Los ancianos de Tabuyo del Monte tienen una residencia en el pueblo, algunos pueden incluso acercarse a sus antiguas casas para cultivar sus huertos. Pero Danae Marcos, vecina de este pueblo leonés y una de las cooperativistas que llevan la residencia por concesión de la junta vecinal, propietaria de la misma, teme que ésta deje de existir si la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Admi­nistración Local suprime las juntas. Antes que su cooperativa, gestionaba la residencia una empresa andaluza que abandonó la concesión porque no era rentable. “Nosotras no nos hacemos millonarias, pero tenemos para pasar todos los meses”. Los ancianos tendrían que desplazarse, en caso de cierre, 80 kilómetros, a León. Una insostenibilidad no contemplada en la conocida como ‘Ley Montoro’.

El proyecto de ley aprobado en julio, del que los medios de comunicación masivos sólo han resaltado el ahorro por la eliminación de duplicidad de competencias y por la limitación de sueldos de concejales, recorta las administraciones públicas por abajo y apuesta por un modelo centralizado de régimen local que, reformando la Ley de Bases de 1985, se acerca al modelo franquista de 1945, despreciando el papel de las entidades locales menores (ELM) –juntas vecinales, concejos, parroquias– a favor de las provincias a través de las diputaciones. Iniciados los trámites parlamentarios, en octubre los partidos políticos podrán presentar enmiendas: la cuenta atrás para su aprobación definitiva ha comenzado.

Injustificada e injusta

“El proyecto no se basa en ningún informe técnico conocido”, explica Alfredo Galán, catedrático de Derecho Administrativo de la Uni­versidad de Barcelona. A su juicio, las ELM juegan un papel fundamental en el asentamiento de la población, han ejercido correctamente las funciones que tienen encomendadas, “en especial la protección y transmisión a generaciones futuras de los bienes comunales, basándose en la colaboración voluntaria de los vecinos”, y “son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía”, por lo que no está justificada la intención del texto de suprimirlas.

Las entidades que quieren suprimir han servido para “la protección y transmisión a generaciones futuras de los bienes comunales" y “son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía” Los cambios sustanciales que se proponen respecto a entidades locales y mancomunidades suponen un 1% del ahorro total previsto por el Gobierno: 72,8 millones de euros –poco más de lo que cuesta el mantenimiento anual de la familia real– ahorrados al precio de alejar los centros de decisión y mermar la cantidad y la calidad de los servicios rurales traspasando la gestión a manos de ayuntamientos y diputaciones. Estas últimas, al carecer de infraestructura propia, probablemente externalicen los servicios, cumpliendo otro de los objetivos declarados de la ley: “favorecer la iniciativa privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. Y, junto con la gestión, se traspasarán los bienes comunales propiedad de los pueblos, cuya explotación tampoco es difícil imaginar que se acabe cediendo a empresas privadas.

Posible inconstitucionalidad

El Consejo de Estado señaló en un informe en julio que la eliminación de estos entes pueden suponer por parte del legislador estatal “una intromisión en la esfera competencial autonómica no admisible desde el punto de vista del esquema constitucional de distribución de competencias”, y el Constitucional considera que aunque el Estado puede “dictar las normas básicas sobre la materia” no puede “por decisión propia” ordenar su creación o mantenimiento. En esa línea, solicitando la salvaguarda de la competencia foral en materia local, va la enmienda que presentará la Asociación de Concejos de Álava, recogida por Amaiur y PNV, que, señala su presidente, Javier Argote, “es muy probable que prospere”, cuestión apuntada también por el presidente de las Juntas Generales de Álava, Antonio Zárate (PP).

“Hay que hacer todo lo posible para evitar que esto salga adelante y que, lo que ni siquiera la revolución industrial y el Estado liberal consiguieran, lo consiga el PP a estas alturas del siglo XXI”

Expolio de lo común y afán recentralizador son los dos puntales de la ley. Para el catedrático de Historia Contemporánea, Luis Molina, “hay que hacer todo lo posible para evitar que esto salga adelante y que, lo que ni siquiera la revolución industrial y el Estado liberal consiguieran, lo consiga el PP a estas alturas del siglo XXI”. Así lo señala en el Informe por la autonomía y la vida en nuestros pueblos publicado por Ecolo­gistas en Acción y la Plataforma rural-Alianza por un mundo rural vivo, en el que la futura ley es considerada una “desamortización encubierta”. En el mismo informe, el mantra “Una administración una competencia” que guía el proyecto de ley es cuestionado por especialistas como José A. González Novoa, profesor de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, quien señala que “la sostenibilidad social y ecológica requiere de multiplicidad de instituciones para la gestión de los recursos locales, así como una multiplicidad de niveles coordinados en la administración”.

Los pueblos en lucha

Las principales federaciones del Estado firmaban en Álava, el pasado 3 de octubre, el Manifiesto de Elorriaga, que recoge las principales enmiendas parciales al proyecto: mantenimiento del carácter de entidad local y su personalidad jurídica, competencias y patrimonio; regulación por las Comunidades Autónomas; flexibilización y simplificación del procedimiento para rendir cuentas –mecanismo por el que de facto se suprimiría una buena parte de ELM, pues se les exige rendimiento de cuentas en tres meses–, y que no sea suprimida la ELM por endeudamiento del Ayuntamiento al que pertenece. Esto último sería, para Carlos González Antón, catedrático de Derecho y secretario de la federación leonesa, “un incentivo para que los ayuntamientos se endeuden coyunturalmente para quedarse con el patrimonio de las juntas”. Señala también que privar de personalidad jurídica a las entidades de ámbito inferior al municipal podría contravenir la Carta Europea de Autonomía Local, y así lo ha trasladado al Parlamento Europeo, mediante una reunión con el eurodiputado Francisco Sosa Wagner.

María Luisa Rodríguez, vocal de una junta vecinal –sin retribución– durante ocho años, lo tiene claro: “Este es un tema de latrocinio de los recursos. Los seres humanos que habitamos el medio rural somos una especie en peligro de extinción”. 15 M León junto con la Plataforma para la defensa de las juntas vecinales de Omaña ha elaborado el documental "Stop al expolio de los Bienes comunales", que recoge la experiencia de María Luisa Rodríguez y otras personas en juntas vecinales leonesas, y que acompaña a una recogida de firmas en defensa de las entidades locales menores en Change.org.