A día de hoy, Irlanda es una de las zonas de Europa occidental donde la crisis económica está afectando más duramente. Las políticas de austeridad aplicadas desde Londres y desde el Gobierno de la República irlandesa en Dublín golpean tanto a los seis condados del norte que pertenecen al Reino Unido como al resto de la isla. Como señala Tommy McKearney, antiguo activista del IRA Provisional, periodista freelance y organizador del Independent Workers Union: “Está habiendo un procedimiento de recorte gradual del sector público. Lo llamamos ‘the process of the salami slice’, el proceso de la rodaja de salami [aplicar recortes en todos los ámbitos]. Está sucediendo en ambas partes de Irlanda”. Ya antes del inicio de la recesión de 2008, la economía del Estado de Irlanda del Norte se había visto fuertemente afectada por el proceso de globalización.

Para McKearney, “los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 fueron ideados bajo la premisa de que el modelo económico del nuevo período de paz sería neoliberal y con tendencia a la privatización en ambos lados de la frontera”. En el Ulster, las ascendentes leyes de libre mercado demolieron a las potentes industria textil y a los astilleros, que antaño emplearon a miles de trabajadores.

No obstante, indica McKearney, “Probablemente el impacto de la crisis económica fue más dramático en la República a causa de un modelo de desarrollo económico frenético e insostenible basado principalmente en la especulación inmobiliaria y la industria de la construcción. Este sector y la actividad generada en su entorno constituían cerca de un 25% del entramado económico del país, así que, cuando se produjo el choque financiero, todo se derrumbó”. Igual que en Gran Bretaña, muchas entidades bancarias irlandesas se desplomaron y el Estado forzó a los ciudadanos a pagar la deuda de los bancos a través de sus impuestos. Esto supone que en la República, actualmente, con una población entorno a poco más de 4 millones de habitantes, los irlandeses estén condenados a pagar una deuda que se acerca a los 80.000 millones de euros.

Durante los últimos días se ha anunciado una mejora en la salud económica de los territorios del Reino Unido después de dos años y medio de estancamiento casi total. No obstante, como señala el periódico The Guardian a través de los datos ofrecidos por un documento del think tank independiente Resolution Foundation, el retorno del crecimiento y de una mayor tasa de ocupación ocultan un proceso de precarización en las condiciones laborales de muchos trabajadores. Según el informe del centro de estudios, está habiendo una drástica reducción de los salarios reales y un claro aumento en el coste de la vida. Los contratos de trabajo mal pagados e inestables se han extendido a todos los sectores de la economía, con sueldos que, para millones de personas, apenas alcanzan el mínimo para vivir. Entre los afectados, las estadísticas indican que las mujeres lo están sufriendo más duramente. La dinámica no sigue el mismo camino para aquellos que tienen trabajos especializados o cargos directivos en sus empresas, que por el contrario han visto aumentados sus salarios. Asimismo, se constata que en lo que va de 2013, el 37% de los nuevos empleados entra en el mercado laboral con contratos a tiempo parcial, mientras que un 32% de éstos se ha tenido que conformar con inciertos trabajos temporales. En la franja de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad, más de uno de cada tres son empleados en trabajos pobremente remunerados.

 El conocimiento de esta situación ha impactado en el Reino Unido en un momento de fuerte debate interno entorno a la validez de los controvertidos “Contratos de cero horas”, que obligan al empleado a tener que estar disponible para trabajar a cualquier hora del día mientras la empresa se reserva el derecho de convocarlo dependiendo de las dimensiones de trabajo que requiere en momentos puntuales, sin garantizarle horas laborales previamente.  Recientemente, una encuesta del sindicato Unite ha revelado que entorno a un 22% de los trabajadores británicos empleados en empresas privadas –cerca de 5,5 millones de personas- podría estar sujeto a condiciones que no aseguran más de tres horas de trabajo por semana.

 Generalmente, las entidades que promueven la modalidad contractual de cero horas destacan su “flexibilidad” como un elemento que ayuda al trabajador a combinar el empleo con otras ocupaciones de su vida cotidiana. Aún así, este tipo de contrato pisotea ciertos derechos laborales básicos de los empleados, omite el pago de las horas en que estén de baja por enfermedad y no les garantiza un período de vacaciones pagadas.