sólo en el entorno laboral. Las sociedades sancionadas o que no cumplan la Ley 4/2007 para la igualdad no recibirían incentivos.

La propuesta tiene que ser aprobada por el parlamento territorial de Gipuzkoa, donde Bildu está en minoría en donde se encuentra de frente con el recientemente firmado acuerdo fiscal entre el PNV, PSE y PP que afecta a toda la Comunidad Autonóma de Euskadi y del que aún se desconoce su letra pequeña, ¿Irá éste en el sentido de aumentar la progresividad y la equidad? Dudoso.

El plan también pretende reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). ¿Por qué? Este impuesto tiene un sesgo hacia la familia tradicional –parejas casadas o de hecho–, que reducen su base impositiva porque se entiende que tienen a alguien dependiente a su cargo. Las familias monoparentales, donde las cabezas de familia son mayormente mujeres, se pueden acoger a una reducción, pero en una cuantía inferior, como quien no tenga una pareja legalmente reconocida.

El Plan defiende que un servicio público, aunque se gestione privadamente, no puede obtener beneficios económicos a costa de la degradación de las condiciones laborales. Y menos en un sector, el de las residencias y centros de día, que es fundamental para el cuidado de personas en situación de mayor vulnerabilidad. Para dignificar a quienes están empleadas en este sector, se ha penalizado a las empresas que han aplicado la reforma laboral y se ha obligado a las empresas del sector a reducir el beneficio empresarial. Con este dinero, además de diez mil millones que ha puesto la Diputación Foral de Gipuzkoa, se ha conseguido que el 95% de estas empresas mejoren las condiciones laborales.

En este Plan no se recortan las prestaciones a la dependencia, de hecho se aumenta la cobertura de la prestación económica de asistencia personal (PEAP). De esta manera se prima una prestación económica a través de la que las personas dependientes pueden contratar cuidados profesionales frente a otra como la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno (PECE). Una prestación que reciben los familiares a cargo del cuidado de personas dependientes, mayoritariamente mujeres.

Además, los servicios públicos –residencias, centros de día– son compatibles y se pueden usar simultáneamente a las prestaciones económicas, algo que no se permite ni en Araba, ni en Bizkaia. De alguna manera, con todas estas medidas se incentiva que no sean las renuncias de las mujeres del entorno familiar las que sigan sosteniendo el cuidado de las personas dependientes y que tengan más opciones para elegir si cuidar y cómo cuidar.

El Plan se mueve en una tensión constante: dar respuesta a lo urgente y no olvidar el horizonte de transformación que propone. Entre los tiempos institucionales-políticos y los tiempos necesarios para los procesos de cambio social. Es una apuesta política por crear las condiciones estructurales que hacen posible este enfoque. Y esto pasa, en gran medida, por fortalecer las estructuras de igualdad en las instituciones públicas y dotarlas de los recursos económicos para poder hacer.