SANIDAD // TRES SINDICALISTAS GADITANOS SUSPENDIDOS DE EMPLEO Y SUELDO
18 meses de baja forzosa por pintadas y carteles

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) sanciona con 18
meses de suspensión de empleo y sueldo en total a
tres sindicalistas del hospital Puerta del Mar de Cádiz.

20/04/06 · 0:37
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Autonomía Obrera
CONTRAGOLPE. Se han sucedido los encierros, concentraciones y recogidas de firmas desde que la dirección del hospital
dictara los expedientes contra los tres sindicalistas. Se puede contactar con los expedientados en azirat@telefonica.net.

El Servicio Andaluz de Salud ha resuelto
finalmente los tres expedientes
disciplinarios abiertos por el director
gerente del Hospital Universitario
Puerta del Mar en Cádiz,
Rafael de la Torre Carnicero, contra
tres representantes sindicales
del centro. Las sanciones dictan
diez meses y medio de suspensión
de empleo y sueldo para Pepe Martínez,
presidente de la Junta de Personal
y destacado miembro del sindicato
Autonomía Obrera (mayoritario
en el centro), seis meses para
José Manuel Casas, miembro asimismo
de la Junta de Personal en
representación de la misma central
sindical, y dos meses para Pedro
Ragel, delegado sindical de CGT.

La fijación de carteles en lugares
no autorizados, durante una
concentración de protesta por el
trato dado a una trabajadora de
rayos que abortó tras ser obligada
a trabajar con aparatos que emiten
radiaciones; desconsideración
a un superior, por llamar “represor
nato” a un director de servicios
tras sorprenderlo arrancando
carteles sindicales; contribuir
a la comisión de una falta grave
por tapar a unos compañeros que
hacían unas pintadas contra la
precariedad laboral y asistencial
del centro y desconsideración a
un compañero, por llamar “chivato”
al responsable de Securitas en
el Hospital, quien escribió un parte
a la Dirección con datos de los
participantes en la concentración
antes referida, son los cargos por
los que han sido sancionados.

La consejera de Salud de la Junta,
Mª Jesús Montero, ya se pronunció
a favor de los expedientes en
respuesta a una pregunta parlamentaria
formulada por Izquierda
Unida meses atrás, y negó tajantemente
que existiera represión sindical
en el hospital Puerta del Mar.
Por su parte, los sindicalistas opinan
que se trata de una operación
puramente política de eliminación
de elementos sindicales hostiles.
Pepe Martínez, presidente de la
Junta de Personal, cuya sanción le
supondrá además la pérdida de
destino y el más que posible traslado
a otro centro de la provincia,
afirma que, pese a la sanción, “vamos
a seguir acudiendo al Hospital
para seguir ejerciendo nuestra función
representativa; seguiremos
defendiendo a la gente aunque el
SAS no nos pague una peseta”.
Los sindicatos presentarán un
recurso de alzada y reanudarán
las movilizaciones y la puesta en
marcha de una caja de resistencia
que permita a los tres sindicalistas
continuar con su labor durante
el período de sanción.

Persecución sindical

Se trata de la expresión más dura
de la persecución y el aislamiento
que los miembros de ambos sindicatos
denuncian padecer por
parte de la dirección desde que
Autonomía Obrera, fuerza sindical
local procedente de una escisión
por la izquierda de CC OO,
se convirtiera en mayoritaria en
el Hospital tres años atrás.

Esta organización sindical, que
se define por una combatividad
que ha conducido a la Dirección a
excluirlos de la mayoría de los
marcos de negociación, es también
mayoritaria en Altadis (antigua
Tabacalera) y el Ayuntamiento.
En la capital del paro de la
Europa de los 15, en una ciudad
donde las medidas para paliar la
emigración forzosa de miles de gaditanos
sigue en los programas
electorales de todos los partidos
locales; en una provincia donde el
centro de trabajo más importante
en número de trabajadores es el
propio hospital (3.000), el control
de la más mínima conflictividad
sindical parece una medida de precaución
bastante bien fundada por
parte de la patronal y de las administraciones
públicas.

Vertidos tóxicos

Ha querido la suerte que coincidiera
con este conflicto la resolución
de un litigio abierto por la
Delegación Provincial de Medio
Ambiente contra el hospital como
resultado de la denuncia presentada
precisamente por
Autonomía Obrera y CGT en junio
de 2005. La resolución dicta
multa de 6.000 euros por el vertido
de más de 200 litros de residuos
peligrosos (cancerígenos)
utilizados en el Servicio de Rayos
a la red pública de alcantarillado.
La Dirección del hospital negó
en su momento que el vertido
fuera tóxico y supusiera peligro
alguno para la sanidad pública.

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