Desde que explotó la crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy, y antes el de Rodríguez Zapatero, ha utilizado la losa del cumplimiento del déficit con Europa como pretexto para realizar reformas y recortes en la Administración Públi­ca. Aho­ra, el Gobierno ha anunciado que volverá a congelar para 2014 los sueldos de los trabajadores públicos por cuarto año consecutivo, así como la oferta pública de empleo. Asimismo, varias co­muni­dades autónomas ya han anunciado que mantendrán la eliminación de la paga extra. 

El objetivo de reducir del 6,5% al 5,8% el déficit del Estado para 2014 supondrá cercenar el presupuesto destinado a servicios como Educación o Sanidad. Con esta medida, el Gobierno pretende realizar un ajuste de 7.000 millones de euros de ahorro, que afectará a más de 2,5 millones de trabajadores públicos, según estiman los diferentes sindicatos.

Los datos son claros, la partida de sueldos públicos descendió este año un 2,2% respecto a 2012, y el Estado ha perdido más de 17.000 empleados públicos hasta agosto, ya que no ha cubierto las bajas producidas. Como resultado, la Administración Pública y Sani­dad ocuparon el tercer puesto el pasado mes de septiembre en cuanto a empleo destruido y habrían perdido más de 175.000 empleados durante el presente año. Asimismo, el coste de pagar salarios a los funcionarios de todas las adminis­tra­ciones públicas fue el año pasado de 116.000 millones de euros (11% del PIB), un 6% menos que el destinado durante 2011.

El Estado ha perdido más de 17.000 empleados públicos hasta agosto por no cubrir las bajas
A la reducción de los presupuestos se suma la disminución del número de la oferta pública. Se calcula que sólo se cubre uno de cada diez puestos vacantes dejados por los jubilados, con la consiguiente pérdida de profesionales y el desprestigio de la calidad del servicio público.

La Central Sindical Indepen­diente y de Funcionarios (CSI-F) estima una pérdida real del poder adquisitivo del trabajador público del 30% y reclama al Go­bier­no que amplíe su oferta pública en los Presupuestos de 2014 ante el riesgo del probable “colapso del servicio”, ya que el actual número de trabajadores hará insostenible el sistema en el futuro. 

El mayor temor de los sindicatos es que este hueco sea aprovechado por los entes privados. Anselmo Tamayo, secretario general de la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública –CGT (FETAP), asegura que las acciones del Gobierno forman parte de un plan orquestado por el PP, con ayuda del PSOE, para dejar vía libre a la privatización de los servicios públicos: “Despiden para justificar carencia de servicios”, añade el secretario general. Tamayo criticó a CC OO y UGT al asegurar que dichas organizaciones ya sabían desde el pasado 26 de septiembre que se iban a congelar salarios en la Administración Pública “y se que­daron callados”, añadió. Ansel­mo Tamayo, de FETAP, aseguraba a DIAGONAL que el deterioro de la Administración Pública es el nuevo negocio de los poderes políticos “ahora que ya no está el ladrillo”.

Poder adquisitivo

En 2010, se redujo un 5% el salario base de los empleados públicos y desde entonces no se han actualizado las nóminas al ritmo del IPC, lo que supone un descenso del 7,3%. A esto se añade la subida de impuestos (IVA y retenciones del IRPF) y la supresión de la paga extra de 2012 (rebaja equivalente del 7%). El resultado sería una pérdida del poder adquisitivo superior al 15-20% desde el inicio de la crisis. Aunque los recortes son variados y dependen de cada comunidad autónoma.

En Catalunya ya se ha anunciado un nuevo recorte de la paga extra para ahorrarse 1.700 millones y cumplir el déficit del 1%; y el Presupuesto en Tenerife se reduce en 500 millones en el periodo de 2012-14, de 1.200 a 690. Por su parte, la Junta de Andalucía contará el próximo año con 1.200 millones menos para gasto social y el Gobierno autonómico no descarta ampliar la supresión de la paga extra otro año más. El sindicato USTEA estimaba una pérdida del 30% del poder adquisitivo de los trabajadores andaluces desde 2008. 

A estos recortes hay que añadir la reducción de los días “moscosos” (de seis a tres) y la supresión de “canosos” (hasta cuatro), los días de libre disposición y de antigüedad y trienios. Igualmente, el Estado puede cambiar ahora con más facilidad los convenios colectivos.

Los efectos de los recortes no han beneficiado finalmente al Estado, ya que se han triplicado los aplazamientos de pagos a Hacien­da, mien­tras que la supresión de la paga extra a funcionarios costó a este organismo cerca de 400 millones, como consecuencia de las menores retenciones practicadas.