Tras nueve borradores difíciles de digerir, incluso para sus propios mentores y redactores, ha llegado el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local a su fase final de presentación de enmiendas y debate en el Congreso de los Dipu­tados. Una prisa inexplicable parece rodear el proceso, como si quisieran liquidar cuanto antes el desmantelamiento de las bases de nuestra arquitectura administrativa pública.

El desprecio a lo más pequeño y a la proximidad como trama de cohesión social y territorial es el contrapunto doctrinal y político frente a las economías de escala y a la perspectiva urbana y demográfica
Ni el sólido y crítico dictamen del Consejo de Estado al anteproyecto de ley ha detenido las decisiones políticas. Montoro y Rajoy, o viceversa, siguen con el “mantra” de la estabilidad presupuestaria y ahora, con una estrategia silenciosa y al amparo de su mayoría absoluta, tratan de vaciar de competencias a los pequeños municipios y entidades locales menores, en un claro afán recentralizador en el que las economías de escala son la justificación neoliberal y tecnocrática de la eficiencia, y las diputaciones provinciales se convierten en las grandes beneficiarias de las reformas previstas y del control del mundo rural.

Amenaza a la soberanía local

De seguir adelante la Ley con el articulado actual, la pérdida de entidad jurídica de miles de juntas vecinales y concejos, particularmente en las regiones del norte de España y en Castilla y León, supondrá un tajo doloroso y definitivo para el mundo rural. Aún perviven en estos pueblos prácticas de solidaridad y de gestión inteligente de los recursos comunes como la “vereda”, “la facendera”, o el “auzolan”. Los modelos locales y regionales tan arraigados que tenemos en la base de nuestro tejido administrativo reivindican legítimamente el respeto a su soberanía local y a su autonomía, al igual que a sus bienes públicos o comunales.

Una breve mirada a las formas de titularidad colectiva en la región de Castilla y León, y a los millares de hectáreas (como mínimo, 2.127.750) vinculadas a las entidades locales menores y a sus juntas vecinales o concejos, nos deja admirados por la capacidad de resistencia histórica a la privatización, y nos llena de angustia ante las incertidumbres sobre su futuro.

Además de las amenazas a la soberanía y autonomía local, de dudosa constitucionalidad según el dictamen del Consejo de Estado, la Ley muestra su verdadero rostro en la insensibilidad social, al alejar los servicios básicos de los pueblos y de las gentes más vulnerables. El desprecio a lo más pequeño y a la proximidad como trama de cohesión social y territorial es el contrapunto doctrinal y político frente a las economías de escala y a la perspectiva urbana y demográfica, cuyo umbral “más eficiente y racional” sitúa la Ley en los 20.000 habitantes. Que recaigan en las administraciones más pequeñas los déficits y deudas de la crisis, generados escandalosamente por los grandes ayuntamientos y ciudades, salvo contados ejemplos como el de Bilbao, nos parece no solamente injusto y mezquino, sino también política y socialmente inmoral. Ni los partidos de la oposición pueden permanecer en estas circunstancias tan graves con los brazos cruzados, ni el Partido Popular se atreverá, esperamos, a desmantelar las bases de nuestra arquitectura administrativa y democrática, ni mucho menos a poner en almoneda nuestros bienes públicos y colectivos.

El medio rural en lucha

Las plataformas rurales como No al Expolio Rural se han unido y rebelado ante los desmanes que se avecinan y han trasladado su zozobra y preocupación a los portavoces de los grupos parlamentarios. La Federación Española de Concejos defiende ante la FEMP y en foros internacionales la personalidad jurídica de entidades de ámbito inferior al municipal, y la Asociación de Concejos Alaveses (ACOA) aboga por el reconocimiento a su foralidad, el respeto a sus competencias y a su forma de gobierno, en la base misma de nuestro comportamiento democrático.

Todos apuestan y todos deberíamos apostar por el mantenimiento de la personalidad jurídica de las entidades locales menores y por un mundo rural vivo.