PATRIMONIO: el gobierno aprueba la venta de más de 15.000 inmuebles
15.000 edificios de saldo para obtener liquidez

Edificios singulares, viviendas, fincas rústicas, castillos o solares. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprueba la venta masiva de patrimonio para cumplir con las exigencias de austeridad de la Unión Europea.

, Redacción
15/07/13 · 8:22
Edición impresa
MONTERA, 18. La sede del Registro Civil Central es uno de los edificios en venta. / David Fernández

Más de 15.000 inmuebles podrían pasar de manos públicas a privadas de aquí a 2015. Esta medida, aprobada por el Gobierno central el 3 de julio dentro del Plan de Ventas de Inmuebles del Estado con el objetivo, según palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de ingresar dinero pero sin concretar cuánto, iría unida a la renegociación de alquileres de los más de 1.800 edificios que arrendaban las instituciones públicas en 2012. No han sido los únicos ni los primeros en apostar por la venta de inmuebles de propiedad pública para conseguir liquidez.

A finales de junio, el Gobierno catalán anunciaba la venta de 13 edificios a la francesa Axa por 172 millones de euros, una cifra que la inmobiliaria recuperará en poco más de diez años de manos del mismo Gobierno catalán, que pasará a ser arrendatario de las instalaciones durante un periodo máximo de 20 años y pagando un alquiler de 16,26 millones de euros anuales. En Madrid se repetía la operación con la venta del edificio APOT, la sede del Área de Urbanismo madrileña en Campo de las Naciones, por 42,5 millones, edificio que el Ayuntamiento madrileño estará obligado a alquilar durante una década por 4,3 millones anuales.

Tras la venta de la sede del Área de Urbanismo madrileño por 42,5 millones, el Ayuntamiento  estará obligado a alquilar el mismo edificio durante una década por 4,3 millones anuales. 

El Plan de Ventas anunciado ahora incluye 15.135 inmuebles de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), del Adminis­trador de Infraestructuras Ferro­viarias (ADIF), de la Tesorería de la Seguridad Social, del Grupo SEPI y, sobre todo, de la Dirección General del Patrimonio del Estado y del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa, que acumula más de la mitad de los inmuebles en venta. Un total de 8.775 de los inmuebles en venta son viviendas, de los cuales 6.906 son del Instituto de Defensa, y se venderán preferentemente “al colectivo militar”, según la referencia del Ministerio de Economía y Hacienda. Del resto de viviendas en venta, la mayoría son de ADIF.

Con los otros inmuebles –solares, oficinas– hay un claro problema de cara a su venta: su calificación urbanística, que depende de otras administraciones. “En su propio documento dicen que van a tener un problema de demanda porque no va a atraer a los posibles inversores ya que va a ser difícil obtener un uso lucrativo”, explica Ildefonso Narváez, de la Fundación de los Comunes, quien incluye esta medida en la lógica del Ejecutivo de privatizar lo público, pero también como una medida de cara a la galería para cumplir con la Unión Europea aunque no haya un desarrollo serio detrás, ya que no se ha valorado siquiera el volumen de ingresos que estas ventas podrían generar.

Edificios singulares, y privados

Otro gallo canta con los 98 edificios singulares sobre los que el Gobierno ha puesto el cartel de se vende. Entre estos se incluye el Castillo de La Vela, en Maqueda (Toledo); el Palacio de Cortiguera, en Santander, o el Palacio de la Trinidad, en Madrid, antigua sede del Instituto Cervantes. “No sabemos si su venta va a suponer su modificación o incluso su derrumbe”, señala Vicente Patón, presidente de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, quien resalta en la lista de inmuebles de venta anunciada por el ministerio “joyas arquitectónicas·”como el edificio donde se alojaba el Centro Superior de Investigaciones Cien­tíficas (CSIC), una de las primeras obras del arquitecto Miguel Fisac, o el Palacio de Fernán Núñez, propiedad de la Fundación de los Ferrocarriles, y que, según señala Patón, era de los palacios más importantes a nivel europeo en el siglo XIX debido a la riqueza de su decoración interior. “Están hipotecando el futuro para salvar un mal momento”, concluye Vicente Patón, quien añade que “es imposible no reflexionar sobre a quién beneficia esta venta”.

“Están hipotecando el futuro para salvar un mal momento”, concluye Vicente Patón, quien añade que “es imposible no reflexionar sobre a quién beneficia esta venta”. Otra de las instituciones que se ha lanzado en busca de capital privado a costa del patrimonio público es el Ministerio de Medio Ambiente, que ha anunciado la venta de la finca La Almoraima, en Castellar de la Frontera (Cádiz), una extensión de más de 14.000 hectáreas expropiada a la familia Ruiz Mateos hace 30 años que es una de las mayores fincas de Europa y con el 90% de su extensión dentro del Parque Natural de Los Alcornoques.

Venta gestada en el tiempo

“La gerente ha dejado que la cuenta de resultados sea lo más negativa posible. Está abandonada, antes tenía superávit y ahora le tienen que meter dinero”, explica Kiko Rebollero, del sindicato CGT, quien señala que "esta operación hace tiempo que se está gestando" y que, como señuelo, han acompañado el anuncio de la venta de la finca con un plan especial para la construcción de un campo de golf, de un hotel de lujo y de un aeródromo privado sobre 440 hectáreas de la finca. Con esto, se tiran por tierra los intentos hechos desde el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera para que se cedieran 40 hectáreas de la finca para huertos de ocio y cuadras de caballos y otras 300 hectáreas para parcelarlas mediante convenios de sesión que permitieran su explotación para agricultura ecológica, con el objetivo de revitalizar la economía del municipio. “Un propietario privado no va a conceder tierras al municipio, la va a querer para uso privado y especular en esa zona”, continúa Rebollero.

En la finca actualmente trabajan 90 personas entre fijos y temporales, a los que se suman otros 20 trabajadores encargados del retén de incendios, un número que ha bajado incesantemente desde la fecha de su expropiación, cuando era parte fundamental en la economía de Castellar de la Frontera.

Un millón de euros a alquiler y suministros

En 2012, el Estado alquilaba 1.380 edificios, lo que suponía un coste anual de 217 millones de euros. Uno de los locales que arrienda la Administración es el usado como sede de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), situado en el edificio Príncipe de Vergara, 108. Su coste, unido al de suministros, supondrá este año un gasto de 1,05 millones de euros, según muestra la propia institución en su Plan de Acción 2013. La institución, dependiente del Ministerio de Hacienda y Economía desde su creación en 2007 alquila las dos plantas que tiene en el edificio a IVG Institutional Funds España, sucursal e del gestor de fondos de inversión alemán IVG Immobilien AG. En total, la partida de AEVAL destinada al pago del alquiler de su sede y los suministros supone más de la cuarta parte de su presupuesto total, mientras el número de trabajadores de la institución ha pasado de 70 en 2007 a 47.

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

2

  • |
    Palas
    |
    16/07/2013 - 2:41pm
    Quince mil regalazos a sus amigos. De la desamortización de Rajoy y la de Mendizabal 2013-1836.
  • | |
    15/07/2013 - 6:53pm
    Ya han tomado la decisión como en Grecia de venderlo todo de saldo, a ellos mismos eso si. Van a saquearlo todo hasta que no quede nada, y luego se marcharán.......