La decisión de poner fin a la iniciativa de mantener intacta una zona de la Amazonía desata las protestas
Un acuerdo con China amenaza al Yasuní

La Iniciativa Yasuní, que pretendía evitar la extracción de crudo y la emisión de miles de toneladas de CO2 con apoyo económico internacional, llega a su fin.

05/09/13 · 7:56
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AMAZONÍA ECUATORIANA. Cientos de indígenas se verán afectados por la explotación del petróleo en Yasuní. / FOTO: EDU LEÓN.

El 15 de agosto, el presidente Rafael Correa anunció el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT: “Hemos esperado bastante, el mundo nos ha fallado”, sentenció el mandatario ecuatoriano frente a todos sus ministros en una emisión televisiva desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. La iniciativa consistió en un compromiso por parte del Estado en dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo situados en Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) en la reserva ecológica del Yasuní, el lugar de mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Se pretendía evitar así la emisión a la atmósfera  de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) –consecuencia de la quema de combustible fósil– a cambio de una compensación económica (3.600 millones de dólares) de la comunidad internacional por el 50% de las utilidades que se percibiría por su explotación.

El fin de la Iniciativa Yasuní-ITT, la que fuera la bandera más revolucionaria del Gobierno ecuatoriano durante seis años ante la comunidad internacional, generó malestar en amplios sectores de la población, especialmente entre la gente más joven. Desde entonces hasta hoy, diversas ciudades del país han sido escenario de movilizaciones protagonizadas por jóvenes que manifiestan su rechazo a esta decisión y reclaman una consulta popular en la que el conjunto de la ciudadanía pueda expresar su decisión.

El gigante chino

Para Roque Sevilla, expresidente de la Comisión Negociadora de la Iniciativa Yasuní-ITT, no se está contando toda la verdad y la explotación de los campos petroleros se da porque Ecuador ya ha comprometido ese crudo con China. Sevilla considera que la próxima puesta en marcha de una megarrefinería en la costa del Pacífico, donde se pretenden refinar diariamente 300.000 barriles, de los cuales un tercio se extraería de la zona del ITT, demuestra que el plan de explotación estuvo siempre ahí antes del proyecto de dejar el crudo en tierra. Además, Sevilla indica que “según las declaraciones del Gobierno a los medios de comunicación, las conversaciones con las empresas chinas para hacer la inversión de 12.000 millones de dólares en la refinería están muy avanzadas”.

La propuesta gubernamental de “superar el extractivismo con más extractivismo” también es cuestionada por el sociólogo ecuatoriano y
colaborador de la International Gramsci Society (IGS) Francisco Hidalgo: “La retórica que justifica el extractivismo es aquella de nutrir las arcas fiscales para combatir la pobreza, con más carreteras, hidroeléctricas, aeropuertos, a las que se añaden políticas que afectan a los ingresos monetarios de la población, pero no pretenden enfrentarse con las estructuras del poder económico y social. Incluso la clase política se recicla y se renueva alrededor del clientelismo de los herederos de viejos caciques”.

Por una consulta popular

A partir de la decisión presidencial, diversos grupos sociales, entre los que destaca la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (Conaie), han manifestado su rechazo al proyecto. Sin embargo, los que han protagonizado las movilizaciones hasta el momento son los jóvenes no vinculados a ningún partido que, en su mayoría, hacen su primera incursión en la política. Varias movilizaciones llevadas a cabo en Quito han terminado frente al palacio presidencial de Carondelet, donde el oficialismo también convocó a sus partidarios a una contramanifestación, en la que se generaron situaciones de tensión y algunas cargas policiales.

Según los concentrados existe una responsabilidad de la comunidad internacional por no apoyar la Iniciativa Yasuní-ITT, pero critican también la falta credibilidad y compromiso por parte del Gobierno. Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos de Ecuador, indica que el planteamiento del presidente Correa de que con ese petróleo Ecuador saldrá de la pobreza no es acertado. “Desde enero de 2007 hasta enero de 2013 el Gobierno ha tenido ingresos petroleros por valor de 51.497 millones de dólares y eso no ha hecho al país salir de la pobreza”, señala el ambientalista.

Este nuevo movimiento pro-Yasuní está haciendo propuestas económicas alternativas a la extracción de crudo. En ese sentido, varios de sus representantes denuncian que los grandes grupos económicos del país no pagan más del 4% de impuestos y que si se cobrase a estas empresas solamente el 1,5% adicional se obtendrían unos 2.000 millones de dólares más de lo que se piensa extraer de Yasuní-ITT. Según el economista Pablo José Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), “el capitalismo es el problema real de la explotación de la naturaleza y del ser humano”.

Ante el descontento social, el presidente Rafael Correa ha acelerado los trámites para que la propuesta de explotación de Yasuní-ITT llegue cuanto antes a la Asamblea Nacional, órgano donde el oficialismo cuenta con más del 75% de representantes y no habrá dificultades para su aprobación. Por otro lado, y aunque la Asamblea tiene potestad para pedir una consulta, Correa retó a los sectores sociales contrarios a recoger un  5% de las firmas del padrón electoral para llevar a cabo un referéndum.

Pueblos no contactados y en aislamiento

Representantes sociales ecuatorianos alertan de que una explotación petrolera en el Yasuní pone en riesgo la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario como los tagaeri y los taromenane. El presidente de la Conaie, Humberto Cholango, apunta que ni Correa ni sus asambleístas “pueden tomar una decisión que afectará la vida de pueblos no contactados y otros seres vivos”. También advierte de que las organizaciones indígenas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas para pedir una consulta popular.

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